Fomento recurre a la Abogacía del Estado para desbloquear las tasas aéreas de Aena

Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, sobre todo ahora que el Gobierno está todavía medio manco para ejercer el poder ejecutivo dentro del Estado. El ministro al cuadrado Rafael Catalá ha trasladado al departamento de Justicia el peso de una decisión que Fomento tendría que haber resuelto el pasado 30 de septiembre, como son las problemáticas tasas que la empresa estatal y sociedad cotizada Aena va a cobrar a las compañías aéreas durante los próximos cinco años. En juego está una buena parte de la cuenta de resultados de la entidad que gestiona la red pública de aeropuertos en España.

La insoportable levedad del momento político no consentía que un asunto de trascendencia plurianual pudiera ser gestionado por un Gobierno en funciones. Las tarifas de la discordia constituyen uno de los principales ejes del llamado primer DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), establecido legalmente de cara al periodo comprendido de 2017 a 2021.

Aena ha propuesto que las tasas queden congeladas a lo largo del próximo lustro, en tanto que las compañías aéreas reclaman una rebaja anual constante de hasta el 2,6%. El conflicto de intereses tenía que haber sido resuelto en primera instancia por la Dirección General de Aviación Civil.

Este organismo dependiente del Ministerio de Fomento quedó incapacitado para dilucidar una cuestión que superaba el despacho ordinario de los asuntos públicos, de acuerdo con las limitaciones que impone en estas situaciones la Ley del Gobierno de 1997. El DORA ha quedado paralizado y a verlas venir, para mayor desconsuelo de las compañías aéreas y no menos incertidumbre de Aena, obligada a exponer ante los inversores unas explicaciones que pueden dejar en precario la confianza de los mercados. No se olvide que desde la salida a bolsa en febrero de 2015, el valor ha duplicado con creces su capitalización, que ahora supera los 19.000 millones de euros.

A la vista del 'impasse' sobrevenido, el Ministerio de Fomento ha recurrido a la Abogacía del Estado, vinculada al Ministerio de Justicia, para que determine las opciones que pueden plantearse en una situación totalmente imprevista desde el punto de vista administrativo. La novedad del marco regulatorio no permite ninguna referencia comparativa y el único soporte legal está en el real decreto sobre medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que fue aprobado en julio de 2014, pocos meses antes de la oferta pública de venta que otorgó la mayoría de edad a Aena en los mercados de capitales.

El Gobierno reducirá las tasas de Aena si obtiene un compromiso firme de las aerolíneas para repercutir la bajada en menores precios de los billetes de avión

El DORA adquirió carta de naturaleza con dicha normativa, que facultaba a la CNMC para fijar la base tarifaria en 2016. A partir de ahí, la responsabilidad recaía en Aviación Civil y el papel del regulador único de los mercados perdía carácter vinculante. El problema de fondo se plantea una vez superada la fecha límite para adoptar el acuerdo que, en su caso, deberá trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado. La prórroga de las cuentas públicas para 2017 favorece la congelación de las tarifas, pero el dictamen del Ministerio de Justicia podría inducir a alguna modificación de las tasas en el supuesto de que se forme un nuevo Gobierno en las próximas semanas.

La posibilidad de una rápida investidura de Mariano Rajoy reactivará todo el proceso de elaboración de los Presupuestos para el próximo año, dadas las urgencias que tiene España de poner al día sus compromisos con la Comisión Europea. El nuevo proyecto de ley constituye una vía de escape para resolver el embrollo, y los abogados del Estado están esperando que los acontecimientos políticos favorezcan la resolución del dictamen sobre las tasas aeroportuarias. La práctica de Aena en sus relaciones comerciales con las aerolíneas indica que las tarifas no se actualizan hasta el mes de marzo, por lo que el futuro Gobierno tendría un margen amplio para adoptar la decisión final.

Lo que no está tan claro es el signo de una resolución que provocará en los próximos meses un nuevo e intenso tira y afloja entre las dos partes. La satisfactoria evolución del tráfico aéreo en los últimos tiempos permite en teoría una bajada de tarifas y, por tanto, juega en contra de Aena. Las estimaciones apuntan a una cifra de 240 millones de pasajeros en 2020, lo que supone 30 millones más sobre la cifra récord de 210 millones registrada en 2007. Las compañías áreas tienen así ganada buena parte de la batalla, pero no se puede olvidar que el gestor aeroportuario sigue siendo propiedad mayoritaria del Estado y el Gobierno tampoco dispone de un compromiso firme que garantice una reducción del precio final de los billetes de avión que cobran las aerolíneas en España.