La CNMV engrasa los poderes extrabursátiles que otorga la nueva Ley de Auditoría

La CNMV está elaborando una guía técnica para definir, de una forma más estricta y rigurosa, los criterios básicos que deberán poner en práctica a partir de este mismo año las denominadas entidades de interés público dentro de las comisiones de auditoría que funcionan por delegación de sus consejos de administración. La normalización de estos procedimientos de trabajo será extensible tanto a las sociedades que cotizan en bolsa como a otras grandes empresas de carácter familiar, y también a las principales compañías de naturaleza estatal, que hasta ahora permanecían fuera del radar del organismo regulador de los mercados de valores.

La actualización del concepto de entidad de interés público vincula en la Ley de Auditoría de Cuentas vigente desde hace casi un año a todas las empresas que dispongan durante dos años consecutivos de un volumen de negocio y una plantilla media superior a 200 millones de euros y 4.000 trabajadores respectivamente. Esta condición afecta a una serie de marcas emblemáticas en el mundo empresarial que todavía no tienen sus acciones contratadas en los mercados de valores, como puedan ser El Corte Inglés o Mercadona en el sector privado, o Renfe, Adif y Sepi en el grupo de sociedades dependientes del Estado.

La nueva legislación es la piedra de toque que refuerza el papel de la CNMV justo en un momento crítico para la ordenación de las entidades encargadas de velar por el buen funcionamiento de la actividad económica en España. A diferencia de la CNMC, que será dividida en dos entes separados de supervisión de la competencia y los mercados respectivamente, la Comisión de Valores va a integrar dentro de sus filas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), hasta ahora dependiente del Ministerio de Economía. Pero antes incluso de que dicha fusión se complete, el organismo que preside Sebastián Albella quiere poner de manifiesto sus flamantes poderes extrabursátiles.

Para ello, la CNMV ha incorporado dentro de su plan de actividades para este año una nueva guía sobre el funcionamiento de las comisiones de auditoría. Dichos organismos internos de supervisión contable fueron establecidos en su origen como un elemento esencial del buen gobierno corporativo de las empresas cotizadas, pero desde el año 2015 son de obligado cumplimiento para todas las entidades de interés público. El regulador pretende ahora que las comisiones de auditoría garanticen unos resultados eficaces más allá del cumplimiento de las condiciones impuestas a raíz de la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital.

La Comisión de Valores ha luchado siempre por disponer de funciones regulatorias más allá de su mero papel como organismo supervisor de la bolsa

La CNMV ha constatado en los últimos años que la operativa funcional de estos grupos de trabajo dista mucho todavía de alcanzar los estándares mínimos de control que requiere la prolija información financiera producida por las empresas en nuestro país. Buena parte de los problemas derivan de los propios cambios normativos en materia de contabilidad a que han tenido que adaptarse las comisiones de auditoría, pero lo cierto es que cada cual ha interpretado su misión de manera un tanto arbitraria, haciendo de su capa un sayo y provocando la confusión de los inversores a la hora de establecer análisis comparados entre unas y otras entidades emisoras.

La nueva guía técnica fijará bases homogéneas de actuación para todas las entidades de interés público, que a partir de ahora deberán encauzar el funcionamiento de sus comisiones de auditoría dentro de lo que se consideran buenas prácticas de gobierno corporativo. Dicho de otro modo, la CNMV quiere dar un paso más allá de la mera obligación de establecer mecanismos internos de vigilancia y control financiero, y trata de ajustar una serie de requisitos mínimos para certificar la calidad de estos órganos de gobierno con independencia de las exigencias legales establecidas de cara a su constitución y funciones básicas.

La Ley de Auditoría supone, en consecuencia, un gran impulso en la aspiración histórica de la Comisión de Valores por trascender su función supervisora y convertirse en un regulador de pleno derecho con capacidad normativa. Los pactos entre el Ministerio de Economía y los representantes políticos de Ciudadanos, encabezados por Luis Garicano, han empezado a dar sus frutos en un proceso del que no es ajeno tampoco Manuel Conthe, antiguo titular de la CNMV y uno de los principales apoyos de Sebastián Albella en esta etapa decisiva para aquilatar los poderes reales de la institución.