La Fiscalía exculpa a Uro Property, el casero de Banco Santander, en el 'caso Pujol'

Nueva vuelta de tuerca en la investigación que, desde hace casi dos años, está llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública en la venta de 1.152 oficinas de Banco Santander a Samos, sociedad actualmente bautizada como Uro Property.

El epicentro de esta causa es Oleguer Pujol, hijo del ex presidente catalán Jordi Pujol, que intermedió en dicha transacción a cambio de millonarias comisiones, unos pagos que, como desveló El Confidencial, trató de ocultar a Hacienda mediante un entramado de empresas 'offshore'.

Pero el alcance de las pesquisas que está llevando a cabo el juez Santiago Pedraz va mucho más alcanza y alcanza a las 65 personas físicas y jurídicas contra las que presentó una denuncia la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2014, ante los indicios de un delito fiscal y blanqueo de capitales, y entre las que figuraba Uro por la operación de compra a Banco Santander.

Hasta ahora, ya que el propio fiscal ha requerido el "sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de la sociedad", según ha hecho público la compañía en su información oficial correspondiente al cierre del primer semestre de este ejercicio.

No obstante, la socimi todavía está a la espera de que el Juzgado resuelva favorablemente esta petición, lo cual no evitará que siga pendiendo sobre ella la Espada de Damocles, ya que al tratarse de un sobresimiento provisional, si a lo largo de la instrucción aparecieran nuevas pruebas que así lo recomendasen, podría volver a ser imputada.

Los argumentos contra Uro Property

Cuando el Ministerio Fiscal solicitó su citación, argumentó que "las garantías ofrecidas por la sociedad al sindicato bancario para asegurar la financiación de la operación eran, presuntamente, insuficientes para cubrir la totalidad del riesgo subyacente a dicha financiación, y que las 1.152 sucursales adquirirdas parecían haber despertado poco interés en el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta el hecho de que, desde el cierre de la operación de 'sales & leaseback', la sociedad únicamente habría vendido parte de esas sucursales por valor de 12 millones", según reconoció la propia Uro en su folleto de salida a bolsa.

La denuncia de Anticorrupción se apoyaba en informes policiales precedentes en los que se concluía que había motivos para sospechar que las entidades financieras habían recibido garantías adicionales de la socimi en forma de un depósito opaco en efectivo en un paraíso fiscal.

Sin embargo, uno de estos argumentos fue rebatido por la cruda realidad cuando AXA adquirió, en abril del año pasado, 381 oficinas de Santander a Uro Property por 308 millones de euros, operación que reportó a la socimi una ganancia del entorno de los 50 millones de euros.

Esta misma venta ha llevado ahora a la compañía a tener que verse las caras con la Agencia Tributaria, ya que incumplió la obligación de mantener bajo su control estas sucursales durante, al menos, los tres años posteriores a haberse acogido al régimen de socimi. La consecuencia ha sido tener que rehacer el pago del Impuesto de Sociedades de los ejercicio 2013 y 2014, así como la parte correspondiente de 2015, lo que ha tenido un impacto de 23,2 millones a cierre de 2015 y de 13,8 millones en lo que llevamos de 2016.

Además, en julio de 2015, Hacienda le abrió una inspección por los impuestos de Sociedades de los ejercicios 2010 a 2013, y de IVA , IRPF, y retenciones y pagos a cuenta de los no residentes de 2011 a 2013. Cuatro meses antes, la sociedad ya habría recibido la notificación del inicio de un expediente sancionador por parte de la AEAT por una diferencia entre las bases imponibles negativas correspondientes al ejercicio 2012.

La socimi argumenta que un error de transcripción le llevó a incluir en la autoliquidación 48,13 millones más de la cifra correcta, explicaciones que no han convencido al fisco, que ha propuesto una sanción de 7,2 millones para la compañía. Uro ha presentado alegaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central.

Santander sale al rescate

En medio de todos estos conflictos, Santander ha vuelto a salir al rescate de la socimi al haber aceptado cobrar parte del dividendo que le corresponde como accionista de la socimi en forma de pagarés y, posteriormente, haberlo capitalizado.

En concreto, tanto el banco presidido por Ana Botín como Ziloti (hólding en el que también participa) han seguido esta fórmula para cobrar 15 millones de retribución y, posteriormente, convertirlos en acciones de la socimi vía ampliación de capital.

Con esta operativa, los dos socios, que controlan el 99,6% de Uro, consiguen volver a enderezar a la compañía después de que haya cerrado el primer semestre del año con un fondo de maniobra negativo de 14,06 millones, cuando seis meses antes éste era positivo en 14,07 millones. Desde el banco explican que su decisión de capitalizar el dividendo responde a que Uro es una apuesta a largo plazo de la entidad.