ACS, Abertis y Sacyr hacen las paces con Fomento en la quiebra de las radiales

Las dos sociedades concesionarias que han gestionado tanto las radiales R3 y R5 como la circunvalación de Alicante en la AP-7 han respaldado la petición cursada por el Gobierno para que los tribunales otorguen un ‘periodo de gracia’ de hasta nueve meses que evite el cierre inmediato de la explotación previsto para este próximo sábado, 1 de octubre. Ambas empresas de autopistas están participadas por ACS, Abertis y Sacyr, que han preferido tender la mano al Ministerio de Fomento en un gesto de colaboración que supone un cierto alivio para que el Estado pueda diferir y recortar el coste que supone la quiebra de las célebres autopistas de peaje.

La llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA) está cuantificada en torno a los 5.000 millones de euros en el conjunto de las ocho concesionarias insolventes. Este ‘agujero’ viene siendo provisionado en los Presupuestos del Estado desde hace un par de años, a razón de 600 millones anuales, pero su cuantía va reduciéndose con el tiempo a medida que se amortiza la deuda acumulada. El tiempo es, por lo tanto, un factor esencial que permite al Gobierno rebajar la factura para el erario público, aparte de dar la típica ‘patada para adelante’ habitual en los actuales momentos políticos.

El juzgado mercantil número 6 de Madrid rechazó en mayo los convenios de acreedores de Accesos de Madrid y de Ciralsa, dictando la liquidación de ambas y el cese de actividad a partir de octubre. Esta resolución concierne directamente al Ministerio de Fomento, que debería hacer frente de manera inmediata a todos sus compromisos de pago como garante estatal de ambas concesiones, cuya deuda conjunta asciende a 900 millones de euros. Accesos de Madrid está controlada por Abertis, con un 35%; Sacyr, con un 25%, y ACS y Bankia, con un 20%. Ciralsa tiene también al grupo de Florentino Pérez como primer accionista con un 50%, en tanto que el otro 50% se lo reparten a partes iguales Abertis y Bankia.

La responsabilidad del Estado se reduce con el tiempo, y de ahí que el Gobierno haya pedido 9 meses para quedarse con las autopistas en liquidación

La propuesta de ‘nuevo embarazo’ formulada por la Abogacía del Estado ha sido recibida con cierta extrañeza por parte de los bancos que están pillados en el fallido negocio de las radiales. Las entidades financieras saben que la estrategia del Gobierno no es otra que dilatar el 'entierro' de las autopistas el mayor tiempo posible. Sin embargo, no entienden los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Fomento pidiendo hasta nueve meses de plazo para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) pueda realizar las ‘due dilligences’ previas a la toma de propiedad de las autopistas.

El juez tiene que decidir esta misma semana si admite la solicitud oficial, y para ello es clave el papel de las constructoras, que han roto una espada en defensa de los intereses del Ministerio de Fomento, lo que no deja de resultar paradójico si se tiene en cuenta que las concesionarias también tienen una parte a cobrar de la responsabilidad patrimonial del Estado. Los grandes contratistas de las obras públicas parecen haber cedido en sus reivindicaciones más elementales sobre las autopistas en quiebra y mostrar una cara más amable de cara a los futuros programas de inversión, que tarde o temprano serán reactivados por el Gobierno.

A nivel institucional, el sector de la construcción lleva dos años denunciando desde Seopan la atonía de los planes de infraestructuras, que este año se han reducido en torno al 18%, generando una paralización de la licitación pública que sitúa a España a la cola de la Unión Europea por volumen de inversión pública. La patronal mantiene su lucha contra la política de austeridad, mientras reclama al Gobierno que se rasque el bolsillo con la definición de casi un millar de obras consideradas ‘imprescindibles’ por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Es lógico es que, con tamañas pretensiones, los eventuales beneficiarios, que son las grandes constructoras, traten de limar asperezas ofreciendo una mano tendida a los responsables del Ministerio de Fomento.

La vuelta de Rafael Catalá en sustitución de Ana Pastor como titular del departamento ha sido también un argumento de peso para que las grandes constructoras vuelvan al redil, aprovechando la experiencia y relaciones de antiguo con el que fuera secretario de Estado de Infraestructuras. Al mismo tiempo, los pesos pesados del mundo de los negocios empiezan a descontar que el Gobierno en funciones no podrá perpetuarse en el tiempo y que el reparto parlamentario entre las distintas fuerzas políticas o las eventuales terceras elecciones terminarán por consolidar al Partido Popular en el poder. Dicho de otra forma, la constructoras empiezan a ‘invertir’ afectos con la esperanza de recuperar antes de que sea tarde la confianza de la Administración pública.