Colombia investiga a tres empresas españolas por sobornos e irregularidades

Colombia investiga la implicación de tres empresas españolas en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. Las multinacionales Typsa, Grupo Vera y Grupo Ortiz están siendo analizadas por distintas autoridades para esclarecer responsabilidades en su participación en el desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué, un complejo de infraestructuras deportivas que acabó siendo un fiasco por la corrupción que se generó alrededor de su diseño y construcción.

El caso va camino de convertirse en uno de los grandes escándalos de la historia de Colombia. Las indagaciones realizadas hasta la fecha por la Fiscalía apuntan a que los sobornos superarían a las comisiones del famoso caso Odebrecht en el país latinoamericano. De los más de 43 millones de euros presupuestados, hasta un 35% se habría desviado para sobornos y compra de voluntades, según cálculos de la Fiscalía. Pero además lo que debería ser un complejo deportivo es actualmente un desfile de obras inacabadas que tenían que haber estado listas en 2015.

Con este panorama, el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, viajó este martes a España para firmar un memorando de colaboración con su homólogo en el Ministerio Público, José Manuel Maza, con el objetivo de intercambiar información relevante para la Justicia de ambos países. En el acuerdo, además de este caso de los Juegos Nacionales está incluida la Operación Lezo que investiga en España el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Por el momento, el cerebro de esta trama, el abogado Orlando Arciniegas, exasesor de uno de los entes públicos financiadores del proyecto y próximo al exalcalde bajo cuyo mandato se comentieron los abusos, ha sido condenado a 36 años de cárcel por lavado de dinero, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos que se le imputaban. Esta condena es la más alta de la historia de Colombia por corrupción. Sin embargo, aún faltan por depurarse muchas responsabilidades, por lo que las investigaciones siguen adelante.

La investigación pisa los talones a Typsa

A día de hoy, la Fiscalía Nacional de Colombia sigue muy de cerca los pasos de Typsa. De hecho, el acuerdo entre los Ministerios Fiscales de España y Colombia ya habría empezado a dar sus frutos. Según publican varios medios de Colombia, el fiscal general habría recibido una prueba concluyente de manos de su homólogo que le permitiría seguir depurando responsabilidades en el escándalo.

Typsa, que factura más de 200 millones de euros al año, ganó un contrato para realizar los estudios y diseños del complejo deportivo por más de 3,5 millones de euros (11.500 millones de pesos colombianos). Según la acusación de la Fiscalía que sentenció a Orlando Arciniegas a 36 años de prisión, este se habría reunido con representantes de Typsa para conseguir que la compañía se llevara el contrato a cambio del correspondiente pago de "dádivas". Para ello, habrían amañado los pliegos del contrato para así expulsar otras ofertas más económicas. Finalmente, Typsa fue la única que concurrió y obtuvo el proyecto. La comisión, según describe la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, sería del 15% del contrato, lo que equivale a una cantidad superior al medio millón de euros.

[Consulte aquí la sentencia contra Arciniegas en que aparece Typsa]

Ante la magnitud de estos hechos, la estrategia de defensa de Typsa ha pasado por declararse víctima de su representante en Colombia, Luis Rodrigo Uribe, a quien culpa de todas las irregularidades que se hubieran podido cometer en nombre de la empresa. En la sentencia contra el cerebro de la trama, se aporta varios correos electrónicos en los que Luis Rodrigo Uribe informa a sus superiores en España, Martín Manuel Bernabé, Salvador Fernández Fellonera y José Luis Arévalo Segovia, de las negociaciones para hacerse con el contrato que implica el pago de "asesorías".

En otro correo, José Luis Arévalo Segovia responde a este preocupado por el alto coste de la asesoría (Ver sentencia). Preguntada acerca de estos correos aportados a la causa, Typsa reconoce a El Confidencial el intercambio entre el responsable de la sucursal y su matriz: "No hace sino evidenciar la estrategia del Sr. Uribe basada en el abuso, la manipulación, el engaño y la ocultación". Los responsables de la firma española añaden que son "declaraciones unilaterales de parte no contrastadas en un proceso contradictorio y simplemente manifestadas por el propio Sr. Uribe". El que fuera empleado de la compañía durante 12 años hizo públicas sus acusaciones también a través de los medios de comunicación.

La nueva alcaldía de Ibagué solicitó la anulación de la personalidad jurídica de Typsa, algo que le fue denegado, por lo que la empresa sigue contratando con la Administración pública en Colombia.

Los contratos de Vera y Ortiz

El escándalo en el que está envuelta Typsa puede ser solo la punta del iceberg, ya que se circunscribe a la parte de estudios y diseños del proyecto, tal y como señalan varios medios locales que siguen el caso. Los tres millones de euros de ese contrato son solo una parte de los más de 43 millones de euros (140.000 millones de pesos) a que ascendería el montante total presupuestado para el complejo deportivo. Un dinero que partió de instituciones públicas tanto nacionales como regionales y municipales.

La Contraloría General (máximo órgano de fiscalización de las cuentas públicas) ha abierto 11 procesos de responsabilidad fiscal para recuperar más de 18 millones de euros que se consideran perdidos en una construcción que nunca se llevó a término. El proceso señala que la UTE en la que estaba Vera Construcciones recibió al menos 11 millones de euros como anticipo para unas obras que no se hicieron.

La Contraloría General (órgano de fiscalización de las cuentas públicas) ha abierto 11 procesos de responsabilidad fiscal que afectan a Ortiz y Vera

Por su parte, la UTE de Grupo Ortiz, compañía que factura casi 400 millones de euros al año y que debía construir otra parte del complejo, consiguió un contrato de más de 11 millones de euros de los que ya se le habían dado más de tres. "La obra quedó inconclusa", sostiene el ente público de control. Ambos proyectos en los que participan empresas españolas de forma mayoritaria se consiguieron bajo el mandato de los principales acusados. Preguntado por la investigación abierta por la Contraloría Nacional de Colombia, el Grupo Ortiz no quiso hacer declaraciones. El Confidencial se puso en contacto con el Grupo Vera y este declinó hacer comentarios.

"Comisiones de más de seis millones"

Según Eufemia Cárdenas, directora de la Fiscalía en el Tolima, la región en la que se ubica Ibagué, se pagaron entre seis y nueve millones de euros en sobornos (entre el 20% y el 35% del monto total de las obras). Y el caso no para. Este mismo lunes, otro de los implicados, Carlos Heberto Ángel (gerente de la institución pública IMDRI) recibió su tercera sentencia en contra por la adjudicación ilícita del contrato de estudios y diseños a la multinacional Typsa. Cinco años de cárcel a añadir a otros 12 que pesan sobre él por el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué. El caso sigue abierto.