Colombia quita a Sacyr un contrato de 275 millones y amenaza con expulsarla del país

Colombia empieza a convertirse en un país problemático para las empresas españolas. Al litigio de Gas Natural por la nacionalización de su filial eléctrica y las tiranteces con Telefónica, se suma ahora la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de quitarle a Sacyr la concesión de una autopista de 202 kilómetros. La constructora española va a demandar al país latinoamericano en un tribunal internacional de arbitraje por un conflicto que le va a impedir licitar más contratos.

Según han confirmado fuentes oficiales de Sacyr, la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI) ha decidido lo que se conoce como caducidad de la concesión del Corredor 5 entre Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Carreto-Cruz del Viso, una obra que el grupo presidido por Manuel Manrique ganó en la primavera de 2015 y que le supuso la entrada en este mercado como gestor de autopistas. El contrato ascendía a una inversión de 275 millones de dólares y daba a la multinacional española el derecho a explotar la citada autovía de 202 kilómetros por 25 años.

El proyecto consistía en un primer tramo de 170 kilómetros —entre Puerta de Hierro y Palmar de Varela— y de un segundo de 25 kilómetros entre Carreto y Cruz del Viso. El objetivo era mejorar la conexión del occidente del país con la costa atlántica y del interior con las poblaciones del mar Caribe. Sin embargo, según explican desde Sacyr, el contrato licitado es de “imposible realización por causas técnicas”. La compañía sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo la infraestructura.

Según fuentes de ambas partes, la resolución de este desencuentro se va a dirimir en un tribunal de arbitraje aún por definir. Pero desde Colombia auguran que este supuesto incumplimiento tendrá otras consecuencias para Sacyr. También amenazan a la constructora participada por la familia Carceller, José Moreno Carretero, José Manuel Loureda y el dueño de El Pozo con quitarle la licencia para poder contratar con el Estado colombiano. Fuentes próximas a Sacyr no dan por hecho este extremo y confían en seguir operando el resto de proyectos.

Sacyr sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo

Sin embargo, desde Bogotá añaden que la compañía podría sufrir la ejecución de otras concesiones que actualmente tiene en marcha y que también ganó en 2015. En concreto, se refieren, por una parte, a la gestión por 25 años de la autopista Mar 1 de 178 kilómetros en el departamento de Antioquia y una inversión de 1.000 millones de dólares que Sacyr obtuvo en consorcio —tiene un 37,5%— con Strabag y Concay. Por otra, a la administración de la autovía Pasto-Rumichaca por el mismo plazo de tiempo y que requería un desembolso de 1.073 millones de dólares. De este proyecto en alianza con Herdoiza Crespo, Sacyr tiene el 60% del capital.

El pasado mes de abril, el grupo español, inmerso en un multimillonario conflicto por el Canal de Panamá, logró una cuarta concesión valorada en 486 millones de euros para desarrollar la llamada vía Cúcuta-Pamplona. Otra obra incluida en lo que se ha llamado Cuarta Generación, con la que el Gobierno de Santos quiere modernizar las infraestructuras del país. Otras compañías españolas como OHL, ACS y Ferrrovial también se han presentado para licitar estos proyectos, si bien hasta la fecha no han sido ejecutados, como le ha ocurrido ahora a Sacyr.

Las relaciones diplomáticas entre España y Colombia son presuntamente buenas. Prueba de ello es que el presidente del país latinoamericano estuvo de visita en Madrid el pasado mes de diciembre y fue recibido en el Palacio Real por Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Anteriormente, también pisó suelo español en 2015, 2014 y 2011, encuentros diplomáticos en los que mantuvo reuniones con las principales empresas del Ibex. Sin embargo, el conflicto con Gas Natural, las discusiones con Telefónica y la ejecución ahora a Sacyr han tensado una amistad con una nación en la que se daba por garantizada la seguridad jurídica.