Arias Cañete media entre Nadal y la CNMC para evitar una multa por los precios de la luz

El conflicto político que enfrenta al Ministerio de Energía con la CNMC sobre la regulación del sector eléctrico se ha convertido en un problema prioritario para el Gobierno español, que ha requerido los oficios del comisario Miguel Arias Cañete para que actúe de ‘hombre bueno’ y evite el sinsentido de una multa contra el Reino de España por parte de la Unión Europea. El máximo representante español en Bruselas ha intensificado en los últimos días su agenda de visitas a Madrid con el fin de posibilitar un acuerdo que permita incorporar al derecho mercantil en nuestro país las futuras directivas comunitarias en el mercado energético.

El plan que se propone tiende a incrementar los poderes delegados a la CNMC, para que además de dictaminar la metodología de tarifas en el mercado de electricidad pueda también fijar los precios finales, tal y como pretende la Comisión Europea en su cuarto paquete energético, que se hará efectivo en los próximos meses. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, es consciente del proceso irreversible que aboca a una transferencia de funciones a favor de las llamadas autoridades regulatorias nacionales (ARN) y trata de anticiparse a la legislación en ciernes con una solución que satisfaga a las autoridades comunitarias.

El nuevo responsable ministerial se ha entrevistado en distintas ocasiones con la delegación de la CE que encabeza Arias Cañete y tiene avanzado un acuerdo que supone un paso adelante en las competencias atribuidas hasta ahora a la CNMC, aunque un tanto lejano todavía de las aspiraciones que mantiene el organismo presidido por José María Marín Quemada. El ministro admite que el regulador tome a partir de ahora la iniciativa en el cálculo de los peajes eléctricos, que constituyen el componente fijo de los costes del sistema, pero se reserva un derecho de veto en el supuesto de que dicha propuesta de la CNMC comprometa los objetivos estratégicos de su departamento.

Nadal trata de replicar en España los mecanismos de actuación que están siguiendo los principales estados miembros de la Unión, como son los casos principalmente de Francia y también de Alemania. En dichos países, el regulador es, efectivamente, el encargado de fijar los precios de los llamados peajes de red, que son los que reflejan los costes inherentes del sistema. La adaptación a nuestro país de dicho esquema de trabajo dejaría fuera del ámbito del regulador aspectos básicos como el déficit de tarifa eléctrico, el sobrecoste de las extrapeninsulares y, en última instancia, el régimen especial de subvenciones a las renovables.

La solución pasa por que la CNMC fije los precios de los peajes eléctricos dentro de un marco orientativo de política energética del Gobierno

La tarea de la CNMC, que en la actualidad se limita a emitir un mero informe preceptivo sobre la orden de peajes que fija el Ministerio de Energía, tendría un carácter mucho más vinculante como agente activo en la determinación de los precios finales. Sin embargo, el Ministerio de Energía seguiría disponiendo de la facultad última en materia de política energética y elaboraría a tal efecto un documento de orientación general al que debería someterse el regulador a la hora de establecer la remuneración efectiva de los costes del sistema. A partir de ahí, los conflictos que pudieran surgir entre ambas partes serían trasladados al ámbito de las Cortes para su definitiva resolución.

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Las pretensiones del actual organismo único de supervisión superan a fecha de hoy el marco de la oferta formulada por el ministro a la Comisión Europea, y es ahí donde se impone la intercesión del comisario de Acción por el Clima y Energía. Miguel Arias Cañete trata de ejercer ahora sus mejores dotes de persuasión con la esperanza de que la futura arquitectura regulatoria en España alivie las tensiones y facilite más pronto que tarde un acuerdo de compromiso. En medios oficiales, existe la plena convicción de que la Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) desgajada de la actual CNMC será mucho más permeable al planteamiento del Gobierno.

Los dirigentes comunitarios son también los primeros interesados en que las controversias manifiestas entre el Ministerio de Energía y la CNMC no pasen a mayores y terminen provocando que el dictamen motivado de Bruselas desemboque a la postre en una sanción ejemplar contra el Reino de España. En el caso de Arias Cañete, su condición de representante español constituye una presión añadida para forzar un rápido acuerdo. Sería un verdadero fracaso, casi un sarcasmo, que el antiguo y repetido ministro de Aznar y de Rajoy no pudiera poner paz ahora dentro de su propio país para evitar que España infrinja por primera vez los tratados de la Unión con un Gobierno del Partido Popular.