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Marín Quemada defiende el modelo de la CNMC ante el fuego cruzado del Parlamento
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debate sobre el futuro del supervisor único

Marín Quemada defiende el modelo de la CNMC ante el fuego cruzado del Parlamento

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, se batió el cobre en el Parlamento con todos los grupos políticos que cuestionan el modelo de un único supervisor económico

Foto: El presidente de la Comisión Naciomal de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. (EFE)
El presidente de la Comisión Naciomal de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. (EFE)

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, quedó ayer atrapado en el Congreso de los Diputados, sometido a la artillería parlamentaria de los distintos grupos políticos de oposición. En esta especie de Álamo improvisado, el máximo responsable del 'supervisor del Reino' trasladó a los propios diputados la responsabilidad legislativa sobre las reformas que necesita la entidad única de regulación. El destino de la CNMC está amenazado por los pactos de investidura establecidos en agosto por el Partido Popular y Ciudadanos, que implicaban la segregación de la entidad en dos nuevas comisiones de regulación; una para el control de los llamados mercados liberalizados y otra para la defensa de la sagrada competencia.

El máximo representante del organismo regulador defendió a cara de perro el modelo instituido hace tres años, que dio lugar a la fusión de todas las comisiones de control de la actividad económica bajo una nueva y única entidad. La CNMC nació bajo los auspicios de un Gobierno con mayoría absoluta del PP y eso, a día de hoy, supone un pecado original que todavía no ha sido perdonado por parte del resto de grupos políticos. El PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de los partidos nacionalistas, lanzaron fuego graneado sobre la CNMC para cuestionar sus actuaciones y poner el dedo en la llaga de las profundas desavenencias internas protagonizadas por los distintos comisionados.

Marín Quemada se presentó ante los diputados con el zurrón bien cargado de argumentos y la convicción de que estos tres años al frente de la entidad han servido para detectar las grandes lagunas que existen a la hora de conseguir un funcionamiento eficiente de los principales mercados de actividad económica. La existencia de un regulador único ha servido al mismo tiempo también para concentrar esfuerzos ante los distintos agentes productivos y evitar que estos terminen 'romanizando' a los antiguas comisiones sectoriales que hasta el año 2013 existían en España. La involución que ahora se avecina no deja de ser una amenaza para los actuales responsables de la CNMC.

El problema de fondo al que se enfrenta la institución reside en el escaso tiempo de maduración de un proyecto cuya misión fundacional constituye a menudo un conflicto de intereses con las más poderosas empresas y corporaciones del país. La CNMC ha actuado estos años como 'Pepito Grillo' de la propia Administración del Estado, denunciando la mala praxis en aspectos esenciales de la vida económica, como es la licitación pública. El supervisor único fue el primero en poner el cascabel al gato de la corrupción en la contratación pública, cuantificando la factura de los desmanes en 48.000 millones de euros. Además, ha puesto en marcha un registro de 'lobbies' para que las grandes multinacionales pasen por el aro y ha creado un buzón interno para que los empleados de la casa denuncien las eventuales presiones de los altos cargos.

La CNMC no ha dejado títere con cabeza, y este es un motivo suficiente para que muchos quieran ahora ver partida por el eje a una entidad que ha sufrido, por otra parte, un importante desgaste interno. Las diferencias en el seno de la entidad han sido constantes durante estos tres años, en una clara lucha de influencia y poder que todavía no se ha resuelto del todo. En estos momentos, la CNMC funciona con un plenario de 10 comisionados, enfrentados en dos bloques equivalentes de cinco contra cinco y de los que tres están en funciones desde hace un año. Una situación incómoda para el propio Marín Quemada y para muchos de los directores técnicos que se encargan de la labor cotidiana de la casa.

El Tribunal de la Unión Europea rechaza el cese prematuro de consejeros, pero no se opone a la fusión de las antiguas comisiones de regulación económica

El último obstáculo, en lo que puede ser la recta final de la CNMC en su versión actual, se ha producido este miércoles con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que ha censurado el cese prematuro de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaechea, antiguos presidente y consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Los dos altos cargos perdieron su empleo precisamente con el nacimiento del actual organismo único, y la Unión Europea entiende ahora que la destitución de ambos menoscaba la independencia de la nueva autoridad de regulación y competencia.

La resolución judicial deberá ser ahora ratificada en España por el Tribunal Supremo, pero, de momento, ha servido para calentar un poco más si cabe el debate sobre el futuro de la CNMC. Curiosamente, el máximo órgano jurisdiccional europeo ha dejado claro en la misma sentencia que la directiva marco de la Unión Europea no se opone a la fusión de las entidades de regulación, lo que en buena lógica debería servir como certificado de calidad para impulsar al regulador español de los mercados y la competencia. Algo que está por ver y que dependerá del cambio de cromos con que los actuales 'padres de la Patria' decidan poner en marcha el nuevo Gobierno de la nación en las próximas semanas.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, quedó ayer atrapado en el Congreso de los Diputados, sometido a la artillería parlamentaria de los distintos grupos políticos de oposición. En esta especie de Álamo improvisado, el máximo responsable del 'supervisor del Reino' trasladó a los propios diputados la responsabilidad legislativa sobre las reformas que necesita la entidad única de regulación. El destino de la CNMC está amenazado por los pactos de investidura establecidos en agosto por el Partido Popular y Ciudadanos, que implicaban la segregación de la entidad en dos nuevas comisiones de regulación; una para el control de los llamados mercados liberalizados y otra para la defensa de la sagrada competencia.

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