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El Gobierno avala la 'comisión Bankia' para condenar la política económica de Zapatero
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INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO

El Gobierno avala la 'comisión Bankia' para condenar la política económica de Zapatero

Las críticas vertidas por Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su libro contra el Gobierno se han vuelto ahora en contra del exgobernador tras la imputación de la Audiencia Nacional

Foto: El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (EFE)
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (EFE)

Desde que José María Aznar salió escaldado con la célebre comisión de investigación de Gescartera, allá por el otoño de 2001, los sucesivos gobiernos del Partido Popular se han mostrado reacios a repetir la experiencia ante los diferentes escándalos económicos en España. La política de encender el ventilador en la plaza pública al grito de ‘caiga quien caiga’ parecía haber pasado definitivamente a la historia, pero la deriva del caso Bankia, con la imputación de la antigua cúpula ejecutiva del Banco de España encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha motivado también un giro en la estrategia y en la conciencia del grupo que sustenta a Mariano Rajoy. Tras el pronunciamiento de los tribunales, el Gobierno está dispuesto a levantar las alfombras en sede parlamentaria con todas las consecuencias.

Guindos echa en cara al Gobierno de Zapatero no haber actuado antes para reestructurar el sector

Las distintas sensibilidades que existían dentro del gabinete presidencial sobre la conveniencia de llevar el caso Bankia al Congreso de los Diputados han sido superadas a día de hoy. En medios cercanos a La Moncloa, existe la convicción de que el jefe del Ejecutivo no puede ni quiere oponerse a abrir una comisión que reclaman todas las fuerzas de la oposición. Lo que ahora se discute en el seno del Gobierno es la longitud de onda que deberá guiar el debate entre los diputados; el alcance del disparo, el calibre de la munición y el arma que se elige para el duelo. Todo ello bajo la convicción de que en esta ocasión la carga de la prueba puede ejercerse en diferido, trasladando el proceso político al punto y momento histórico a que se remontan los acontecimientos que se van a juzgar en la Audiencia Nacional.

El alegato del Gobierno, la mejor defensa es un buen ataque, reside en las propias críticas vertidas por el antiguo responsable del Banco de España cuando hace un año decidió sacar a pasear su libro de memorias, en lo que se consideró un ajuste de cuentas contra Luis de Guindos. El exgobernador trató de matar dos pájaros de un tiro ensalzando su gestión de la crisis financiera como contrapunto para denunciar la actuación del ministro de Economía en el posterior rescate a manos de la troika: “El error más importante fue magnificar los problemas del sector bancario español para criticar al Ejecutivo anterior (PSOE) y justificar el carácter salvador del nuevo Gobierno”, aseguraba MAFO en su incursión literaria, editada bajo el sugerente título 'Economistas, políticos y otros animales'.

MAFO y Jordi Sevilla trataron de justificar la 'mano izquierda' del PSOE ante la crisis criticando la política económica de ajustes y reformas de Rajoy

En parecidos términos se pronunció también el exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, cuando por las mismas fechas presentó también su libro sobre “los seis meses que condujeron al rescate”. El hasta hace poco asesor económico de Pedro Sánchez trató de echar un capote a su compañero de fatigas y puso el dedo en la llaga de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, señalando que “como también dijo el gobernador [por MAFO], el problema es que no estábamos preparados para una crisis de este tipo y acometer las reformas necesarias para ello lleva tiempo”.

Estas píldoras envenenadas venían inflamadas por la oleada de descontento social que provocaron los grandes ajustes efectuados por los nuevos responsables económicos tras la vuelta del PP al poder a finales de 2011. Guindos tuvo que morderse la lengua y esperar luego su momento para salir al paso con su libro de marras, publicado el pasado mes de septiembre. El ministro desahogó su malestar y se sacudió los dardos lanzados por sus rivales literarios con un relato que motivaba las razones del rescate y ensalzaba la recuperación económica como prueba determinante de su tarea de gobierno.

La denominada ‘batalla de librería’ adquiere ahora una nueva dimensión en el previsible rifirrafe parlamentario que va a ser escenificado en las Cortes. Mafo, Sevilla y probablemente algunos otros dirigentes socialistas de la etapa de Zapatero tendrán también que argumentar los motivos que impidieron en su día reconocer la magnitud de la crisis y proceder con la consecuente determinación. El argumento del exgobernador —para no provocar una hecatombe financiera— ya no sirve, al menos si se tiene en cuenta el demoledor auto de la Audiencia Nacional en el que pide al juez Fernando Andreu la imputación en el caso Bankia de la antigua plana mayor del Banco de España.

El diagnóstico fallido de la gran crisis

El Gobierno considera que los pretextos de MAFO, al igual que los de Jordi Sevilla, son la mejor confesión que los antiguos dirigentes socialistas han podido efectuar para quedar ahora retratados en el cuadro de deshonor de la más reciente y amarga historia económica de España. La falta de decisión para encarar los problemas estructurales del país, incluido el sistema financiero, estuvo claramente inducida por el diagnóstico equivocado de Zapatero, cuando aludía en 2007 a una crisis económica pasajera. El tiempo ha sido muy cruel a la hora de juzgar su capacidad de gestión política, pero lo peor es que el resultado se ha demostrado especialmente perverso y ruinoso para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Dentro del Partido Popular saben que la comisión de investigación solo servirá para desenterrar el inventario de reproches, críticas y rencillas sobre la situación económica de España, pero a la vista de lo sucedido, y con independencia de las responsabilidades penales que se sustancien en los tribunales, el momento puede ser bueno para cerrar el balance de la gran crisis, rindiendo cuentas con luz y taquígrafos en el Parlamento. Además del ‘caiga quien caiga’ del que ya se ocupan los jueces, la pretensión oficial del Gobierno se traduce mejor bajo la consigna de ‘a lo hecho, pecho’. De esta manera, el caso Bankia se convertirá en un proceso abierto sobre la política económica de los últimos años: la de Rajoy, pero también la de Zapatero.

Desde que José María Aznar salió escaldado con la célebre comisión de investigación de Gescartera, allá por el otoño de 2001, los sucesivos gobiernos del Partido Popular se han mostrado reacios a repetir la experiencia ante los diferentes escándalos económicos en España. La política de encender el ventilador en la plaza pública al grito de ‘caiga quien caiga’ parecía haber pasado definitivamente a la historia, pero la deriva del caso Bankia, con la imputación de la antigua cúpula ejecutiva del Banco de España encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha motivado también un giro en la estrategia y en la conciencia del grupo que sustenta a Mariano Rajoy. Tras el pronunciamiento de los tribunales, el Gobierno está dispuesto a levantar las alfombras en sede parlamentaria con todas las consecuencias.

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