Montoro se cura en salud y lamina los contratos a dedo en las empresas públicas

El Ministerio de Hacienda está desplegando una campaña informativa entre las principales instituciones empresariales del sector público para que eliminen la práctica, habitual hasta ahora, de parcelar contratos para luego adjudicarlos a dedo. El requerimiento se hace extensivo a la Dirección General del Patrimonio y demás organismos que ejercen derechos de socio o tutela en sociedades mercantiles estatales, entre los que destaca la Sepi, que preside la antigua subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero. Todos estos organismos deberán instar a sus representantes en los consejos de administración para que eviten la mínima fisura en la nueva y más rigurosa política de contratación.

La decisión responde a un reciente acuerdo del Consejo de Ministros y trata de dar una respuesta adecuada a la Comisión Europea en la advertencia que las autoridades de Bruselas enviaron al Gobierno este pasado verano para que corrigiera la situación de déficit excesivo. En la misiva remitida a primeros de agosto, se ponía el acento en la necesidad de ajustar las cuentas públicas de cara a la nueva senda fiscal en nuestro país, pero al mismo tiempo se afeaba de forma manifiesta el sistema de contratación pública llevado a cabo por España y que Bruselas considera un “foco de irregularidades” con efectos negativos para las finanzas del Estado.

El Consejo de la Unión Europea señalaba textualmente en su carta que “España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado del recurso al procedimiento negociado sin publicidad previa en comparación con otros estados miembros”. Un diagnóstico realmente crítico, pero que es compartido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. A partir de ahí, Cristóbal Montoro quiere evidenciar ante Bruselas un claro propósito de enmienda, con actuaciones inmediatas de reforma que se inscriben dentro del marco regulatorio del nuevo proyecto de Ley de contratos del sector público que fue remitido a las Cortes a finales de noviembre.

Dicho procedimiento negociado se ha convertido en una especie de manga ancha en las relaciones mercantiles de empresas públicas, que podían elegir directamente a sus contratistas entre tres únicas ofertas y sin dar mayor cuarto al pregonero. El sistema está regulado en la actual ley para casos excepcionales, pero entre ellos se incluía un motivo de cuantía que, a la postre, se ha demostrado como un boquete demasiado grande por el que se colaban operaciones cuando menos dudosas, y que han provocado las suspicacias de las autoridades comunitarias acerca de la política de contratación pública en nuestro país.

La Comisión Europea critica abiertamente la política de contratación pública seguida en España, que se considera como un verdadero 'foco de irregularidades'

La normativa hasta ahora vigente permitía que las administraciones públicas pudieran adjudicar contratos por esta vía ciertamente arbitraria cuando el importe de los mismos fuera de menos de 200.000 euros, en los casos de obras públicas, y 60.000 euros, en los demás servicios. Esta referencia a la cuantía es la que desaparece en el nuevo sistema de contratación establecido a instancias del Ministerio de Hacienda, lo que supondrá una drástica reducción de los supuestos en los que a partir de ahora podrá utilizarse el controvertido procedimiento negociado, según admiten fuentes oficiales.

El Gobierno trata de poner coto a la proliferación de adjudicaciones directas que, a la postre, derivan en un aumento de gasto público y limitan también la competencia entre empresas, tal y como viene denunciando desde hace tiempo la CNMC en su papel de principal supervisor de la actividad económica. Los contratos del Estado, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos, han constituido los principales casos de corrupción durante estos últimos años, lo que ha provocado una desconfianza generalizada en la clase política y una enorme crispación social con la repetición de escándalos en cadena por toda España.

La supresión del procedimiento negociado implicará para los diferentes organismos de contratación la obligación de publicar anuncios con carácter previo o simultáneo en todas las invitaciones de formulación de ofertas que se realicen. El anuncio deberá permitir el acceso a los pliegos y fijará un plazo no inferior a los siete días hábiles para la presentación de las propuestas. Este protocolo de actuación será trasladado también a las comunidades autónomas y federaciones de entidades locales a fin de que implementen en su ámbito de competencias instrucciones análogas a las adoptadas por el Estado.