PSOE y C's quieren romper el monopolio del PP en la CNMC antes de la 'Ley de Secesión'

La reforma de los organismos reguladores de la actividad económica, que supondrá la división de la actual CNMC en dos entidades separadas, está siendo diseñada por los técnicos del Ministerio de Economía con el fin de presentar un nuevo proyecto de ley en el Congreso de los Diputados a lo largo del primer trimestre de 2017. Pero antes de que la normativa adquiera carta de naturaleza, el Gobierno trata de negociar por vía exprés un pacto de Estado que permita configurar el nuevo modelo de supervisión económica con la participación de los principales partidos constitucionalistas; esto es, con la complicidad y participación activa de nuevos comisionados propuestos por el PSOE y Ciudadanos.

El debate sobre el destino de la CNMC no reside tanto en el troceo del actual ‘supervisor mayor del Reino’, que se da por descontado, sino principalmente en el reparto de poderes con que se trata de asegurar el equilibrio funcional de las futuras autoridades de competencia y de regulación de los mercados. Para ello se necesita un consenso previo que ponga fin al monopolio del Partido Popular en el actual organismo único de regulación, donde el partido en el Gobierno copa actualmente ocho de los diez sillones del consejo. Los dos restantes están reservados a los representantes de los dos grandes grupos nacionalistas de PNV y la antigua CiU.

Los contactos que el ministro de Economía, Luis de Guindos, viene manteniendo en las últimas semanas con los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos siguen la estela previamente establecida en las conversaciones que el propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, llevó a cabo de manera preliminar con una y otra formación política antes de las elecciones del 26-J. En aquellos momentos la representación de la cartera económica del PSOE estaba encomendada al exministro Jordi Sevilla, ahora alejado de la agenda política, en tanto que el partido de Albert Rivera trabajaba intensamente bajo el liderazgo en la materia de Luis Garicano.

A día de hoy, los interlocutores son el diputado Pedro Saura junto al también exministro Valeriano Gómez por el lado del PSOE y Toni Roldán como portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, aparte del propio Garicano. Para unos y otros es fundamental que el Partido Popular reduzca su posición en la CNMC de manera proporcional a su representación parlamentaria, lo que se traduce incluso en la cesión efectiva de la mayoría absoluta. Dicho en otras palabras, el actual partido en el Gobierno no podría disponer de más de cuatro comisionados en la entidad conjunta todavía vigente con el fin de preparar así el terreno y asegurar la distribución de poderes más equitativa en la próxima ‘Ley de Secesión’.

El objetivo de los partidos de oposición consiste en que el PP reduzca a un máximo de cuatro los ocho representantes que ahora atesora en la CNMC

El acuerdo político viene condicionado también por el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera inapropiado el cese anticipado del presidente de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo y el exconsejero Xabier Ormaechea, como consecuencia de la creación de la actual CNMC. La Corte de Luxemburgo apela a razones de independencia que son las que más influyen a la hora de salvar las apariencias en este tipo de nombramiento. En definitiva, es muy probable que ambos comisionados, el primero representante del PSOE y el segundo del PNV, tengan que ser resarcidos en el cargo con sendos puestos de consejo en el actual organismo regulador de los mercados y la competencia.

Todo ello obliga a buscar vacantes debajo de los sillones que ahora ocupan los vocales agraciados en el cargo. Tres están en funciones desde septiembre de 2015 y otros tres cesarán automáticamente en septiembre del próximo año. Los primeros son María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez que se han mantenido al frente de sus ocupaciones gracias al bloqueo político tras las fallidas elecciones del 20 de diciembre del pasado año. El Gobierno decidió esperar acontecimientos antes de abordar el relevo con el fin de disponer de alguna moneda de cambio que ahora puede ser de gran utilidad con vistas a ese ‘matrimonio de conveniencia’ parlamentario que los distintos ministros de Rajoy tratan de fomentar con la tropa socialista.

El PSOE se negó en principio a formar parte de lo que entendían como el ‘aquelarre de la CNMC’, pero de eso hace ya casi cuatro años y los tiempos obligan a un cambio de actitud que probablemente dará resultado en la configuración de los futuros organismos reguladores. El problema para el PP reside en que el socio natural con el que ha pactado la división de la CNMC es Ciudadanos y eso obliga al Gobierno a ser especialmente considerado con la formación naranja. Más si cabe teniendo en cuenta que Albert Rivera también ha cambiado el paso y quiere ahora acelerar en busca de una cuota de poder que otorgue a su proyecto político un papel más relevante dentro de la Administración del Estado.

El organismo único de supervisión tiene diez vocales, de los que tres están en funciones desde hace un año y otros tres deben cesar en septiembre de 2017

Las dos entidades que surjan tras el despiece de la CNMC, la de competencia y la de mercados, constituyen el mejor caldo de cultivo para una mayor cohesión política en España, pero antes de eso es fundamental asegurar el reparto del botín en el seno del que todavía es considerado como el ‘Supervisor mayor del Reino’. De ahí la conveniencia de abordar con tiempo los descartes y conseguir que alguno de los vocales en expectativa de salida puedan incluso ceder 'galantemente' su puesto. De este modo, el Gobierno podría ampliar tranquilamente la oferta al PSOE y Ciudadanos sin olvidar a los dos grupos nacionalistas presentes de toda la vida en las viejas comisiones de supervisión económica.

Los tres comisionados que recibieron la bola negra de relevo programado para el próximo otoño son Fernando Torremocha, Idoia Zenarruzabeitia y Josep María Guinart. Los dos últimos representan al PNV y la antigua CiU respectivamente por lo que serán previsiblemente renovados o sustituidos por cargos de la misma filiación política. Dicho de otro modo, la carta secreta de Luis de Guindos para barajar una posibilidad de acuerdo global reside en Torremocha, cuyo sillón de mando podría añadirse a los otros tres que llevan un año largo en funciones. De esta forma el Gobierno estaría en condiciones de garantizar la entrada del PSOE y Ciudadanos en la CNMC reduciendo al PP a un máximo de cuatro vocales sobre un total de diez.

La solución en ciernes dejaría supuestamente satisfechos a todos con vistas a la ulterior reestructuración del modelo de regulación económica en España. La ‘Ley de Secesión’ supone paradójicamente el punto de encuentro para renovar el pacto político que los principales grupos del arco parlamentario mantuvieron hasta hace unos años en la configuración de las entidades de supervisión. No se olvide que la CNMV, tras la designación de Sebastián Albella, tiene aún dos vacantes de consejo a cubrir y que la cúpula dirigente del Banco de España, con Luis Linde al frente, deberá ser renovada a mediados de 2018. Otra cosa diferente es el método de elección de los futuros comisionados y si verdaderamente los partidos políticos se pondrán igualmente de acuerdo en asegurar la ‘sagrada independencia’ que se supone -es un decir- a cualquier organismo de control y vigilancia económica en nuestro país.