Nuevo vuelco en las radiales: la Justicia autoriza la propuesta de convenio de R3/R5

Como si de una carretera hacia ninguna parte se tratara, la quiebra de las radiales ha terminado adentrándose en una compleja autopista judicial donde nadie sabe cuál es la próxima salida. El último volantazo lo ha dado la sección vigésimo octava de la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de dar por buena la propuesta de convenio presentada por Alazor Inversiones hace dos años.

Detrás de esta sociedad están Abertis, Bankia, Sacyr y ACS, accionistas de las vías de peaje R3 y R5, las mismas que hace un año fueron enviadas a liquidación por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Sin embargo, la Audiencia Provincial suspendió en marzo la liquidación, al admitir a trámite el recurso de Alazor, y ahora la ha hecho saltar definitivamente por los aires, al haber dado por buena su propuesta de convenio.

A partir de aquí, nadie sabe cuál puede ser el siguiente capítulo, porque se trata de una situación inédita, pero las réplicas de este terremoto pueden salpicar al resto de autopistas en quiebra, un saco del que también forman parte las radiales R2 y R4, Ciralsa (Circunvalación de Alicante), AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 Eje Aeropuerto, AP-41 Madrid-Toledo y Aucosta (Cartagena Vera).

Por el momento, la Audiencia Provincial ha remitido al Mercantil su fallo instándolo a "dictar la resolución que proceda para la continuación de la fase de convenio". Aquí es donde entrarán en juego los fondos oportunistas que se han hecho con la totalidad de la deuda ligada a estas carreteras, muchos de los cuales ya tienen decidido votar en contra de la propuesta de Alanzor.

En concreto, los acreedores representados por Houlihan Lokey, que controlan el 55% de la masa acreedora ligada a estas concesiones, se oponen frontalmente a cualquier solución que no sea la liquidación. De hecho, en las últimas semanas, han enviado a los administradores de las concesiones unos burofaxes advirtiéndoles de que corren el riesgo de enfrentarse a responsabilidades personales si no respaldan el proceso de liquidación.

Las misivas ya han dado sus frutos en R4 y Aucosta, concesiones donde los accionistas han pedido la liquidación, para evitar el riesgo de que los fondos terminen exigiendo a sus administradores que respondan con su propio patrimonio.

El argumento que esgrimen los fondos para amenazar con esta acción es que la única vía posible para las concesionarias en quiebra es la liquidación, ya que ellos se oponen a cualquier propuesta de convenio, y, por tanto, dilatar este destino les genera un perjuicio que podrían terminar reclamando en los tribunales.

Sin embargo, el hecho de que la Audiencia Provincial haya dado sus bendiciones a la propuesta de convenio de R3 y R5 puede dar un giro a este argumento, ya que los magistrados destacan en su fallo la importancia de "articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la Administración pública".

A la espera de acontecimientos, el efecto inmediato de los diferentes pronunciamientos judiciales es que el Gobierno sigue ganando tiempo, y cuanto más tarde en activarse la RPA (responsabilidad patrimonial del Estado), menor será la factura que deba pagar, y los fondos ven menguar su negocio, en la misma proporción. En medio de todo ello, la solución global que estudia el Ministerio de Fomento también queda en el aire, ya que todavía está por ver si todas las autopistas irán finalmente a liquidación, y cuándo.