Por la Ley de Sociedades de Capital

López Madrid, Ramón Espinar, Luis Blasco, Corsini... la ley les obliga a dejar sus cargos

La Ley de Sociedades de Capital prohíbe ser administrador de una sociedad, cotizada o no, a los condenados por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, como ocurre con las 'black'

Foto: El exconsejero delegado del grupo Villar Mir Francisco Javier López Madrid, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
El exconsejero delegado del grupo Villar Mir Francisco Javier López Madrid, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

El artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital lo dice claro: "No pueden ser administradores (...) los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico". Y la apropiación indebida, por la que fueron ayer condenados los 65 imputados por las tarjetas 'black', es una de las faltas que inhabilitan para ser consejero de una compañía en España.

Esta normativa afecta a todas las sociedades mercantiles, independientemente de que sean cotizadas o no, y golpea directamente al futuro profesional de Javier López Madrid, consejero delegado de Grupo Villar Mir, presidente de FerroGlobe, vicepresidente de Ferroatlántica, apoderado de Espacio Activos Financieros, consejero de Fertiberia, del grupo de infraestructuras OHL y de varias filiales de estas sociedades. Fuera del 'holding' familiar, también es administrador de SIA Capital, entre otras.

Con la ley en la mano, el yerno de Juan Miguel Villar Mir deberá abandonar todos los sillones de administrador que ocupa en estas sociedades, tras haber sido condenado ayer como "responsable de un delito continuado de apropiación indebida", con una pena de seis meses de prisión.

La misma inhabilitación afecta a Juan Iranzo, que también ocupa un sillón como consejero de Fertiberia, y al resto de condenados, como Miguel Corsini, expresidente de Renfe y actualmente consejero de la cotizada Laboratorios Farmecéuticos Rovi, entre otras empresas. La compañía, controlada por el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan López-Belmonte, ha defendido hasta ahora mantener a Corsini en su cargo "respetando el principio de presunción de inocencia", según señala en su informe anual de buen gobierno.

Luis Blasco, histórica mano derecha del expresidente de Telefónica César Alierta, todavía se sienta en los máximos órganos de administración de varias sociedades del 'holding' de telecomunicaciones, entre las que destaca la presidencia de Telefónica Audiovisual Digital, además de ser hombre fuerte de Florentino Pérez en la directiva del Real Madrid.

Ramón Espinar Gallego, padre del líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, aparece en el registro como consejero del colegio privado Antamira, de la Patrimonial Antamira, dedicada a promover estas escuelas; y de Morezon Holding, sociedad ligada a la constructora Copasa. Otro ejemplo es Alberto Recarte, presidente de Grupo Centunion y consejero de sociedades del mismo 'holding', como Alcalagres, o externas al grupo familiar, como Unidad Liberal Radio, ligada a la emisora esRadio.

Un caso significativo es el de Arturo Fernández, quien hace dos años vio como su conglomerado empresarial, el Grupo Cantoblanco, caía en concurso y pasaba a estar tutelado por un administrador concursal, aunque en aquel momento se le permitió conservar las facultades de administración bajo la intervención concursal.

El precedente de Alfredo Sáenz

Aunque la ley prohíbe ser administrador a los condenados por apropiación indebida, la historia demuestra que, a la hora de cumplir lo que dicta la ley, los afectados han recurrido en ocasiones al recoveco de que la sentencia no es todavía firme para evitar someterse a la norma. El caso que más ríos de tinta hizo correr fue el de Alfredo Sáenz, hombre fuerte del fallecido Emilio Botín, y consejero delegado de Banco Santander durante 11 años, que en el año 2009 fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de prisión por los delitos de apropiación y denuncia falsa, cometidos cuando era presidente de Banesto.

El directivo continuó al frente del Santander, alegando que la sentencia no era firme hasta que se pronunciara el Tribunal Supremo, que en marzo de 2011 refrendó la condena, aunque rebajó la pena a tres meses de arresto. El fallo inhabilitaba al directivo para seguir al frente de la entidad, ya que incumplía los criterios de honorabilidad que dicta la normativa del Banco de España, pero Sáenz siguió al frente de la entidad hasta abril de 2013, gracias al indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pocos meses después del pronunciamiento del Supremo.

En el caso de los condenados por las tarjetas 'black', queda en manos de cada uno de ellos, y de las sociedades en las que son administradores, continuar en el cargo o abandonarlo a la espera de conocer el resultado del aluvión de recursos que, presumiblemente, seguirá al fallo conocido ayer.

Javier López Madrid, consultado por este medio, ha señalado que "dado que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme, ha dado instrucciones a sus abogados para recurrirla ante el Tribunal Supremo", declaración que indica que no tiene intención de dejar sus cargos hasta que se pronuncie el alto tribunal.

Caso distinto será, probablemente, el de Luis Blasco, quien ya antes de conocer esta condena tenía previsto abandonar todos los consejos de las filiales de Telefónica en el primer semestre de este año, según señalan desde la operadora.

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