La morosidad provoca el colapso de la filial electricaribe

Gas Natural lleva al Gobierno Santos al Ciadi por un agujero multimillonario en Colombia

La compañía de La Caixa ha manifestado al Gobierno de Santos que es imposible asegurar el suministro si no alcanza una solución para cobrar los 1.100 millones que le deben en Colombia

Foto: Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario Juan Manuel Santos. (EFE)
Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario Juan Manuel Santos. (EFE)

Gas Natural ha emprendido una denuncia contra el Gobierno de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), debido a la imposibilidad manifiesta de llegar a un pacto que resuelva el fraude por morosidad que padece su filial de distribución eléctrica en el país, Electricaribe (ECA). El conflicto se ha planteado en primera instancia a partir de lo que se conoce como una demanda de controversia, que constituye la antesala para una reclamación de arbitraje en toda regla que podría hacerse efectiva a finales de este mismo año. La situación puede implicar un serio compromiso político para España en un momento crítico para el actual Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos.

[El Gobierno colombiano interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país]

Las alarmas se han encendido para Gas Natural en Colombia, y lo peor es que los responsables del país caribeño no tienen ahora tiempo ni ganas para abordar ninguna otra problemática que no sea el proceso de paz con las FARC. A partir de ahí, la multinacional española se ha convertido en una pregonera en el desierto que trata infructuosamente de encontrar un mínimo atisbo de solución al 'agujero' de 1.100 millones de euros acumulado por su filial distribuidora, compañía heredada de la antigua Unión Fenosa, que adquirió la empresa colombiana privatizada en el año 2000.

Electricaribe padece un problema crónico de fraude galopante y recurrente que se traduce a lo largo de lo que llevamos de siglo en la imposibilidad de cobrar siquiera el 25% de sus ventas, lo que provoca unas pérdidas del 37% de su volumen de negocio. La ECA, como es conocida dentro del mercado, tiene un ebitda de 250 millones, pero no genera caja suficiente ni para pagar a sus proveedores, las empresas de generación eléctrica dependientes en buena parte del propio Gobierno colombiano.

El consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca, viajó a Bogotá a finales de septiembre para lanzar un 'grito de socorro' ante las autoridades colombianas

La compañía opera en la zona de la costa del Caribe, una región muy deprimida y con una población de muy bajo estrato social, donde la tasa de pobreza se estima en torno al 35%, frente al 29% de media en el país. Los considerados 'barrios subnormales', como allí se los denomina, y los propios organismos oficiales están instalados en una cultura de 'no pago' que ha motivado la presentación por parte de Gas Natural de casi 12.500 denuncias por defraudación de fluidos en los últimos 10 años. La mayor parte de estas actuaciones no han servido para nada, pues solo 136 casos se han resuelto con sentencia y únicamente 84 han deparado la consiguiente condena.

A finales del pasado mes de septiembre, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, viajó a Bogotá para entrevistarse con Luis Guillermo Vélez, actual secretario general de la Presidencia y hombre de confianza del presidente Santos y del ministro de Energía, Germán Arce. El encuentro transcurrió en el habitual ambiente de cordialidad que ha sido la nota característica en este tipo de reuniones, pero de momento Gas Natural no ha percibido ningún movimiento que sirva para encontrar una solución al conflicto.

Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de Colombia.
Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de Colombia.

El fantasma de una intervención estatal de Electricaribe empieza a adquirir carta de naturaleza a poco que las tensiones políticas en el país deriven en un enfrentamiento abierto entre las dos partes. La demanda en el Ciadi constituye un punto de inflexión para el Gobierno colombiano, que acusa a la empresa de no cumplir sus obligaciones de inversión, lo que ha generado cortes y apagones de suministro en la zona. Gas Natural admite las deficiencias del servicio, pero argumenta que es imposible financiar nuevas infraestructuras eléctricas si no se certifica una garantía de cobro que permita hacer frente a la deuda.

El consejero delegado de GNF, Rafael Vilaseca. (EFE)
El consejero delegado de GNF, Rafael Vilaseca. (EFE)

Para la compañía española, es fundamental que el Gobierno de Santos mueva ficha y asuma el coste económico, aunque sea parcialmente, bien a través de subsidios cruzados con tarifas políticas que financien a los más pobres o con el pago directo de las facturas pendientes de pago. En concreto, Gas Natural solicita el reembolso inmediato de 300 millones de euros, una cuarta parte aproximadamente de la mora total, que es la cifra que deben los barrios más deprimidos y las propias instalaciones estatales, como son los hospitales, prisiones, escuelas y demás entidades gubernamentales.

La ECA ha intentado este verano poner en marcha un plan de cobro bajo la amenaza de un corte del suministro en aplicación de la propia normativa vigente en el país. Sin embargo, la suspensión del suministro no pudo hacerse efectiva ante la intervención de la Comandancia de Policía, la Superintendencia de Servicios Públicos y los propios tribunales del país. La distribuidora no solo no cobra, sino que tiene que seguir prestando el servicio con el agravante de que la energía es cada vez más cara en el país. En 2015, y solo como consecuencia de la catástrofe provocada por el fenómeno climatológico 'El Niño', la factura para la filial de Gas Natural se ha incrementado en un 34%.

Gas Natural considera que la ECA no tiene ningún problema de solvencia ni de balance, pero sí de liquidez, y entiende que, al tratarse de una sociedad regulada, la responsabilidad compete al Estado de Colombia. La multinacional española reclama, en definitiva, un marco de seguridad jurídica que en el momento actual brilla por su ausencia y del que depende el futuro de una empresa en la que el Gobierno del país tiene además una participación del 15%.

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