TAPÓN EN LA INVERSIÓN

Efecto Castor: los técnicos apenas firman ya declaraciones de impacto ambiental

Tras la imputación por el almacén Castor, los informes se eternizan. Medio Ambiente solo publica cinco declaraciones de impacto este año, 10 veces menos que en 2014

Foto: Plataforma sobre el almacén de gas Castor. (EFE)
Plataforma sobre el almacén de gas Castor. (EFE)

Casi dos años después de la imputación de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente por los seísmos del almacén de gas Castor, el efecto bumerán se nota en el Ejecutivo. Mitad temerosos, mitad enfadados, los funcionarios han extremado las precauciones y apenas firman nada. Todo se revisa con lupa. El resultado, según fuentes conocedoras del departamento que dirige Isabel García Tejerina, es que la balsa de obras públicas y privadas pendientes de declaraciones de impacto ambiental —un trámite imprescindible para infraestructuras— vuelve a crecer después de años en los que se redujo. El Confidencial ha comprobado esta situación analizando el número de declaraciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE): en lo que va de año, solo cinco declaraciones han visto la luz por 38 del año pasado, 59 en 2014, y muy lejos de las 122 aprobadas en 2009.

En enero de 2015, el juzgado de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén de gas Castor imputó a 18 personas tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Entre ellos, no había ningún político y sí técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y responsables de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. No estaba citada quien firmó la DIA, la exsecretaria de Estado Teresa Ribera.

El caso está empantanado, con un juez sustituto y sin apenas resoluciones. La Fiscalía de Castellón fue quien denunció —en contra del criterio del fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, según fuentes próximas al caso—. No incluyó en su denuncia a Ribera, porque de hacerlo la fiscalía de Castellón podría haber perdido el control del caso, que previsiblemente habría ido a Madrid. En cualquier caso, con o sin Ribera, fuentes del caso interpretan que la denuncia tiene pocas probabilidades de prosperar. La Abogacía del Estado, tras analizar el expediente, decidió asumir la defensa de todos los funcionarios. Esto es algo que no hace ni mucho menos en las denuncias por corrupción. La abogacía solo defiende a los funcionarios que considera inocentes. El resultado es que la acusación y la defensa del mismo caso dependen en distinta medida del Ministerio de Justicia y se pagan con dinero público. La Fiscalía sostiene que hubo prevaricación porque no se evaluó el riesgo sísmico del almacén de gas frente a las costas de Castellón, pero los técnicos sostienen que era imprevisible.

Así, entre preocupados y molestos, han extremado las precauciones. "La gente es seria y hace un trabajo serio, pero de repente se encuentran un 'pimpampúm' frívolo y criminalizante", explica una fuente conocedora del ministerio. Otra coincide: "Nadie quiere firmar nada. Se sienten desamparados". Dos personas más dan versiones similares. El hecho de que el Gobierno esté en funciones y con personas de poco peso político al frente no ayuda: "Saben que si hay problemas o viene un nuevo Gobierno, no les van a ayudar". El ministerio no ha contestado a la petición de información de este diario realizada el martes. Alega que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, está de viaje oficial.

"Nadie quiere firmar nada. Se sienten desamparados"

En 2016, solo han publicado cinco declaraciones de impacto ambiental: un campo de vuelo para ultraligeros en Ibiza, un emisario de aguas residuales en Salamanca, una planta fotovoltaica en Sevilla, la estabilización de la playa de la Magdalena en Santander y un modificado al proyecto de regasificadora en Tenerife. De ellas, dos se terminaron a finales de 2015 pero llegaron al BOE en 2016. Este año, solo se han aprobado tres y hay otras cuatro pendientes de publicación.

El atasco en las declaraciones de impacto ambiental es un problema de primer orden para la inversión. Todas las grandes obras, públicas y privadas, tienen que pasar por este trámite desde finales de los noventa: carreteras, líneas eléctricas, pantanos, autovías, ferrocarriles, minas, parques eólicos... tienen que tener el visto bueno ambiental. Se da audiencia a asociaciones ecologistas y locales, y el trámite suele durar años. Lo normal es que Medio Ambiente acabe aprobando los proyectos, aunque en muchos casos con modificaciones o con medidas correctoras o de compensación.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, con la ministra García Tejerina. (EFE)
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, con la ministra García Tejerina. (EFE)

Las patronales y Fomento mantenían quejas frecuentes con Medio Ambiente, pero en los últimos años la situación se había relajado. Según la última memoria disponible del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), de 2014, "la aplicación de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de 23 de diciembre, ha dado un importante impulso a la tramitación de los expedientes de evaluación ambiental. Se ha reducido el número de expedientes pendientes hasta los 430 existentes al finalizar el año 2014, cuando al principio de la legislatura había más de 1.100 expedientes sin resolver".

Que el tapón de obra embalsada en Medio Ambiente vuelva a crecer afecta ya a inversiones. En Extremadura, los trabajadores han pedido que se agilice la declaración de impacto ambiental de la mina de Aguablanca, que lleva 14 meses sin resolverse y que permitiría reabrir la explotación después de mandar a más de 400 personas al paro, el PSOE de Málaga ha denunciado que la ronda sur lleva desde abril de 2015 pendiente de DIA...

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