Activistas contra los desahucios se encierran en la sede de Goldman Sachs en Madrid

Activistas de la PAH e inquilinos de antiguas viviendas del Ivima, amenazados de desahucio por la empresa Encasa Cibeles, se han encerrado en la sede del fondo Goldman Sachs, al que acusan de "desahuciar familias con la complicidad de los gobiernos central y autonómico", según el manifiesto que han leído.

"Pedimos compromiso por escrito de paralización de todos los procedimientos judiciales y desahucios de Encasa Cibeles en toda la región", señalan los manifestantes quienes aseguran que mantendrán el encierro y la "desobediencia pacífica" hasta resolver las situaciones de "extrema vulnerabilidad provocadas por Goldman".

Un grupo de activistas ha conseguido subir a las oficinas del fondo de inversión, en la calle María de Molina, mientras los restantes mantienen una sentada en el vestíbulo del edificio, en la calle María de Molina, con una pancarta de "Stop desahucios" y coreando cánticos de "No hay pan para tanto chorizo" y "Un desalojo, otra okupación".

El motivo es "evitar una nueva oleada de desahucios por parte de Encasa Cibeles, participada por Goldman, propietaria buena parte del parque de vivienda pública

El motivo de la protesta es "evitar una nueva oleada de desahucios por parte de Encasa Cibeles, participada por Goldman, que es propietaria de buena parte del parque de vivienda pública vendido por el Gobierno de Ignacio González en 2013 a este y otros fondos de inversión", explica el manifiesto.

En concreto, pretenden evitar el desahucio de 24 familias de Parla previstos hasta fin de año, 15 de ellos este mes, y que afectan a personas del Plan Joven de vivienda, con o sin derecho a compra, además de familias que han "entrado a vivir en las casas ya desalojadas tras el cambio de propiedad".

Los activistas denuncian "la complicidad del Gobierno de Cristina Cifuentes con estos desalojos", tras una compraventa que está siendo investigada por la justicia en una querella penal "sin que el ejecutivo actual haya anunciado medida alguna para revertir la venta o al menos decretar una moratoria de desahucios de Encasa Cibeles y los fondos Blackstone, Azora y Lazora".

También acusan de "complicidad" al gobierno de Mariano Rajoy, que facilitó la entrada de estos fondos "al crear la figura de las Socimi"

También acusan de "complicidad" al gobierno de Mariano Rajoy, que facilitó la entrada de estos fondos "al crear la figura de las Socimi, por las que la inversión en el mercado de alquiler por parte de estos fondos se ve sujeta a beneficios fiscales", continúa el texto.

Además, consideran que "el gobierno central está obstaculizando la investigación penal", ya que Hacienda "lleva 10 meses para designar dos peritos que certifiquen si la venta al entramado de Goldman Sachs se hizo por debajo de su precio y supuso una pérdida patrimonial para el Ivima y la Comunidad de Madrid".

De las 32 promociones de casi 3.000 viviendas públicas vendidas a fondos de inversión, las más afectadas por desalojos son las de Parla, Majadahonda, Valdemoro y Madrid.

Los activistas también piden "compromiso por escrito de regularización de todas las familias que no estén regularizadas", además de la "reversión de las condiciones iniciales en cuanto a precio de alquiler para los adjudicatarios directos del Ivima".