Fomento retoma las conversaciones con los fondos tras los fallos a su favor en las radiales

“Nunca se rompieron del todo, la puerta siempre ha estado abierta y, efectivamente, estamos hablando”. Con esta frase confirman desde el Ministerio de Fomento que la cartera dirigida por Íñigo de la Serna ha vuelto a abrir la puerta de las negociaciones con los fondos oportunistas que se han hecho con la deuda de las concesiones en quiebra.

Este nuevo escenario llega justo cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho saltar por los aires los procesos de liquidación de las radiales R3 y R5 y de la Circunvalación de Alicante (Ciralsa).

En las dos primeras, ha admitido a trámite la propuesta de convenio presentada por Abertis, ACS, Bankia y Sacyr hace dos años, y ha instado al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a que prosiga con la fase de convenio. En la segunda, los accionistas —ACS, Abertis y Globalvía— están trabajando en una nueva propuesta dentro del mismo marco, según afirman fuentes conocedoras.

En sendos casos, los fondos se muestran intratables y afirman que votarán en contra de cualquier propuesta, ya que su estrategia va dirigida a cobrar la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), cheque que desde Seopan, la patronal de las constructoras, cifran en 4.032 millones, pero que los cálculos de Fomento reducen a menos de la mitad, gracias al real decreto aprobado hace tres años, que minora la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, los acreedores también son conscientes de que tienen algunos factores en contra que deben valorar y que dejan la puerta abierta a intentar encontrar una solución pactada. Por una parte, si votan el convenio, aunque sea en contra, quedan ligados a él y corren el riesgo de perder su condición de acreedores preferentes frente a la RPA, lo que aconseja abstenerse en la votación, según explican fuentes jurídicas.

Por otra, cada concesionaria debe ser analizada al detalle, ya que en algunos casos se da la circunstancia de que la deuda no está en la sociedad directamente accionista de la vías de peaje, sino en otra entidad matriz, lo que conlleva que puedan llegar a votarse convenios de concesiones donde los fondos no son acreedores directamente y, por tanto, estos no tengan derecho a pronunciarse, teniendo que centrar todos sus esfuerzos en la liquidación de la empresa madre, lo que dilata todo el proceso otros dos años.

Y el tiempo siempre juega en contra de los fondos, cuyas estrategias en este tipo de operaciones se construyen con unos horizontes de cinco a siete años, y todo retraso va en contra de la rentabilidad de su inversión. El cálculo de la RPA se activa desde el momento en que se firma la liquidación de las autopistas quebradas, de ahí que para ellos sea un auténtico palo lo vivido en Ciralsa, R3 y R5, tres carreteras que cuando estaban a punto de llegar a ese punto han vuelto a la casilla de inicio, dilatando el esperado momento.

Suma y sigue, porque Fomento tampoco tiene todas las piezas de este puzle. Por una parte, actualmente se encuentra en un escenario en el que dos autopistas han sido enviadas a liquidación (AP-36 y M12); en otras dos, sus accionistas han decidido instar el mismo proceso (R4 y Aucosta); tres han vuelto a la fase de convenio (R3, R5 y Ciralsa), y otras dos, la R2 y la AP-41 Madrid-Toledo, negocian con Fomento dar el visto bueno a su propuesta de convenio.

Estas pronunciadas diferencias, aunque son un balón de oxígeno para el Ejecutivo porque dilatan el momento de tener que pagar la RPA, también dificultan su plan de aglutinar todas las concesiones que vayan revertiendo al Estado bajo la sociedad pública Seittsa y volverlas a licitar posteriormente divididas en varios bloques, porque cada una lleva un calendario muy distinto.

Además, el Gobierno también es consciente de que los fondos tienen toda la artillería legal preparada para, cuando llegue el momento de cifrar la RPA, plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el real decreto que permitió rebajar la factura del Estado. Una amenaza con visos de obtener frutos, ya sea en el Constitucional o fuera de nuestras fronteras, como acaba de ponerse de manifiesto con el reciente fallo del Ciadi, que condena a España a pagar 128 millones de euros por el recorte de las renovables.

En medio de este juego de equilibrios también están las constructoras, principales accionistas de las autopistas quebradas, que, tras haber perdido por el momento toda su inversión, siguen peleando por recuperar al menos la deuda de construcción, un agujero cifrado en 625 millones por las empresas, pero que dan absolutamente por perdidos si las vías se liquidan y los fondos, con su carácter preferente, se hacen con el grueso de la RPA.

Desde este punto de vista, parece razonable que su interés pudiera ir dirigido a tratar de sacar adelante los convenios, pero, como todo en esta compleja historia, hay muchos otros condicionantes y leyes que les obligan a mirar con lupa los números.

Por ejemplo, la modificación introducida por Hacienda en la reforma fiscal del pasado diciembre, que solo permite a las compañías aplicarse la deducibilidad de pérdidas en caso de concurso si la concesión entra en fase de liquidación, es decir, que solo podrán desgravarse el dinero invertido en las radiales liquidando estas sociedades. Un aliciente para acompañar a los fondos en su estrategia.

Y todo ello, a la espera de ver cómo evoluciona la estabilidad gubernamental, ya que todo viso de una legislatura corta recomienda, políticamente, dilatar cualquier solución y dejar al próximo Ejecutivo terminar de resolver este complejo problema, mientras que un mandato largo prácticamente garantiza que el equipo de De la Serna haga todo lo posible por encontrar una solución antes de las próximas elecciones.

Es aquí donde entran en juego las negociaciones, unos encuentros que, por el momento, se están centrando en acordar una cifra de RPA inferior a la calculada por los fondos a cambio del compromiso de un pronto pago; pero que en función de cómo cada parte pueda terminar rehaciendo sus cálculos, al calor de las pronunciamientos judiciales, pueden traer nuevos horizontes.