CASCADA DE SENTENCIAS DEL SUPREMO

Fraude al fisco al matricular 'jets' privados: Telefónica, Villar Mir...

Hacienda recupera en los tribunales 60 millones del impuesto de matriculación de aviones privados. Firmas y bancos simulaban arrendarlos a empresas de chárteres, que están exentas

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La justicia ha puesto fin a una práctica más que extendida con la que las grandes fortunas y los bancos eludían pagar el impuesto de matriculación de aviones privados. Desde 2011, al menos 20 sentencias —14 de ellas ya firmes del Tribunal Supremo— han obligado a pagar unos 60 millones de euros en impuestos defraudados por aviones que usaban las grandes fortunas y empresas del país: Manuel Jove, Enrique Bañuelos (Astroc), Villar Mir (Grupo Villar Mir), Planeta, Iberdrola, Telefónica, Acciona, Timón (los Polanco)... Los bancos que habían financiado los aviones y las empresas que los usaban simulaban arrendar el avión a empresas de navegación aérea, que están exentas del impuesto. Los bancos (BBVA, Santander, Royal Bank of Scotland...) han sido los condenados, pero en la mayoría de los casos estos han reclamado el dinero de vuelta a los que usaban los aviones, según fuentes del sector. En algunos casos, el Supremo sí ha anulado las sanciones que impuso Hacienda y que también sumaban millones.

El pasado 10 de marzo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso del BBVA contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le ordenaba a pagar 5,6 millones por el impuesto de matriculación de un avión privado que usaba Manuel Jove, fundador de la inmobiliaria Fadesa y antiguo accionista del banco. La historia comenzó el 15 de julio de 2008. Ese día, Inveravante Inversiones Universales (sociedad de Jove) encargó al BBVA la compra de un avión Gulfstream GV-SP valorado en 37,53 millones de euros. En la aeronave caben hasta 14 pasajeros. El BBVA firmó como comprador e inmediatamente lo arrendó a la empresa de Jove en un 'leasing'. Firmaron el contrato de arrendamiento financiero y a la vez Inveravante lo subarrendó a la compañía aérea TAG Aviation. Ninguno de los tres implicados ha querido comentar la sentencia.

Bombardier Learjet 60.
Bombardier Learjet 60.

El 29 de agosto de ese año, el avión llegó a España y fue matriculado con ese contrato entre tres partes. Como figuraba que la aeronave la gestionaba TAG Aviation, quedó exenta del impuesto de matriculación. Así se ahorraban los más de cinco millones de impuesto de matriculación de aviones. La ley de impuestos especiales establece que quedan exentos de ese impuesto los aviones “cuya titularidad corresponda a empresas de navegación aérea”. El resto tiene que pagar un 12% del precio (aunque hay variaciones autonómicas).

Casi nadie pagaba impuestos por matricular aviones. Oficialmente, apenas había 'jets' privados

Poco después, la división de Grandes Contribuyentes en Aduanas de la Agencia Tributaria comenzó una ronda de inspecciones entre empresas con aviones privados, como informó 'El Mundo' en 2009. En España poca gente pagaba impuestos por matricular 'jets' privados. Una fuente conocedora de las investigaciones explica cómo era el sistema: "El juego de contratos puede resumirse del modo siguiente: la empresa/grupo adquirente acuerda la compra del avión con el fabricante; a su entrega, formaliza el 'leasing' con la entidad financiera y, en paralelo, firma un contrato con la compañía de navegación aérea de cesión del avión para su explotación. La inscripción suele hacerse a nombre de las tres empresas intervinientes, ya que la legislación sectorial así lo permite, de modo que consta inscrita cada una de ellas con el título de que dispone sobre la aeronave: la entidad financiera como propietaria, el adquirente como arrendatario financiero y la compañía de navegación aérea como arrendatario".

Formalmente todo está correcto, pero al examinar el contrato entre el dueño y la empresa de navegación, la realidad era que el empresario se garantizaba el uso preferente y Hacienda consideraba que no había tal subarrendamiento. La empresa de navegación aérea tenía el avión listo para el empresario y si este no lo iba a usar, lo podía alquilar. Pero no había esa cesión. Aunque sobre el papel la empresa especializada pagaba una parte al verdadero dueño por tener el avión subarrendado, esa cantidad la recuperaba con creces con lo que le pagaba de vuelta el empresario por usar el avión.

En el caso del avión de Jove, Hacienda descubrió los contratos entre las tres partes y concluyó que en el “contrato de subarrendamiento suscrito entre Inveravante y TAG se considera que la voluntad de las partes no era ceder la aeronave en subarrendamiento, pues no se transmite el uso o disfrute de la misma, facultades que conserva el subarrendador asegurándose la disponibilidad de la aeronave en cualquier momento”. Entre 2008 y 2010, Jove y su familia usaron el avión el 38% de las horas de vuelo. Es decir, que estaba a su disposición y si no lo iban a usar, TAG Aviation podía alquilarlo. La inspección concluyó que Jove mantenía “el poder de disposición sobre la aeronave, siendo necesaria su autorización previa para que el subarrendatario [TAG Aviation] la use con terceros”.

En enero de 2016, la Audiencia Nacional dio la razón a Hacienda y ordenó al banco que pagara el impuesto de matriculación. Consideró que la aeronave no era de TAG Aviation pero tampoco de Jove, ya que formalmente quien la había comprado era el BBVA. El Supremo acaba de ratificar el fallo. A Hacienda le pagará el BBVA, pero el contrato de 'leasing' entre el banco y Jove incluía que en caso de que Hacienda los pillara, este pagaría el impuesto de matriculación, según fuentes conocedoras de la operación. Así que aunque el banco ha sido formalmente el condenado, en la práctica lo pagará Jove.

Esta es la última sentencia de una cascada que afecta a grandes empresas y señores del ladrillo caídos en desgracia con la crisis. El Confidencial ha documentado 20 casos similares, seis de los cuales aún están pendientes de que resuelva el Supremo. Una fuente judicial calcula que ha habido unos 30 casos y cifra el dinero recuperado para el erario público en 60 millones (en un cálculo rápido de dos millones por avión). Solo los sumados por este diario con sentencia suman 54,75 millones. Los últimos contratos que están llegando a los tribunales están mejor redactados y Hacienda ha comenzado a perder algún caso en el Supremo.

En la lista hay grandes multinacionales y algún constructor hoy quebrado. Figuran cuatro Gufstream financiados por Royal Bank of Scotland (RBS), el banco más afectado: el de Adequate Investments (vinculado a la familia Sanahuja); el Gulfstream G150 de Carlos Monteverde; el de Landship Investments (relacionado con el constructor sevillano Luis Portillo), y el avión de Rentalia Valencia (vinculado al promotor inmobiliario Enrique Bañuelos). También figura la sentencia que afecta al avión del legendario constructor leonés Martínez Núñez, ya fallecido. La entidad financiera británica, que usó su filial Royal Scot Leasing Limited, ha sido condenada a pagar 19 millones de euros en impuestos de matriculación no abonados en su día.

RBS también compró en 'leasing' un Bombardier Global Express 9094 que, según afirmó en el procedimiento, usaban los directivos de Iberdrola desde que fue comprado en 2007. El banco defendió, sin éxito, que el avión lo usaba la eléctrica. “Aun cuando en el registro figuren varias personas, solo debería considerarse sujeto pasivo la persona que disponga del título para hacer uso del avión en su beneficio, y esa persona no es la entidad recurrente, sería Iberdrola”, señala la sentencia al resumir los argumentos de la entidad financiera. El banco británico señaló que era un “mero financiador de la adquisición de la aeronave por el contrato de 'leasing”. Aun así, fue condenado por el Supremo en 2015 a pagar 4,3 millones por el impuesto de matriculación.

Acciona (Entrecanales) y Planeta (Lara) son otras de las empresas cuyos aviones privados fueron usados sin haber pagado impuesto de matriculación, y por lo que más tarde fueron condenados BBVA y Santander como bancos financiadores. Entre las sentencias está la que condena al Banco de Valencia, que adquirió el avión del dueño de Corporación Dermoestética, José María Suescun Verdún. Este utilizó para que figurara como dueña la empresa Aviónica Suver (mezcla del principio de sus dos apellidos) como gestor aéreo. Uno de los primeros fallos del Supremo fue el que en 2011 condenó al Banco Santander por un avión arrendado al Timón SA (Polanco).

El 'jet' privado Gulfstream G500.
El 'jet' privado Gulfstream G500.

Otro de los ilustres cazados es el marqués Juan Miguel Villar Mir, que el 16 de marzo de 2007 compró un Falcon 900C. Él no usó ningún banco que lo financiara. El avión lo compró Espacio Aviation Management, propiedad al 100% de Inmobiliaria Espacio, una sociedad de la división inmobiliaria del Grupo Villar Mir, y lo arrendó a la empresa especializada Gestair para conseguir la exención fiscal. La justicia detectó un "entramado documental" para revestir como un contrato de arrendamiento a esta empresa cuando "lo que existe en realidad no es más que la contratación de una serie de servicios a prestar a dicha aeronave por parte de las operadoras, con el fin de tener la aeronave preparada y a punto para su utilización por parte de empresas del grupo".

No solo Villar Mir tiene su propia empresa de navegación. Telefónica creó una sociedad específica para gestionar 'jets' privados, Lotca Servicios Integrales. Fue esta empresa la condenada en junio de 2015 por la Audiencia Nacional a pagar 2,5 millones por un avión Gulfstream Aeroespace G-IV importado por Telefónica Internacional en 2002 por 16,92 millones de euros. El avión ya ha sido vendido. Tras la sentencia, Telefónica pagó el impuesto de matriculación pero ha recurrido al Supremo. Este diario ha contactado a buena parte de empresas y bancos afectados -BBVA, RBS, Santander, Iberdrola, Telefónica, Inveravante, Timón, Planeta, Grupo Villar Mir, Acciona- que o no han respondido o han declinado comentar.

Aunque estos han llegado al contencioso, otros grandes empresarios aceptaron en conformidad la liquidación de Hacienda y pagaron en su momento, por lo que el dinero recuperado por Hacienda en estas operaciones es mayor. Las sentencias obligan a pagar el impuesto de matriculación, pero eliminan en algunos casos los recargos por sanción que había impuesto Hacienda y que sumaban otras decenas de millones. Consideran que en esos no hubo negligencia y que la Administración registró los aviones como pertenecientes a empresas de navegación aérea, por lo que no cabe añadir un recargo. Es decir, que a algunos de los que optaron por la fórmula del subarrendamiento para ahorrarse el impuesto pagan ahora lo que debieron pagar en su día (con cuantiosos intereses, eso sí).

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