El Proyecto llega marcado por el enfoque de la CEOE

La Ley de Contratos Públicos, nuevo campo de minas para Rajoy en el Congreso

Los caballos de batallas son dos: la capacidad de segmentar los contratos públicos en lotes pequeños, y los plazos de cobro que tendrán que soportar las empresas de subcontrata

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy. (EFE)
Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy. (EFE)

El revés de la estiba ha sido el primero pero puede que no sea el último que reciba Mariano Rajoy en el Congreso. Comienza ahora la tramitación del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el cual llega tan sólo con el enfoque que se le ha querido dar desde la CEOE y que despierta amplios recelos en la mayor parte de los grupos de la oposición, según han explicado fuentes políticas conocedoras del proyecto.

En esencia, los caballos de batallas son dos: la capacidad de segmentar los contratos públicos en lotes pequeños, de manera que las pymes también puedan optar a ellos; y los términos y plazos de cobro que tendrán que soportar las empresas de subcontrata que ofrezcan servicios a las ganadoras de los concursos para evitar lo que pasa en la actualidad: que las empresas pequeñas se convierten “de facto” en financiadoras de las grandes, al pagar éstas últimas a plazos muy superiores a los 200 días.

Algunos “lobbies” intentaron aprovechar la redacción de la ley para impulsar cambios y favorecer a las pymes en condiciones de igualdad con las grandes empresas. Fue el caso de Pimec o de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Sin embargo, la versión definitiva que ha entrado en la cámara legislativa solo recoge los intereses de la CEOE, que en esencia, y según los críticos del proyecto, sigue manteniendo los privilegios de las grandes compañías españolas como proveedores principales del sector público.

Todos los intentos de Pimec u otros grupos por fomentar la creación de lotes menores no han prosperado. Esto permitiría por ejemplo, que megaconcursos como el de la seguridad de Adif –123 millones– pudieran trocearse y que algunas empresas pequeñas tuviesen opciones reales de aspirar a pequeños paquetes. En cambio, lo que ocurre ahora es que este tipo de contratos sólo los pueden obtener grandes compañías, que luego, a su vez, subcontratan una parte de los servicios. Al contrario, el Proyecto sigue dando margen a las mesas de contratación para que justifiquen el mantenimiento de grandes lotes.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell. (EFE)
El presidente de la CEOE, Juan Rosell. (EFE)

Otro de las limitaciones que quieren las empresas pequeñas es limitar el período de pago a las subcontratadas a un máximo de 60 días. El objetivo es que ya que las pymes acaban, en la práctica, imposibilitadas para ganar los concursos no terminen al final haciendo de banqueros ocultos de las grandes corporaciones. En la práctica, ni ésta ni otras medidas como el establecimiento de certificaciones se acaban viendo reflejadas en el texto legal.

El texto contiene tantas excepciones que en la práctica traiciona el espíritu reformista con el que había sido impulsado en su forma originaria

De hecho, en el Proyecto, tal y como ha llegado al Congreso, se permite la ampliación de los plazos establecidos, tal y como se plantea en el artículo 214, apartado 5, del proyecto de ley: “El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre”. Una excepción que desde las pymes se teme que se convierta en la vía principal que usarán las grandes compañías para relacionarse con sus subcontratadas.

La ley más importante

La Ley de Contratos del Sector Público es de una importancia capital. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó en el Congreso cuando presentó un texto que esta legislación regulará un total de 125.000 contratos públicos que se firman cada año y que suponen el 10% del PIB. Desde el punto de vista económico sería difícil encontrar un texto legal de mayor relevancia.

Cristobal Montoro. (EFE)
Cristobal Montoro. (EFE)

Tal y como está el Proyecto el PP no tendrá apoyos suficientes para sacarlo adelante. Ni el PSOE, ni otros grupos como C’s, Podemos, PNV, PDeCAT o ERC apoyan el actual redactado de una ley que prevé de manera formal la transposición de medidas de la UE. Consideran que hay demasiadas excepciones que permitirán, de un modo u otro, que la situación siga siendo la misma que ahora.

Tras el revés en el decreto de la reforma de la estiba, la debilidad parlamentaria del PP resulta más que evidente. Y hay un centenar de asociaciones profesionales, aglutinadas a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que quieren incluir enmiendas en una ley ya de por sí muy compleja. Si la norma prospera no será bajo la actual fórmula que los populares han llevado a la cámara.

División en la propia CEOE

En la propia CEOE hay división de opiniones. En una carta a la secretaria de la patronal, Ana Plaza, algunas asociaciones integrantes mostraban su desacuerdo con el enfoque aplicado desde la asociación que preside Joan Rosell, según consta en el documento al que ha accedido El Confidencial.

“No sólo no se recoge lo propuesto en nuestra asociación” se lamentan en la misiva “sino que se recogen enmiendas completamente contrapuestas a lo indicado por nosotros”. Incluso se quejan de que no se les ha convocado a la comisión correspondiente para debatir sobre las enmiendas.

En la práctica, el problema no es entre la CEOE y otras asociaciones empresariales. Se trata más bien de profundas diferencias de interés entre las grandes y las pequeñas empresas. O como las grandes compañías no quieren repartir el pastel de la contratación pública con las pymes.

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