La banca deberá retratarse en el Parlamento por sus gestiones con las cláusulas suelo

Las grandes entidades financieras y la Asociación Española de Banca (AEB) se salieron con la suya el pasado mes de enero cuando imploraron a los grupos parlamentarios que el célebre decreto para la protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo no fuera tramitado como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. El sector consideraba que un debate político prolongado a lo largo de varias semanas acerca de un asunto de especial sensibilidad social, condenado incluso por los más altos tribunales en España y en la Unión Europea, podría ser motivo de un escarnio público que daría la puntilla a la ya de por sí deteriorada reputación de las instituciones de crédito en nuestro país.

El Gobierno negoció con el PSOE y Ciudadanos un acuerdo exprés que evitase el mal trago, pero esta medida de gracia no les va a resultar gratis a los bancos. La factura la pasarán ahora al cobro los partidos políticos a través del pertinente desarrollo reglamentario en el que se tiene que aprobar la comisión de seguimiento encargada de vigilar todo el proceso extrajudicial para la resolución de los conflictos planteados por los clientes hipotecarios con cláusulas suelo. El reglamento del decreto está siendo ultimado estos días por el Ministerio de Economía y ha encendido de nuevo las alarmas en buena parte de las entidades financieras.

Las entidades tendrán que explicar los acuerdos alcanzados con el fin de cuantificar el importe de las cláusulas suelo que ha sido reembolsado

El planteamiento acordado por los grupos de la oposición con el ministro Luis de Guindos tiende a la definición de un marco especial de transparencia que obligue a los bancos a retratarse en el Parlamento dando cuenta detallada de las gestiones efectuadas con sus prestatarios. Las entidades tendrán que explicar los acuerdos alcanzados con el fin de cuantificar el importe de las cláusulas suelo que finalmente ha sido reembolsado y, que en lógica consecuencia, fue cobrado de manera indebida. Además, y quizá más importante si cabe, los bancos tendrán que motivar claramente las razones por las que se niegan a admitir las reclamaciones de sus clientes o que impiden la formalización de acuerdos una vez agotado el cauce de la negociación.

Los expedientes informativos de todas y cada una de las entidades financieras se harán llegar al Congreso de los Diputados a través de un nuevo organismo de control y evaluación perfilado en el decreto de enero, pero cuyas funciones efectivas están todavía pendientes del citado reglamento normativo. La comisión de seguimiento emitirá informes semestrales y estará compuesta por representantes de la sociedad civil incluyendo juristas expertos y delegados de las asociaciones de consumidores. La misión principal consistirá en garantizar el puntual cumplimiento de las nuevas obligaciones de información de los bancos, especialmente en sus relaciones comerciales con las personas vulnerables.

Los grupos políticos confían en que los bancos acepten de buen grado el plus de transparencia que tendrán que pagar para mejorar su reputación social

La comisión de seguimiento tendrá en su mano la opción de proponer medidas adicionales para impulsar la correcta implantación del nuevo mecanismo de resolución extrajudicial. Esta disposición demuestra que el Gobierno no las tiene todas consigo acerca de la determinación que puedan exhibir cada una de las entidades para cerrar acuerdos con sus clientes por la vía rápida. Los partidos políticos no quieren que el espíritu de la normativa quede a expensas de la voluntad de los bancos y consideran que la única forma de garantizar el éxito del decreto ley pasa por someter las actuaciones de las entidades financieras el escrutinio del Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios tratan de calibrar la acogida voluntaria de los bancos a este plus de transparencia que puede servir también para mejorar la consideración social de los grandes bancos españoles. Fuentes oficiales aseguran que no solo se trata de resarcir a los clientes por las cláusulas suelo sino también de contribuir a restaurar la imagen de todo el sistema financiero después del enorme desgaste sufrido durante la crisis financiera. Tanto el Gobierno como el PSOE y Ciudadanos entienden que los bancos tienen que defender su responsabilidad corporativa y disponen ahora de una oportunidad inmejorable para limpiar su reputación en medio de la gran plaza pública representada en el Parlamento.

Tanto el Ministerio de Economía como sus interlocutores de la oposición esperan que la promulgación del reglamento sobre las cláusulas suelo sea saludada desde el mercado financiero con algún gesto inequívoco que evidencie la eficacia del nuevo esfuerzo de transparencia. Una vez más las expectativas están depositadas en Bankia y, para ser más exactos, en su presidente José Ignacio Goirigolzarri que siempre suele responder con un paso al frente cuando los poderes públicos convocan manifestaciones de cuello blanco. En el caso que ocupa, la banca y los políticos tienen intereses compartidos porque ambos pueden lamerse mutuamente las heridas si contribuyen a dar una satisfacción a los 1,5 millones de clientes afectados por las cláusulas suelo.