El 'modelo Arriaga' se expande a los dentistas por los excesos de las franquicias

Tan solo representan el 3,9% de las clínicas dentales en España, pero acumulan la mitad de todas las reclamaciones de pacientes. Son iDental, Dentix, Vitaldent o Unidental, franquicias odontológicas que surgieron como setas a comienzos de siglo y cuyos efectos empiezan a sufrirse como una mala resaca. Entre 2013 y 2015, según los últimos datos disponibles en el Consejo de Dentistas, se recibieron 2.258 quejas de estas franquicias, siete de cada 10 por motivos clínicos. "Nos llega un gran número de pacientes insatisfechos con su tratamiento. En torno a un tercio está relacionado con el fracaso de los implantes, la demanda más común, seguido por los problemas con las prótesis y las ortodoncias", detalla Óscar Castro, presidente del colegio profesional.

Castro, como otras fuentes del sector, tiene el análisis muy claro: "Estas franquicias marquistas contratan a profesionales recién salidos de la universidad y les ponen a trabajar muchísimas horas como autónomos. No solo están mal pagados, sino que ni siquiera tienen derecho a vacaciones. Algunos solo cobran 300 euros porque, según la empresa, les están ofreciendo un máster en implantología. Y las prácticas, claro, se hacen sobre las bocas de pacientes", lamenta.

Estas franquicias, explican desde el Consejo de Dentistas, también recortan en materiales para abaratar la factura final: "Compran lo más barato"

En esta línea se expresaba también la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con más de 50.000 miembros, en un comunicado emitido en febrero: "Aprovechándose de la crisis y del gran número de dentistas que salen de las universidades, muchos empresarios con intereses en el sector dental están contratando a jóvenes en condiciones precarias para abaratar costes y conseguir mayor rentabilidad, abocando al profesional a unas situaciones muy parecidas a las de una relación laboral, pero siendo, en realidad, autónomo", reza el texto, que concluye con una advertencia para el paciente: "La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos asegura que en muchas ocasiones estos profesionales son obligados a realizar tratamientos que no son adecuados, vulnerando su autonomía y poniendo en peligro la salud del paciente".

Estas franquicias, explican desde el Consejo de Dentistas, también recortan en materiales para abaratar la factura final: "Compran lo más barato, que es lo que más a menudo fracasa, solo así se puede comprender que te presupuesten 1.500 euros por un tratamiento que en cualquier otra clínica te cobraría 20.000, funcionan con descuentos de hasta el 80%. A ellos les da igual porque no son dentistas, sino empresarios, y si el negocio no sale rentable, cierran las clínicas y se van a comprar oro".

A quirófano por unos 'brackets'

La madrileña Salobral Mateos sufrió esta situación hace pocos meses. Acudió a una de estas franquicias en busca de presupuesto para ella y su hijo Rubén. "Nos pedían 11.000 euros por nuestros tratamientos —tres implantes y unas fundas para ella, una ortodoncia para Rubén— en otras clínicas, y aquí nos lo hacían todo por 155 euros al mes; aunque estoy parada y no tengo mucho dinero, no podía negarme", dice Mateos. Las cosas se torcieron pronto: en una semana, la franquicia despidió a la mayor parte de su plantilla y la reemplazó por recién licenciados. "A Rubén le atendió una chica de 18 años, no aparentaba más, y le apretó los 'brackets' demasiado. A las tres horas tuvimos que volver de urgencia porque se le estaban inflamando las encías, pero nos mandaron de vuelta a casa diciéndole que era muy guarro, que se lavase más los dientes", relata Salobral.

Dos días después, Salobral llevó a Rubén al médico de la aseguradora, donde decidieron operarle de urgencia: "Le diagnosticaron una hiperplasia gingival y le ingresaron en quirófano al día siguiente. Tres horas de intervención quirúrgica con anestesia general a un niño de 12 años por unos 'brackets' mal puestos", denuncia la madrileña, cuyo tratamiento también está detenido porque se le rompió una prótesis y desde la empresa se niegan a cambiársela sin coste.

Algo similar a lo que le sucede a Pedro (nombre ficticio), paciente de otra franquicia dental, a quien no le quieren reponer las muelas implantadas que se le han partido. "Como se negaban a reponerme unas piezas que ellos mismos habían implantado cuatro meses antes, no quise seguir con el tratamiento, que incluía tres implantes más". Pedro rompió lazos con la clínica, pero no la financiera, que le exige los más de 10.000 euros con los que le financió el tratamiento. "Me fié y firmé contratos sin leerlos. Yo no sabía que se me estaba financiando todo el tratamiento a través de otra empresa, solo los implantes que me iban realizando. Por supuesto que no voy a pagar, porque ni puedo ni quiero".

Pleitos gratuitos

Tanto Salobral como Pedro son personas de escasos recursos económicos, el perfil tipo de las franquicias dentales, y no se plantean llevar la situación a los juzgados por este motivo. Este nicho de negocio lo han visto algunos bufetes de abogados que, en ocasiones disfrazados de asociaciones de afectados, destinan una parte de sus abogados a plantear causas 'cuota litis' —si no ganas, el abogado no cobra— a las franquicias. Un paso más allá va Justicia Dental, un despacho que anima a los pasajeros del metro de Madrid a demandar gratis a sus dentistas.

"Acepto la comparación con el modelo de Arriaga y Rosales en tanto que somos un bufete muy especializado, ellos en cláusulas suelo y preferentes, y nosotros en el sector dental", explica Guillermo Saénz, socio de Justicia Dental, "pero no estamos tan masificados como ellos y, lo que es más importante, nosotros no sacamos casos como churros. Las demandas por cláusulas suelo son todas iguales, casi basta con hacer una proforma y cambiar los nombres de los demandantes, pero nosotros recibimos casos variados, desde el fracaso en los implantes hasta pacientes a los que no les han dado el tratamiento que han contratado, sino algo completamente diferente". Tanto Saénz como su socio proceden del derecho sanitario.

Saénz sostiene que no funcionan como una 'claiming farm', sino que rechazan un tercio de los casos que reciben, normalmente porque no tienen base médica o su rentabilidad está en cuestión. "Nosotros no cobramos al cliente si no gana el juicio o alcanza un acuerdo con la clínica. Si hay indemnización, nos llevamos entre un 10% y un 30%, depende del caso". Desde el despacho aseguran que tienen 50 causas abiertas y que han alcanzado otro medio centenar de acuerdos para sus clientes.

Para Rubén Sánchez, de Facua, la creación de estos despachos especializados "no representa una irregularidad en sí misma", siempre que se cumplan dos requisitos: que el cliente conozca de antemano los honorarios del abogado y que sepa con quién está contratando. "Nos hemos encontrado con cláusulas suelo de estos abogados. Dicen que van al 20%, pero si luego la indemnización no alcanza un mínimo, se lo quedan todo ellos". En Facua también han detectado otra circunstancia en torno a este tipo de bufetes: "A menudo van a demanda ganada. Piden solo lo mínimo que sepan que van a lograr y se pierden por alcanzar acuerdos porque quieren su dinero y ya está, las demandas de su cliente son menos importantes".

Sánchez también alerta de los mecanismos de captación engañosos: "A menudo, un abogado se hace pasar por líder de una plataforma de afectados, se gana su confianza y poco a poco les redirige a su despacho. No hay más que recordar a López Negrete captando clientes de Afinsa para hacer negocio con ellos a pesar de que sabía que el caso estaba completamente perdido".