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Otro mexicano con problemas en España: Avanza Autobuses pierde 180 millones

El Grupo ADO ha tenido que inyectar 150 millones en la compañía de transporte de viajeros debido al alto coste de su deuda y al deterioro de la inversión

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Los grandes empresarios mexicanos que han apostado por España no están teniendo precisamente suerte con sus inversiones. A los graves problemas de Antonio del Valle en Banco Popular, de David Martínez en Sabadell y a las dudas de la rentabilidad de Carlos Slim en FCC, se suman las importantes pérdidas de Grupo Autobuses de Oriente (ADO), la empresa mexicana que en 2013 adquirió la empresa de transporte Avanza. El alto coste de su deuda ha llevado al grupo a perder 63,38 millones de euros en 2015, cifra que eleva a 180 millones los números rojos de los tres últimos años.

Grupo ADO explica estas minusvalías por el coste financiero de 51,78 millones de euros derivados de su elevado pasivo, así como al deterioro de activos intangibles por 32,45 millones. Esta situación llevó a la empresa latinoamericana a tener que llevar a cabo una doble operación. Primero acordó la cancelación anticipada de la deuda a largo plazo que Avanza mantenía con AG Spring y AG Spring II, mediante dos préstamos que ascendían a 315 y 175 millones de euros, a un tipo de interés del 7,54% y 9,56%, respectivamente, con vencimientos de una sola vez el 31 de mayo de 2018 y 2019, respectivamente.

A su vez, estas sociedades eran deudoras de sendas emisiones de bonos con el objeto de financiar los préstamos concedidos a la sociedad dominante del grupo. La matriz del ADO en México recompró los bonos para su posterior entrega a AG Spring y AG Spring II como contraprestación por la cancelación de los préstamos antes descritos.

En segundo lugar, la empresa mexicana hizo una aportación dineraria al patrimonio de la sociedad dominante por importe de 151,89 millones y concedió préstamos a Avanza por 354 millones. Como resultado de estas transacciones, la empresa española tuvo que reconocer una pérdida de 25,21 millones, debido a la diferencia entre el coste de adquisición de los bonos y el valor contable de los préstamos.

Otro mexicano con problemas en España: Avanza Autobuses pierde 180 millones

Avanza es la mayor compañía de España en transporte urbano de viajeros y gestión de estaciones de autobuses, y la segunda en trayectos de largo recorrido. Nació en 2002, como resultado de la fusión de Tuzsa, Auto-Res y Vitrasa, fundadas entre 1885 y 1943. Tras esa unión, la empresa compró seis compañías. En 2006, el fondo de capital riesgo Doughty Hanson adquirió el grupo por unos 600 millones. Después de una inversión de siete años, el 'private equity' se la traspasó a ADO, la segunda empresa mexicana de transporte del país, por una cifra que no fue revelada. En su momento, se habló de ofertas de compra por 900 millones.

Indemnizaciones y Hacienda

Los malos resultados de la compañía también se han visto influidos por el pago de indemnizaciones por 1,7 millones de euros abonados en 2015. Aunque la compañía no detalla a quién fue a parar ese dinero, lo cierto es que, a mediados del pasado año, acordó la sustitución de Jesús López Torralba como director general y primer ejecutivo en favor de Valentín Alonso. Además, la compañía ha tenido que hacer frente a varias reclamaciones de la Agencia Tributaria, que le ha llevado a firmar dos actas de inspección en disconformidad.

En concreto, Hacienda le exige, por una parte, una minoración de las bases imponibles negativas consolidadas por 33,74 millones y otra por 68,88 millones, junto a una deuda tributaria de 2,76 millones. Avanza ha presentado la pertinente reclamación económico-administrativa y sus alegaciones ante el TEAC, estando ambas actas pendientes de resolución. La deuda está en suspenso, al haber presentado la compañía de transporte un aval bancario por el citado importe.

Pese a estas diferencias de criterio, el balance consolidado a 31 de diciembre de 2015 de Grupo Avanza recoge los créditos fiscales asociados al conjunto de bases imponibles negativas cuestionadas por la Agencia Tributaria y no contiene provisión alguna por la deuda fiscal reclamada, "al considerar los administradores, apoyándose en la opinión de su asesor externo, que la reclamación tributaria no prosperará al existir soporte jurídico adecuado para soportar el criterio adoptado".

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