contratación de 3.000 megavatios

Nadal blinda la 'megasubasta' de renovables para que no se repita el fiasco de Soria

El Ministerio de Energía está escaldado de la experiencia padecida hace un año, cuando se adjudicaron proyectos a cero subvención, pero cuya ejecución se encuentra aún en el alero

Foto: El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. (EFE)
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. (EFE)

Los hermanos Álvaro y Alberto Nadal han dejado en evidencia el viejo aforismo por el cual nadie escarmienta en cabeza ajena. El primero, ministro de Energía, está escaldado de la experiencia padecida por el segundo, quien en calidad de antiguo secretario de Estado del ramo llevó a cabo hace un año la primera gran subasta de renovables, adjudicada a coste cero para el Estado, pero de cuyos proyectos todavía no se sabe nada bueno. De ahí que ahora, y para no tropezar en la misma piedra, el Gobierno haya blindado a prueba de especuladores y con unas cautelas extraordinarias en forma de avales y fechas de entrega la nueva concesión de hasta 3.000 megavatios, que serán adjudicados antes de que finalice el mes de marzo.

En enero de 2016, el antiguo Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria puso en marcha una subasta de 700 megavatios 500 eólicos y 200 de biomasa—, cuyo resultado rompió los esquemas del sector. Las grandes compañías generadoras se vieron sorprendidas por la competencia inesperada de entidades hasta entonces desconocidas, como Forestalia y el Grupo Jorge. Dos sociedades vinculadas a los hermanos Samper, empresarios agropecuarios de Zaragoza, que ganaron por la mano los principales proyectos en concurso ofreciendo el mejor precio o, lo que es igual, reclamando la menor subvención posible con ofertas a coste cero para el Estado.

Los antiguos responsables de la política energética no tardaron en sacar pecho, alardeando de su pericia a la hora de imponer criterios de máxima austeridad en el desarrollo de una tecnología que, como es el caso de las renovables, ha estado a punto de llevarse por delante a todo el sector eléctrico. La gran reforma energética ha sido la consecuencia directa de las enormes y tradicionales primas a las llamadas energías limpias, que obligaron luego al Gobierno de Mariano Rajoy a un duro ajuste de subvenciones, amenazando incluso la seguridad jurídica del país, con tal de parar la sangría del déficit de tarifa, que llegó a situarse en cotas cercanas a los 30.000 millones de euros en España.

El Ministerio de Energía se cubre las espaldas y triplica la fianza a los concesionarios con respecto a la subasta celebrada hace un año

La alternativa de una subasta sin subvención ponía de relieve, 'a priori', el acierto de la estrategia oficial, pero los anteriores responsables de la política energética se pasaron de frenada y no cayeron en la cuenta de atar en corto a sus flamantes concesionarios, que a día de hoy mantienen prácticamente paralizados los proyectos a la espera de encontrar la mínima financiación que permita ponerlos en marcha. Si acaso, los únicos que han empezado a mover ficha han sido los portugueses de EDP, que obtuvieron 98 megavatios de eólica en la subasta de enero de 2016. El resto, incluyendo las dos empresas aragonesas citadas, así como Ence y la gallega Renova, no han iniciado todavía con plenas garantías la fase de arranque de sus respectivas adjudicaciones.

El nuevo ministro de Energía no tiene en estos momentos ninguna capacidad para exigir responsabilidades, ya que los términos en los que fue desarrollada la subasta de hace un año constituyen una garantía contractual para sus ganadores. No en vano, los proyectos tienen su fecha límite en marzo de 2020, y hasta entonces nadie puede enmendar la plana a los propietarios de las licencias ni siquiera para reclamar los avales fijados en 20.000 euros por megavatio. De ahí quizá que Álvaro Nadal prefiera descontar como fallida la operación y haya salido al quite con una ‘megasubasta’ de 3.000 megavatios, suficientes para compensar con creces los 700 que ahora están en la estacada, y que será materializada con los mayores y más estrictos controles administrativos.

Además del real decreto que establece la necesidad de contratar la nueva potencia de generación renovable, el Ministerio de Energía ha remitido a la CNMC una orden ministerial con los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir los participantes en la puja. Entre los mismos, destaca la fijación de un cronograma de hitos destinado a garantizar el seguimiento puntual de los proyectos, cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución de los avales. A este respecto, el Gobierno ha elevado de manera drástica las fianzas hasta un total de 60.000 euros, lo que supone tres veces más que las impuestas en la subasta de hace un año.

El Gobierno se reserva la opción de limitar los descuentos en las ofertas con el fin de evitar 'bajas temerarias' que luego salen muy caras

Las garantías se irán devolviendo a medida que los adjudicatarios completen las distintas fases de los proyectos; primero, la identificación de la instalación por la Dirección General de Política Energética y Minas; segundo, la aprobación del proyecto de ejecución, con sus requisitos y plazos previstos, y tercero, la inscripción de la instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. La renuncia a la adjudicación implicará la pérdida automática de los avales, que puede incluso alcanzar a la totalidad de los 60.000 euros de fianza si la marcha atrás se produce transcurrido un año desde la fecha de inscripción en el registro.

El Ministerio de Energía se reserva además el derecho a fijar un límite máximo de descuento en las ofertas con el fin de evitar eventuales ‘bajas temerarias’. Esta condición será determinada en la resolución de convocatoria de la subasta y pone de manifiesto la nueva estrategia que el Gobierno quiere imponer en la política de compras del Estado. El viejo modelo de contratación pública se ha demostrado obsoleto y la percepción social ha terminado por deslegitimar operaciones que, con el tiempo, se han demostrado especialmente onerosas para el erario público. El célebre ‘Castor’, las radiales y, a lo peor, la anterior subasta de renovables evidencian que lo barato suele salir muy caro cuando no se establecen garantías básicas que defiendan el interés general por encima de los beneficios particulares.

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