Las nuevas medidas suponen una caída del margen del 60%

El ayuntamiento interviene el grupo Aigües de Terrassa controlado por Agbar y el BBVA

El consistorio cifra en solo dos millones lo que debería pagar por los activos que se traspasarían al municipio. Pero Aigües de Terrassa cuantifica esta partida en 60 millones

Foto: El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. (EFE)
El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. (EFE)

El Ayuntamiento de Terrassa ha intervenido la compañía Mina Aigües de Terrassa con la intención de remunicipalizarla, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de París con su servicio de agua, en una nueva tendencia de los municipios gobernados por la izquierda. La intervención de la empresa, participada por Agbar y el BBVA, implica un nuevo marco regulatorio para la compañía vestido de prórroga forzosa y un cuerpo de inspectores que tutelarán la sociedad. Terrassa es la cuarta ciudad de Cataluña por población y su alcalde, el socialista Jordi Ballart.

Ni la compañía ni el regidor del ayuntamiento de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, reconocen la intervención. Pero tras acabar la concesión de 75 años la pasada semana, se ha decretado una prórroga que ha cambiado las condiciones de la misma. Ha desaparecido el riesgo/venta, que reconocía el anterior contrato. Tanto que el margen caerá un 60% en los seis meses que todavía durará la gestión privada de Mina Aigües de Terrassa. También se condicionan las inversiones del grupo y se crea un grupo de inspectores que lo tutela. Armengol asegura que, aunque se haya creado una comisión técnica para la reversión, que ahora hace un seguimiento de la empresa, está lejos de una intervención efectiva.

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El PSC no aboga de forma oficial por la remunicipalización de servicios locales. Además, Ballart es un alcalde que gobierna apoyado por la antigua CDC. Sin embargo, los exconvergentes en el tema del agua se lavan las manos y es Terrassa en Comú –Podemos y la antigua ICV– el principal aliado del alcalde, que está alineado con la línea más podemita del socialismo catalán, la que representa la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon. El PSC ha contado con los apoyos de ERC, Terrassa en Comú y la CUP para seguir adelante con su proyecto: 20 de 27 regidores.

La batalla del agua en Terrassa ya se ha judicializado. No solo porque Mina Aigües de Terrassa se oponga, sino porque la empresa y el municipio no están de acuerdo en nada. El ayuntamiento cifra en solo dos millones lo que debería pagar por los activos que se traspasarían al municipio. En cambio, Aigües de Terrasa cuantifica esta partida en 60 millones.

La razón de tanta diferencia es que no hablan de lo mismo. Aigües de Terrassa considera que la parte del centro de Terrassa, que suma unos 20.000 clientes, no forma parte de la concesión y que integra la fase inicial de la red, la que se construyó a partir de 1842 por parte de los textileros de Terrassa.

Armengol asegura, por el contrario, que todo forma parte de la misma concesión y que así lo consideran los dictámenes solicitados por el ayuntamiento. En cambio, Aigües de Terrassa también cuenta con informes jurídicos que avalan su postura, según fuentes de la compañía. Así que ambas partes se medirán en los tribunales.

Origen en el textil

Foto: Mina Aigües de Terrassa.
Foto: Mina Aigües de Terrassa.

El origen textil y la estructura accionarial de Minas Aigües de Terrassa avalarían la versión de la empresa. Aigües de Barcelona solo tiene el 35%. Y el BBVA, un 7% heredado de la antigua Caixa Catalunya. Hay diversos socios originarios de Terrassa, entre los que destaca la familia Galí, con el 10% de las acciones. Son estos minoritarios, los herederos de los textileros del siglo XIX, los que arrancaron las obras que ahora la compañía considera como un contrato de obra y servicio que no forma parte de la concesión posterior de 1941 y que sirvió para cubrir la expansión de la ciudad en el desarrollismo franquista.

Armengol asegura que la intención del ayuntamiento es crear una empresa pública que asuma los activos que ahora dan servicio a Terrassa. La empresa es pequeña. En conjunto, solo factura 17 millones de euros. Pero para Agbar resulta un precedente que espera atajar por la vía judicial. En cambio, para el ayuntamiento supone una cuestión de principios políticos. Por eso, Aigües de Terrassa intentó hace meses una fórmula como la del Área Metropolitana de Barcelona: crear una empresa mixta, con parte del capital público. El Ayuntamiento de Terrassa la rechazó, alegando que la habían tumbado los tribunales. Sin embargo, en ese mismo fallo se reconocían derechos económicos para Agbar en el área de la capital catalana por valor de 500 millones. Una extrapolación de estos derechos en Terrassa es algo que tiene que dilucidar la Justicia.

Cambios de las normas

Para Minas de Aigües de Terrassa, lo peor es que no se ha aplicado una prórroga de la concesión como tal, sino que se han cambiado las normas de la misma. Se ha recortado de manera drástica el rendimiento para la compañía: incluso si Aigües de Terrassa gana más, lo ha de revertir a la ciudad con un canon que antes no existía. Con estas medidas, la rentabilidad se desploma.

El problema va más allá de Terrassa, porque la compañía cuyos activos serán remunicipalizados da servicios a otros ayuntamientos vecinos

El ayuntamiento asume subrogar la actual plantilla de Aigües de Terrassa. Pero esto podría ser más difícil de lo que aparenta, al no poder asumir tanto personal de manera automática desde un sector público al que se debe acceder por méritos y procesos concursales. Por eso ya se ha pedido una mediación laboral a la Generalitat. El municipio solo anunciará la creación de la empresa pública municipal una vez que finalice un complejo proceso participativo de grupos de debate ciudadano que ha impulsado el propio consistorio. En todo caso, desde el ayuntamiento no se comprometen a bajar la tarifa del agua una vez que el servicio sea público, después del verano de 2017.

También hay problemas técnicos. No se sabe cómo se podrá afrontar el servicio de agua de poblaciones a las que ahora también da servicio Aigües de Terrassa, como es el caso de Matadepera, Ulastrell, Vacarisses o Viladecavalls. Esas derivadas técnicas tampoco han sido afrontadas por el Ayuntamiento de Terrassa a la hora de acabar con la gestión privada del agua.

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