Plan de choque del Gobierno para resarcir a las constructoras tras años de ajustes

Tras una década de recortes, el Gobierno está trabajando en todo un frente de medidas dirigidas a reactivar la obra pública sin penalizar el obligado ajuste de déficit. Para ello, los ministerios de Fomento y Hacienda están avanzando en todo un plan dirigido a impulsar las iniciativas público-privadas, modificar los criterios de valoración y adjudicación de obras públicas, sentar las bases de un Plan Nacional de Infraestructuras, con vigencia para tres legislaturas, e introducir algunas mejoras que compensen los efectos del decreto fiscal del pasado diciembre.

Los frutos más inmediatos de este nuevo espíritu esperan recogerse en la nueva Ley de Contratos del Estado, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Entre sus principales novedades, se confía en aplicar una nueva vara de medir, que confiera más peso a la parte técnica de las ofertas, en detrimento de la económica, acote las bajas, apueste por la licitación en lotes e incluya flexiblidad en los proyectos modificados.

El propio titular de Fomento, Íñigo de la Serna, avanzó ayer que el objetivo del Gobierno es que la ponderación de la parte técnica se sitúe en el 49%, y la económica en el 51%, toda una revolución, teniendo en cuenta que, durante la crisis, se ha licitado el grueso de las obras públicas sólo a precio. Otra importante mejora que defiende el Ejecutivo es ser más flexible en la negociación de los modificados, para evitar ir a la resolución del contrato.

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En línea con lo marcado por la Directiva Europea, norma que ha forzado la elaboración de una nueva Ley de Contratos del Estado, se prevé autorizar incrementos de precios de hasta el 50% del valor del contrato. Sin embargo, mientras que Bruselas permite que haya varias modificaciones y que cada una de ellas tenga este tope -lo cual permite un modificado por el 41% y otro por el 10%-, el Proyecto de Ley español exige que la suma de todas no supere el 50% (sólo cabría uno del 41% y otro del 9%), tope que Fomento estaría dispuesto a alinear más con la directiva.

Fórmula público-privada para carreteras

Tras haber visto recortado su presupuesto para este año en un 11,6% -lo que limita a 8.969 millones el cheque inversor de Fomento-, con las carreteras como principales perjudicadas -ya que los ferrocarriles, Aena y Puertos del Estado pueden obtener sus propios recursos-, el ministerio dirigido por De la Serna está trabajando con Hacienda en una fórmula de colaboración público-privada cuya línea roja será respetar los objetivos de déficit, y que permitiría abordar alguna de las 272 actuaciones que Seopan, la patronal de las constructora, ha identificado como prioritarias y que requieren una inversión de 85.244 millones de euros.

En total, la organización dirigida por Julián Nuñez ha detectado 814 proyectos, con una inversión total de 103.780 millones, en infraestructuras de agua, medio ambiente, transporte y urbanismo, que generarían 994.120 empleos y 50.851 millones de retorno fiscal. Pero, para abordar un plan tan ambicioso, ya sea con estas u otras obras, el propio De la Serna reconoce que "es necesario un pacto nacional de infraestructuras y de transporte".

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Fomento ya cuenta con un borrador del mismo, pero éste está condenado a quedarse en el cajón hasta que el PSOE resuelva sus primarias y defina quién será su nuevo líder, ya que el Gobierno considera imprescindible contar con los socialistas en un consenso de esta relevancia nacional.

Más avanzadas parecen estar las conversaciones que desde hace tiempo mantienen las empresas y el Ejecutivo, en esta ocasión, con Hacienda a la cabeza, para mitigar el impacto del decreto fiscal del pasado diciembre, que limitó al 25% -frente al 70% anterior- la compensación de las bases imponibles negativas, medida que podría mantenerse con el mismo impacto recaudatorio, pero que con pequeñas modificaciones podría evitar su negativo impacto contable en los balances.