El BCE inspecciona a Banco Popular durante dos meses en pleno proceso de venta

La puesta en marcha del plan para vender el Banco Popular ha llegado tras una inspección de dos meses de duración realizada por el BCE con un equipo formado por inspectores del Banco de España. Esta revisión 'ordinaria' (concluida hace dos semanas) ha confirmado la necesidad de reforzar provisiones ante la pérdida de valor de la exposición inmobiliaria, un factor de riesgo a monitorizar. Asimismo, los inspectores han mostrado su malestar por la gestión de Ángel Ron y por el hecho de que no hubiera salvedades a las cuentas de 2016.

Según confirman varias fuentes conocedoras de la situación, el Mecanismo Único de Supervisión del BCE —responsable de supervisar al Popular desde 2014— ha utilizado un equipo de inspectores españoles que conocen el Popular y el sistema financiero español. Dicho equipo ha estado dirigido por Jesús Martínez Usano, ex director general de Cajamar y ahora en el Banco de España, que ya inspeccionó el año pasado a la entidad y cuya labor se ha prolongado ahora durante cerca de dos meses.

Fuentes oficiales del banco explican que se trata de una inspección ordinaria de las que el BCE realiza a todo el sector, y que este año se ha centrado en la exposición inmobiliaria, mientras que el año pasado puso el foco en el crédito. También aseguran que no ha concluido aún, pero reconocen que ha sido la causa de la dotación de 500 millones adicionales de provisiones para el ladrillo en el primer trimestre (que explica las pérdidas de 137 millones). Sin embargo, desvinculan la activación del plan de venta de esta inspección, pues se corresponde a la necesidad de dar respuesta (mediante venta o ampliación) a las mayores exigencias de capital para el próximo año. Tras los resultados del trimestre, el nivel de solvencia del Popular se ha quedado al filo del mínimo regulatorio.

Según las fuentes consultadas, tras este examen el grupo de inspectores ha llegado a tres conclusiones principales. La primera es que el déficit de provisiones que presenta el Popular para cubrir su exposición inmobiliaria es mayor del estimado por los analistas (los más pesimistas como KBW lo cifran en 5.600 millones). Esto se deriva de que la tasación actual del ladrillo es muy superior a la real, razón por la cual el propio consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, anunció en la presentación de las cuentas trimestrales que la entidad está retrasando sus 40.000 activos inmobiliarios.

Este lunes las acciones del Popular sufrían un nuevo castigo en bolsa, con caídas que superaban el 4% y situaban el precio de en el entorno de los 0,71 euros.

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Tasación de activos al valor real de mercado

Diferentes fuentes del sector recuerdan que una gran parte de estos activos (adjudicados o garantías de créditos refinanciados) en manos del Popular son suelos. Y que en casos como la venta de CAM a Sabadell o el rescate de Bankia, se tasaron con un descuento del 90% sobre su valor original. Si se aplican estas métricas al Popular, el déficit superaría las estimaciones actuales de los analistas. Y luego habría que añadir otro tipo de activos inmobiliarios y créditos morosos en otros sectores.

La segunda conclusión de los inspectores es la necesidad de evitar la salida puntual de depósitos. No en vano, el actual equipo ha lanzado unas agresivas ofertas de depósitos que pagan hasta el 4% (condicionado a la contratación de otros productos) para retener a los clientes y captar a nuevos. Como ha explicado en público el nuevo consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, es prioritario conservar a los clientes para que el negocio 'bueno' del Popular siga siendo rentable y generando un valor que puede ser fundamental si al final se vende el banco.

Malestar con Ron y PwC

En tercer lugar, este equipo del BCE ha manifestado su malestar con la presentación de las cuentas anuales de 2016 —siempre según las fuentes—, porque no reflejaban la imagen fiel de la entidad al basarse en una valoración del ladrillo muy superior a la real que matizaba los problemas de provisiones y, por ende, de capital. Como es lógico, el principal blanco de sus críticas es el expresidente Ángel Ron, pero también se dirigen hacia el auditor PwC por no haber reflejado ninguna salvedad a pesar de esta situación. El descubrimiento de un nuevo 'agujero' de 700 millones en marzo (aunque Saracho no reformuló los resultados del año pasado) respalda este malestar.

Como adelantó la semana pasada El Confidencial, con las conclusiones del BCE resueltas, Saracho activó el proceso de venta del Popular en el que están participando JP Morgan (el banco de inversión del que procede el actual presidente) y Lazard. No obstante, mantiene abierta la opción de la macroampliación de capital; para explorar la cantidad que se podría captar y el precio que se requeriría, también ha contratado a firmas como Merrill Lynch y UBS.