Goirigolzarri se niega a aceptar una compra del Popular impuesta por el Gobierno

Ante la posibilidad de que ningún gran banco presente una oferta por Banco Popular (o que lo hagan a precios ínfimos), ha hecho fortuna la teoría de que el Gobierno podría utilizar a Bankia (donde el FROB posee el 65%) como vehículo para un rescate público de la entidad que preside Emilio Saracho de forma encubierta; el dinero público se inyectaría en una ampliación de capital de Bankia. Sin embargo, José Ignacio Goirigolzarri, con el apoyo de su consejo de administración, se niega en redondo a aceptar una operación así, según confirman varias fuentes cercanas al presidente de Bankia. Y si llega a producirse esta situación, presentará su dimisión junto a su número dos, José Sevilla.

Estas fuentes explican que es impensable que Goirigolzarri se deje imponer una operación corporativa de esta magnitud por parte del Gobierno si entiende que perjudica los intereses de sus accionistas, en especial los minoritarios. "Goirigolzarri solo puso una condición cuando aceptó asumir la presidencia de Bankia y gestionar su rescate y saneamiento: una absoluta independencia en la toma de decisiones. Si esta independencia desaparece ahora, se habrá incumplido esa condición", explica una de ellas. El ex consejero delegado de BBVA salió de la entidad con una pensión de 53 millones, pero accedió sustituir a Rodrigo Rato en 2012, a pesar de la complejidad de la tarea y de que el sueldo de las entidades rescatadas está limitado por ley.

Este rechazo se daría en caso de que el Gobierno quiera que Bankia presente una puja por Popular a un precio superior al que ella considere adecuado, o incluso si la entidad semipública considere que no merece la pena participar en la subasta, algo probable; dicho de otra forma, si los cálculos sobre el valor de la entidad subastada arrojan un precio negativo. Como anunció el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, Bankia ha presentado una manifestación formal de interés —la única junto a la del Santander— para estudiar con detalle las cuentas del Popular.

En este sentido, algunos altos directivos de Bankia han comentado con diferentes analistas y bancos de inversión que es casi imposible que presenten una oferta. En primer lugar, porque el BCE y la Comisión Europea no lo permitirían, sobre todo si es el Estado el que suscribe la ampliación de capital —unos 6.000 millones— que tendría que realizar Bankia para absorber el Popular; cabría la posibilidad de que se cubriera en mercado con dinero de inversores privados, pero parece muy complicado, sobre todo si el Ejecutivo pretende pagar un sobreprecio en la puja. En segundo lugar, precisamente por el impacto en los recursos propios, la rentabilidad o la tasa de activos tóxicos (morosos y adjudicados) que tendría la operación. "Hace falta alguien con más músculo que Bankia", aseguran. El propio castigo de la acción en bolsa demuestra que al mercado no le gustaría nada que ganara la subasta.

Bankia contrata a Morgan Stanley

Para el examen de las tripas del Popular, Bankia contrató los servicios de Morgan Stanley, según las fuentes consultadas, mientras que Santander hizo lo propio con Citi. La valoración de la entidad en un proceso acelerado de venta a cargo de JP Morgan y Lazard es complicada porque hay que tener en cuenta muchos factores. En el lado positivo, está el negocio puro bancario —en especial, el de pymes— y las sinergias que obtendría cualquier comprador mediante la supresión de los servicios centrales y el cierre de oficinas, que en el caso de Bankia no son superiores a las de Santander o BBVA, según otra de las fuentes.

Aquí también hay que tener en cuenta el fondo de comercio negativo ('badwill'), la diferencia entre el valor contable de la entidad y el precio al que se ejecute la eventual compra (inferior), que es un ingreso contable y puede utilizarse para cubrir parte del déficit de provisiones del Popular en vez de utilizar recursos del comprador. Por último, están los créditos fiscales (DTA), aunque su recuperación se producirá en el futuro.

Provisiones, demandas y pérdida de negocio

En el lado negativo, pesan sobre todo tres elementos. El primero es el déficit de provisiones y capital del Popular, que es la causa de la propia necesidad de vender el banco (su ratio de solvencia puede caer por debajo del mínimo en el segundo trimestre y entonces impagaría el interés de sus bonos). No está clara la cifra, que algunos analistas han elevado por encima de 5.000 millones, pero una reciente inspección del BCE ha encontrado que este déficit es superior debido a que la tasación del ladrillo que tiene el banco en balance es muy superior a la real. Como informaba ayer El Confidencial, los propios bancos que acudieron al 'data room' virtual con el que comenzó el proceso han descubierto unos 3.000 millones en créditos mal clasificados.

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El segundo es el riesgo de demandas si el banco se vende por debajo del precio de la ampliación de capital de junio del año pasado (1,25 euros), ya que los que acudieron a esa operación (o incluso a la anterior de 2012, a un precio muy superior) podrían acusar al equipo del anterior presidente, Ángel Ron, de falsedad contable al no reflejar la verdadera situación del banco, en una suerte de nuevo caso Bankia. No sorprende que BBVA haya pedido garantías públicas al Gobierno tanto para las pérdidas del ladrillo como para las contingencias legales.

Por último, aunque quizá sea el factor más importante, está el deterioro de la franquicia del Popular debido a su crisis, a los problemas de solvencia, a la desconfianza que ha generado con sus pérdidas y el afloramiento de nuevos agujeros y al descontento de los clientes y la desmoralización de la plantilla; en ambos casos, muchos de ellos compraron acciones en la ampliación del año pasado. Esto se ha traducido en una fuerte salida de depósitos, que se ha acelerado, según numerosas fuentes, tras el inicio del proceso de venta del banco.