Colonial estudia convertirse en socimi tras perder efectividad sus créditos fiscales

La reforma del Impuesto de Sociedades del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue impactando en las empresas, que exploran cambios para mantener los entornos fiscales más favorables. Ahora es Inmobiliaria Colonial (ver cotización) la que busca un modo de adaptarse, al ver que la modificación legal limita, y mucho, la disponibilidad de los créditos fiscales con los que contaba la empresa. Ante eso, la empresa que preside Juan José Brugera estudia convertirse en una socimi, como fórmula para que los cambios legislativos no afecten a la rentabilidad de la compañía.

Fuentes del sector inmobiliario cercanas a la inmobiliaria catalana han explicado que en el seno de la empresa se ha creado un grupo de trabajo que está estudiando si Inmobiliaria Colonial se acaba convirtiendo en una socimi, como ya lo son buena parte de sus competidores, por ejemplo, el grupo Merlín Properties. Portavoces de Colonial ha declinado hacer declaraciones.

Socimi es el acrónimo de Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, que a cambio de una serie de condiciones, tales como mantener inmuebles en alquiler durante periodos establecidos entre los tres y siete años, gozan de beneficios fiscales, como tributar al 19% del Impuesto de Sociedades o la exención parcial del 20% para las rentas provenientes del alquiler de viviendas para empresas de este tipo cuyo parque de residencias en alquiler supere la mitad de los activos. Por ello, esta ha sido la fórmula preferida de los inversores extranjeros para volver al mercado inmobiliario español después de la crisis.

Inmobiliaria Colonial es una de la compañías del sector con mayor volumen de pérdidas acumuladas, fruto de la mala gestión de la época de Luis Portillo. Según consta en la memoria de Colonial, a cierre de 2015 el grupo tenía bases imponibles negativas consolidadas acumuladas de años anteriores por valor de 1.362 millones de euros. Siguiendo una política conservadora, estas bases imponibles negativas se quedaron fuera de balance, de manera que no aparecen recogidas en el valor de la compañía, que en ese momento se situaba en 6.913 millones, como valor bruto de los activos (GAV).

En teoría, Colonial iba a estar años pagando muchos menos impuestos gracias a los créditos fiscales acumulados, pero esa situación cambió de golpe

La manera de convertir estas cantidades en créditos fiscales antes de la reforma de Montoro implicaba que se podían aplicar sobre el 75% de los beneficios que hubiera generado la empresa. En la práctica, esto iba a querer decir que, sin el cambio legislativo aplicado, Colonial iba a estar muchos años beneficiándose fiscalmente de esta situación.

Tras el cambio, en 2017, Colonial solo podrá aplicarse los créditos fiscales, que como tales no desaparecen, sobre el 25% de los beneficios que obtenga, de manera que la efectividad de los mismos se reduce de manera importante, si bien los créditos fiscales se podrán aplicar sin límite de tiempo y no caducarán pasados unos años, tal y como establecía la normativa anterior.

Altas posibilidades

Dada esta modificación del marco fiscal dominante para la compañía, fuentes del sector inmobiliario creen probable que Colonial acabe convertida en una socimi, como un mecanismo para mantener la rentabilidad prevista por sus inversores, la mayoría de los cuales entraron cuando la compañía se reinventó tras la crisis como grupo patrimonial. El principal socio de Colonial es Qatar Investment Authority, con el 12% de las acciones.

El grupo que dirige Pere Viñolas hasta ahora había desechado la idea de convertirse en una socimi, precisamente por los créditos fiscales de los que podía disfrutar gracias a sus pérdidas acumuladas. Ahora hay que evaluar si el marco socimi es más favorable, o si la actual legislación deja todavía margen, por ejemplo, a través de la prolongación indefinida de ejercicios para aplicar esas bases imponibles negativas.

Gran inversor

Colonial es uno de los grandes patrimonialistas de España, si bien el 47% de sus activos se encuentran ubicados en París. El volumen total de activos suma 7.935 millones a cierre del tercer trimestre de este año, con una deuda neta de 3.195 millones. El grueso de estos activos, el 93%, corresponde a edificios de oficinas en alquiler en Barcelona, Madrid y la capital francesa.

El grupo cerró el primer trimestre con un beneficio de 249 millones de euros y cuenta con diversos proyectos en ejecución en las tres ciudades antes mencionadas. Recientemente, su presidente, Juan José Brugera, fue nombrado presidente del Círculo de Economía, uno de los 'lobbies' empresariales más influyentes de España.