El papel con el que te limpias fue confidencial: así se destruyen documentos

Unas tiras de papel bastaron a la Fiscalía para demostrar la vinculación entre los tesoreros de Convergència y la constructora Teyco. La Fiscalía contaba con nuevas pruebas sobre la trama del 3% después de que la Guardia Civil lograse recomponer los archivos supuestamente eliminados por Andreu Viloca y Daniel Osácar: documentos sobre obras y contratos públicos entre la fundación del partido y la empresa de la familia Sumarroca. Y todo por recurrir a una máquina de oficina con un coste que ronda los 200 euros en internet.

“Les pasó esto porque ni ellos mismos conocen el sector”, tercia Amadeo Roig, gerente de la empresa de destrucción de documentos Destrupack. Su nave en Paracuellos elimina toneladas de papeles, informes o discos duros cada día. Cualquier material susceptible de contener información personal, datos sobre clientes o informes fiscales son convertidos allí en papel tisú. “En Holanda hay muchas compañías que ofrecen cambiar documentos por papel higiénico. Cierran el círculo”, sonríe el empresario.

El proceso de transformación es simple. Una de las 30 furgonetas con geolocalizador de las que dispone la empresa recoge los documentos depositados en contenedores especiales, donde el cliente va almacenando los desperdicios. Cuando llegan a la planta, unos cinco empleados se dedican a separar los papeles de archivadores, libros de cuentas o carpetas y los introducen en una cadena que tritura los documentos hasta hacerlos confeti. “Es imposible reconocer de dónde viene esto”, señala Roig mientras extiende sobre la mesa una bolsa con cientos de pequeños papeles doblados.

Lo que hay dentro de los archivos destruidos no importa, la prioridad de la empresa es la seguridad: “Destruimos documentación confidencialmente y de forma sostenible. No conocemos su contenido”. La compañía establece para ello protocolos “más restrictivos” de lo que contempla la Ley de Protección de Datos. Destrupack cuenta con el certificado de Naid, una agencia internacional que vela por una eliminación de archivos de garantía. El organismo se dedica a realizar auditorías periódicas y fija una serie de exigencias a la compañía.

Los trabajadores de la empresa no pueden contar en su expediente con delitos contra la honestidad. Antes de su contratación, el departamento de recursos humanos estudia los antecedentes penales del empleado en los últimos siete años y, en caso de desvelar información que va a ser destruida, son despedidos de forma inmediata. Todo ello mientras realizan su labor rodeados de fuertes medidas de seguridad: cámaras de videovigilancia, dos vallas de dos metros permanentemente cerradas y un minucioso registro de las visitas a la planta.

El celador que cambiaba de coche

“En internet se paga hoy más por datos médicos que por los de tarjeta de crédito”, advierte Roig, que es además responsable en Europa de Naid. Uno de los casos más recientes denunciados por la agencia se produjo en Estados Unidos. El fisco observó que un empleado de un hospital había comprado una casa y había cambiado de coche en varias ocasiones pese a trabajar manejando los contenedores del centro. La investigación determinó que el hombre contaba con una segunda fuente de ingresos: un laboratorio farmacéutico. “Le cogieron fotocopiando documentos”, dice Roig.

En otras ocasiones, es el propio cliente quien comete el error de contratar un servicio que no asegura la correcta destrucción de los archivos. El responsable de informática de un hospital de Essex, en el Reino Unido, se sorprendió al ver que los códigos de los discos duros vendidos a una empresa de eliminación de documentos estaban disponibles en una web de subastas. “La agencia hace una investigación y determina una multa al hospital. Se pagó a alguien para que se llevara los discos duros y los destruyera, pero no cómo ni cuándo se destruirían”, sostiene Roig sobre una práctica extendida en su sector. “La empresa no ha incumplido. En diez años, lo destruirán para confeti en China, pero entre tanto lo puede manejar quien quiera”, señala.

En España también han salido casos similares, como el de una compañía de preservativos que denunció ver un lote de productos suyos en mal estado a la venta. “Si vas a un recuperador es porque buscas la oferta más barata”, indica Roig. Recuperador es el eufemismo con el que los profesionales del sector bautizan a los chatarreros y personas que rebuscan en los contenedores de papel. Son la principal vía de intrusismo en una labor donde prima la confidencialidad de los datos a destruir.

Los hay que ofertan su servicio de manera gratuita, aunque no certifican el lugar y momento de la eliminación de archivos, por lo que pueden vender la información contenida en los documentos. Las infracciones muy graves de la Ley de Protección de Datos pueden alcanzar los 600.000 euros, que con la reforma prevista para el próximo año se extenderá hasta el millón de euros.

La empresa registra los antecedentes penales de sus empleados y los despide de forma inmediata en caso de revelar información que va a ser destruida

El gerente de Destrupack subraya que servicios como el suyo envían un protocolo en el que se indica el tamaño final de las partículas de papel, la cadena de custodio y la fecha de eliminación de la información. Entre sus clientes enumera bufetes de abogados, hospitales, ONGs e incluso iglesias. Por la cadena de trituración han pasado desde bolígrafos hasta monos de motorista. El material se encontraba en mal estado y las empresas querían asegurarse así de no ver sus productos en el mercado. También dos contenedores llenos de mochilas traídos en barco desde China que se iban a regalar junto a un paquete de cereales. De nuevo un fallo en la fabricación les condenó a ser destruidos.

Roig admite que el número de particulares en la empresa no llega aún al 1%, a pesar de contar con más de diez años de trayectoria. El porcentaje se incrementa hasta el 40% en compañías del mismo sector en Estados Unidos. “Por 30 kilos igual te cobran 10 euros, pero te has quedado tranquilo. Aquí en España nadie se lo plantea”, lamenta, ante la “falta de madurez” entre los clientes.