La CNMV elude el concurso público en la elección del abogado de Segura y Restoy

La CNMV se ha acogido al artículo 55 de su propio Reglamento de Régimen Interior para justificar la asistencia letrada de Julio Segura y Fernando Restoy, incluyendo el pago de los costes que pueda acarrear la defensa penal de los que fueran presidente y vicepresidente del organismo regulador en el momento de la salida a bolsa de Bankia. El actual titular de la institución, Sebastián Albella, y su secretario general, Miguel Martínez, han mantenido relación directa con el despacho Alemany, Escalona & De Fuentes, encargado de representar a los dos antiguos máximos responsables de la Comisión de Valores.

La normativa de la CNMV establece la garantía en la defensa y asesoramiento jurídico de sus autoridades y personal por las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando la relación laboral o vínculo del interesado con la institución haya cesado en el momento de la reclamación o procedimiento. El reglamento en cuestión señala también que la CNMV habilitará los fondos precisos para la constitución de las fianzas y garantías que procesalmente pudieran exigirse. El mismo respaldo legal se hace extensivo a los causahabientes (herederos, en la terminología más común) de los afectados por reclamaciones de terceros.

La singularidad del caso Bankia y la trascendencia inevitable que supone para la imagen y reputación del organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento del mercado bursátil han exigido una especial implicación de los actuales responsables de la CNMV en la defensa de los que fueron sus antecesores. Albella ha manejado la situación desde el primer momento y ha sido el encargado directo en la nominación del máximo responsable encargado de la defensa, tarea que ha recaído en Joaquín de Fuentes, antiguo abogado general del Estado entre los años 2004 y 2012. No en vano, ambos son compañeros de promoción y accedieron juntos al cuerpo jurídico del Estado en 1984.

Desde un punto de vista oficial, y para evitar eventuales complicaciones con la normativa de contratación pública, la elección de los abogados ha sido formalizada a instancias de los propios implicados en la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Ni Julio Segura ni Fernando Restoy han tenido mayor inconveniente en asumir la responsabilidad formal en la selección de un profesional del derecho que, aparte de una dilatada experiencia en lo más alto de la Administración del Estado, cuenta con la confianza personal del presidente de la CNMV.

El Banco de España ha pagado también la asistencia legal de sus directivos, pero tratando de mantenerse al margen de la estrategia de defensa

El organismo regulador se limita en consecuencia a correr con los gastos en cumplimiento de su régimen interior de conducta, y evita de paso la necesidad de recurrir a un concurso para adjudicar el pertinente contrato, tal y como se supone que es la obligación de toda entidad pública. La licitación pública habría supuesto además un obstáculo añadido, dada la premura de tiempo que exigía la encomienda jurídica y teniendo en cuenta además que la mayor parte de los grandes bufetes expertos en derecho penal no pueden prestar sus servicios porque ya están trabajando para otros de los muchos imputados en el caso Bankia.

Entre estos últimos, se incluyen los miembros del antiguo equipo de Supervisión del Banco de España, a los que también se ha prestado asistencia jurídica desde la institución que preside Luis Linde. Sin embargo, y a diferencia de la CNMV, las altas jerarquías del supervisor financiero han levantado una especie de 'muralla china' para no verse salpicadas en el procedimiento penal que tiene como principal protagonista al antiguo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El resto de directivos del Banco de España investigados en el caso Bankia han sido convenientemente aleccionados para que elaboren los aspectos técnicos de su defensa, a poder ser, fuera de sus despachos y de sus horas de servicio.

Segura y Restoy han encontrado el abrigo de la CNMV reforzando la línea argumental de sus respectivas comparecencias ante el juez en el respaldo institucional al más alto nivel de la entidad que preside Albella. El apoyo, en todo caso, ha sido mutuo, porque las declaraciones de ambos investigados han estado claramente orientadas a marcar distancias con el Banco de España, poniendo de relieve que la CNMV es solo un 'supervisor de transparencia' cuya misión consiste en asegurar que la información del emisor, en este caso Bankia, era trasladada de manera conveniente a los eventuales compradores. Dicho de otro modo, y salvo mejor opinión de los tribunales, todo el peso de la responsabilidad recae ahora en el Banco de España.