PSOE y Podemos quieren que REE, Abengoa y Acciona paguen también el bono social

La oposición de izquierda que conforman de manera ocasional el PSOE y Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados mantiene un pulso con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que el bono social eléctrico sea repartido a escote entre todas las empresas del sector eléctrico y no solo las comercializadoras que contratan el recibo de la luz con el cliente final. La propuesta extendería el pago de la subvención a todas las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras, lo que tendría un efecto directo en tres sociedades cotizadas como son Red Eléctrica, Acciona y la propia Abengoa, que acaba de salir de la UVI tras el reciente plan de rescate bancario.

El nuevo responsable de la política energética ha intensificado en las dos últimas semanas los contactos con los grupos parlamentarios en una clara estrategia de consenso que pondrá en evidencia la verdadera voluntad política de los distintos partidos a la hora de encarar aspectos básicos de la agenda social. La ayuda contra la pobreza energética constituye probablemente la punta del iceberg de un debate que va a ser constante a lo largo de la presente Legislatura y que tiene por objeto demostrar a la ciudadanía que el Estado ha dejado de ser en España un patrimonio al servicio de las élites.

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Nadie en su sano juicio dentro del Congreso de los Diputados se atreve ahora a poner en cuestión el apoyo a las clases más deprimidas y castigadas por la crisis económica. El problema de fondo reside en el modo de abordar las soluciones y, sobre todo, en la búsqueda de fuentes adicionales de financiación que aseguren la dotación de los recursos necesarios para abordar los programas de ayudas. En el caso del bono social, el objetivo inmediato del Gobierno consiste en garantizar un fondo anual de alrededor de 180 millones de euros que no deberían suponer mayor esfuerzo para el sector eléctrico teniendo en cuenta que los ingresos del sistema en su conjunto alcanzarán en 2017 la cifra de 17.800 millones.

Una vez asegurada la nueva financiación se llevará a cabo una reforma vía proyecto de ley para vincular el bono social al nivel de rentas de sus beneficiarios

La discusión que subyace “no es el huevo sino más bien el fuero”, como apuntan algunas de las grandes empresas eléctricas. Dentro de la patronal Unesa existe la impresión generalizada de que las ayudas sociales deben ser asumidas en primera persona por el Gobierno, o lo que es igual, tienen que ser garantizadas a través de los Presupuestos del Estado y no mediante la repercusión del coste a través del recibo de la luz. Dicho de otro modo, el alabado bono social destinado ahora a 2,4 millones de familias en España es, a la postre, pagado por el resto de los 18,3 millones de hogares que existen en España.

La medida creada por el Gobierno de Zapatero en el año 2009 supone una ayuda del 25% de la factura eléctrica para los llamados hogares vulnerables que incluye a los pensionistas con prestaciones mínimas y a las familias con todos sus miembros en paro. Sin embargo también está destinado sin mayor discriminación a las familias numerosas con independencia de su nivel de renta y a los clientes con una potencia contratada de menos de tres kilovatios que suelen ser también muchos despachos profesionales en los grandes distritos de negocio. Esta composición tan heterogénea exige un ajuste fino que el ministro está dispuesto a afrontar a través de la indispensable tramitación parlamentaria del nuevo bono social a través de un proyecto de ley.

Opinión

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La reforma que se plantea pasa por acordar de manera inmediata un real decreto exprés que podría ser aprobado en Consejo de Ministros este mismo viernes para su convalidación por el Congreso a mediados de mes. De esta forma el Gobierno quiere asegurar la financiación del bono social para el próximo ejercicio además de resolver el ‘agujero’ de 500 millones provocado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a abonar dicha cantidad a las eléctricas para indemnizar el pago efectuado de esta factura del recibo de la luz durante los dos últimos años.

Las grandes empresas aceptan el planteamiento del Gobierno para que la exención del recibo de la luz sea sufragada por todas las comercializadoras

Nadal entiende que la resolución del Alto Tribunal tiene un carácter formal y puede ser contrarrestada perfectamente evitando la discriminación actual que obliga a sufragar el bono a las comercializadoras que dependen de los grandes grupos de generación eléctrica. Para ello, el Ministerio de Energía propone que sean todas las empresas comercializadoras las que se incorporen al perímetro de financiación del bono social, lo que en realidad supone una modificación mínima de la normativa. No en vano, las comercializadoras independientes representan en volumen de negocio sólo un 6% del total de este segmento de actividad dentro del sector eléctrico.

El PSOE y Unidos Podemos han recogido, como no podía ser de otra manera, el guante del Gobierno pero quieren aportar su particular granito de arena metiendo en el mismo saco a todas las compañías del sector, con independencia de cuál sea su segmento de actividad en el mercado. El disparo por elevación que proponen los grupos de izquierda contraviene el marco de la reforma que el PP tiene prácticamente cerrado con los máximos representantes del sector y afecta a entidades que poco o nada tienen que ver con la comercialización del recibo de la luz. Es el caso de Red Eléctrica, la empresa dependiente de la Sepi que actúa como transportista del sistema, aparte de Acciona y Abengoa que tampoco parecen por la labor de incorporar un coste más a su cuenta de resultados.

Declaraciones de Álvaro Nadal

El ministro ha concedido una entrevista este miércoles a Cadena COPE en la que ha insistido en que "hay un 6% que encauzar", refiriéndose así a las comercializadoras independientes que pretende incorporar a la financiación del bono social.

Sin embargo, Nadal no ha abordado la propuesta del PSOE y Podemos en la que se propone que el coste del bono social se reparta a escote entre todas las empresas del sector eléctrico y no solo las comercializadoras.