La guerra de la Generalitat para cerrar los ‘gimnasios 24 horas’ salpica a Puigdemont

Colaboración público-privada en el peor sentido. Desde que hace más de una década CiU intentó colar en una negociación presupuestaria en Madrid lo que se denominó “enmienda Caprabo” no se recordaba nada igual. La Generalitat ha hecho de correa de transmisión de la empresa Dir y ha colocado en la ley de acompañamiento de los Presupuestos una medida que puede obligar a cerrar a los ‘gimnasios 24 horas’, un nuevo sector que básicamente opera en Barcelona.

La medida se ha deslizado al texto del proyecto de ley, en su artículo 181, que prevé la modificación del apartado 3º del artículo 63 del Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto Único de la Ley del Deporte. El texto considera que hacer ejercicio es como una actividad de riesgo, ya que obliga a la presencia permanente de un técnico deportivo en todos los espacios donde se practique deporte. Pero las empresas del sector consideran que esta medida hace inviable su negocio, marcado por habilitar espacio para desarrollar actividad física a cualquier hora.

Pero no son solo los gimnasios 24 horas los únicos que se oponen. Su postura ha sido refrendada por la Agencia Catalana para Competencia, que considera “la obligación de presencia de un técnico de deporte durante todo el horario de apertura de los centros o establecimientos deportivos o mientras se celebren las actividades de recreo y aventura es injustificadamente restrictiva de la competencia, así como probablemente contraria a la Directiva de Servicios. En consecuencia, se recomienda la supresión del artículo 181 del Proyecto de Ley”.

La historia se remonta a finales del 2014, cuando un funcionario de Consum convocó una reunión con los empresarios del sector para solicitarles que tomasen la misma medida que ahora se ha incorporado en la ley de acompañamiento. Los empresarios se negaron alegando que la presencia del técnico haría inviable sus negocios, un negocio que por otra parte opera en 30 países desde hace más de 15 años y con el mismo modelo de explotación. Frente a las quejas de los participantes, el funcionario acabó confesando que detrás de la medida estaba Alfons Conesa, director de la Agencia Cataluña, y de las presiones que estaba ejerciendo el presidente de la cadena de gimnasios Dir, Ramon Canela. En esa época el 'conseller' de Empresa y Ocupación era Felip Puig.

Pese al final de la legislatura, la guerra de los gimnasios siguió adelante. Y la Generalitat no hizo de árbitro sino que tomó partido, al elaborar una iniciativa legislativa en el mismo sentido en el que había apuntado Consumo. En el sector ha causado especial escándalo que Conesa, que dejó la Generalitat en marzo de 2016, cuando fue imputado por irregularidades en un concurso público, fichase nueve meses después como patrono de la Fundación Dir. Alfons Conesa es un histórico de CDC y padre de la presidenta de la Diputación de Barcelna, Mercé Conesa. Políticas públicas con intenciones privadas.

Puigdemont entra en juego

El presidente catalán, Carles Puigdemont, era ajeno a esta operación pero le ha acabado salpicando porque la redacción de la medida a caído en manos del secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras. De hecho, ahora es Figueras quien desde el pasado mes de noviembre ha acudido al grupo parlamentario de Junts pel Sí para modificar la iniciativa legal e intentar contentar así a la Agencia Catalana de la Competencia. Y la medida implica a Puigdemont porque la secretaría general de deportes no depende de ninguna 'conselleria' sino que cuelga directamente de Presidencia.

Problema para el sector

La aplicación de esta nueva norma implica numerosos problemas y no solo para las multinacionales de los gimnasios. Las pistas de pádel, los campos de futbito, y buena parte de las instalaciones deportivas municipales carecen de la figura del técnico, por lo que su aplicación implicaría costes añadidos, tal y como pone de manifiesto la Autoridad Catalana de la Competencia.

Desde el sector de los gimnasios 24 horas no se entiende que una medida como esta se incluya en la ley de acompañamiento de unos Presupuestos y que tampoco se busque un acuerdo del sector sino que se imponga de manera unilateral uno de los puntos de vista.