Sabadell se une al plante de la banca española y vende su deuda de las autopistas quebradas

Con máxima discreción, pero sin perder un segundo, Banco Sabadell ha ido deshaciendo el grueso de sus posiciones en las autopistas quebradas durante los últimos meses, una política de desinversiones que ha afectado tanto a sus créditos en las radiales madrileñas como en la Circunvalación de Alicante (Ciralsa) y en la AP-41 (Madrid con Toledo).

En esta última, la entidad presidida por Josep Oliu ha dado el pistoletazo de salida al resto de la banca nacional,, al desprenderse de 30 millones que tenía ligados a la carretera, la primera que solicitó concurso de acreedores, en un ya lejano 2012, ante la imposibilidad de sus accionistas —Isolux, Comsa, Sando y Azvi— de hacer frente a unos compromisos financieros que ascendían a 380 millones.

En cambio, en las radiales y en Alicante, la entidad ha seguido los pasos de otras entidades como CaixaBank e Ibercaja, que antes del verano redujeron su exposición a estas carreteras con las ventas de 100 y 40 millones de euros de deuda, respectivamente. Además, fuentes del mercado aseguran que tanto Santander como Popular podrían haber cerrado operaciones de este tipo, información que no ha podido ser confirmada con las entidades.

En total, Sabadell se ha desprendido de algo más de 240 millones, una elevada cifra, ya que la exposición total de la entidad a las ocho autopistas de peaje quebradas (R2, R4, R3-R5, M-12, AP-36, AP-41, Aucosta y Ciralsa) rondaba los 350 millones de euros.

Las mismas fuentes señalan que el banco catalán ha traspasado al fondo oportunista Taconic el grueso de toda su deuda, con unas quitas del entorno del 90%. Y es que la banca española ha decidido tocar retirada en las carreteras en crisis, postura que arrancó con las radiales, pero que según fuentes conocedoras se ha extendido ya a la AP-41, la AP-36 y la M-12 (Eje Aeropuerto), con Taconic y TCI como principales compradores.

Otoño caliente para las autopistas

Una huida generaliza que llega justo al inicio de un otoño que promete ser muy caliente. Sobre todo si, en los próximos cinco días, el Ministerio de Fomento no logra algún tipo de acuerdo que impida el cierre de las autopistas R3 y R5. Este sábado se cumple el plazo dado por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid para iniciar la liquidación de su operadora, Accesos de Madrid, que a partir del próximo 1 de octubre ya no estará obligada a tener que levantar la barrera de los peajes.

A partir de ese momento, Fomento se encontrará con una situación que lleva años intentando esquivar, ya que se enfrentará con la cruda realidad de tener que hacerse cargo de la carretera. El problema que hay detrás de esto es que, tras la liquidación de Accesos de Madrid, si no se encuentra algún tipo de consenso ‘in extremis’, puede activarse la RPA (responsabilidad patrimonial de la Administración), la verdadera amenaza para las cuentas públicas y la razón de fondo que explica el interés de fondos como Taconic y TCI por adquirir esta deuda.

La oferta que hizo Fomento la pasada legislatura a las concesionarias para crear una nueva ENA (Empresa Nacional de Autopistas) con los peajes en crisis, contemplaba que la banca aceptara una quita del 50% y cobrar a través de un bono a 30 años con un cupón del 1%. Al haber comprado con descuentos del 90%, el margen de potencial ganancia que tienen estos fondos es muy elevado, aunque también sus riesgos, ya que la crisis de los peajes va camino de celebrar su décimo aniversario… y lejos de solucionarse, cada día se vislumbra más complicada.