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Trinitario Casanova queda libre de su condena a cárcel en la recta final del Edificio España
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por el caso de la manipulación de popular

Trinitario Casanova queda libre de su condena a cárcel en la recta final del Edificio España

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso del empresario contra su condena por manipular las acciones de Popular y rebaja la pena a una multa de 108.000 euros

Foto: Trinitario Casanova, entre Manuela Carmena y José Manuel Calvo, en la puerta del Edificio España.
Trinitario Casanova, entre Manuela Carmena y José Manuel Calvo, en la puerta del Edificio España.

Sigue siendo culpable, pero con una pena mucho menor. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado parcialmente la razón a Trinitario Casanova en el recurso que presentó contra su condena a un año de cárcel y otro de inhabilitación para operar en el mercado, por la manipulación del valor de las acciones de Banco Popular en 2008, pena que ha sido conmutada por una multa de 108.000 euros y seis meses de inhabilitación.

La sección número 29 de este tribunal entiende que "no se justifica que la conducta del acusado, atendidas las circunstancias de los hechos y las suyas personales, sea merecedora de esa pena más grave", en referencia a la condena a prisión, la cual supone "una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación en la elección de la pena de prisión que se impone".

Respecto al periodo de inhabilitación, lo rebaja porque "hasta la sentencia firme han transcurrido ocho años y cinco meses, lo que es indudablemente un tiempo extraordinariamente excesivo que reclama la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada". Sin embargo, rechaza el resto de argumentos esgrimidos por Casanova, al considerar probada "su ilícita actuación" con los títulos de Popular.

Se trata solo de una media victoria para el empresario que, sin embargo, tiene importantes implicaciones prácticas para él, ya que la condena de prisión era un auténtico lastre de cara a las negociaciones con la banca para financiar sus operaciones inmobiliarias. Y, curiosamente, esta ha desaparecido a falta de dos semanas para que se cumpla el plazo de venta del Edificio España.

Como adelantó El Confidencial el pasado 31 de marzo, la adquisición del rascacielos por parte de Casanova se cayó en el último momento debido a que el todavía propietario, el grupo chino Wanda, no había presentado las cuentas en el registro con el cierre del ejercicio 2016, trámite sin el cual el inversor levantino se negaba a cerrar la operación, alegando incumplimiento por parte del asiático.

Desde distintos frentes, esta jugada de Trinitario Casanova se interpretó como una estrategia del empresario para dilatar la operación, ante la imposibilidad de obtener la financiación bancaria necesaria para hacer frente a los 272 millones que se ha comprometido a pagar, de los cuales ya ha depositado 20 millones.

Fuentes consultadas por El Confidencial han confirmado que hasta el lunes 27 de marzo, justo tres días antes de la fecha de venta prevista inicialmente, la división de hoteles de Banco Sabadell había respaldado la financiación de la compra, luz verde que, sin embargo, el área de empresas de la misma entidad echó por tierra ese particular lunes negro para Casanova.

El empresario, por su parte, siempre ha defendido que cuenta con recursos propios suficientes para hacer frente a la adquisición, sin necesidad de recurrir a financiación bancaria. Discurso que se pondrá a prueba en las próximas dos semanas, ya que el 1 de junio se cumple el plazo para cerrar la compra del Edificio España, después de que Wanda ya haya depositado las cuentas en el registro.

Una firma a la que Casanova podrá acudir esta vez libre de la condena de prisión.

Sigue siendo culpable, pero con una pena mucho menor. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado parcialmente la razón a Trinitario Casanova en el recurso que presentó contra su condena a un año de cárcel y otro de inhabilitación para operar en el mercado, por la manipulación del valor de las acciones de Banco Popular en 2008, pena que ha sido conmutada por una multa de 108.000 euros y seis meses de inhabilitación.

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