La CNMC multa con 5,6 millones a las prácticas ilícitas entre Adif y los constructores del AVE

ElAVEmantiene en viloal Gobierno, alienta nuevos casos decorrupción y, por si esto no fuera poco, amenaza con poner su sello particular en ese paraíso decárteles ‘made in Spain’contra la libre competencia, que se han convertido en el objetivo esencial de laCNMC. El máximo organismo regulador de la actividad económica en España ha culminado ya lainvestigación sobre las obras de infraestructura de la Alta Velocidadque ha desmostrado las prácticas ilícitas mantenidas años atrás porAdif y las constructorasde los grandes, emblemáticos y ruinosos proyectos de la era de la abundancia. El expediente se cierra con 5,6 millones de multaa cuatro empresas por formar un cartel,el denominado ‘cártel del pañal’, que durante quince años se repartía los contratos.

La sanción incluye multas a nueve directivos de las compañías, que suman 65.550 euros, en lo que constituye la segunda ocasión en la que el 'superregulador' multa a los gestores de las firmas implicadas en un cartel. Las empresas multadas son Amurrio Ferrocarril, Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Alegría y Duro Felguera, según informa la CNMC en un comunicado.

Aunque fuentes de la institución que presideJosé María Marín Quemadahan declinado comentar los detalles de la investigación, la CNMC llevaba rondando sobre Adif desde hace dos años, tras unadenuncia presentada por los actuales directivos de la compañía que gestiona la vía férreaen España. El actual presidente de la empresa estatal,Gonzalo Ferre, se incorporó al cargo en enero de 2013 procedente de laSecretaría General de Infraestructurasdel Ministerio de Fomento y después de haber acumulado una dilatada experiencia en el propio sector de la construcción, donde había ocupado puestos de alta responsabilidad ejecutiva tanto enAbertiscomo, principalmente, en elGrupo Sacyr.

Cocinero antes que fraile, la llegada de Ferre representó un vuelco en los procedimientos de licitación de Adif, pero además sirvió para poneren manos de la Fiscalía algunos de los presuntos casos de corrupciónque la pasada semana se han saldado con diferentes registros y varias detenciones en empresas relacionadas con las obras del AVE. Aparte de estas denuncias, la compañía que administra la explotación de la vía férrearecurrió también a los servicios de la CNMCpara conocer hasta qué punto las prácticas comerciales llevadas a cabo en la construcción de estas infraestructuras multimillonarias respondían a los más rigurosos criterios de libre competencia en el mercado.

Se trata deuna de las operaciones más singulares de lo que se define como un típico cártel, en que el órgano de contratación y las empresas adjudicatarias actuaron a través decódigos clasificados y secretoscon el objetivo único de asegurarse elreparto en exclusiva del gran negocioque representó el desarrollo de las nuevas líneas ferroviarias en los años previos a la crisis. Los resultados más esclarecedores de las pesquisas llevadas a cabo por la CNMC se concentran entre los años 2008 y2011.

Las autoridades de competencia han venido actuando en paralelo a la Fiscalía Anticorrupción y a instancias de denuncias presentadas por la propia Adif

La llegada al poder del Partido Popular y las exigencias de consolidación fiscal impuestas por Bruselas terminaron con la 'luna de miel' que hasta entonces mantenían los antiguos responsables de Adif y las principales constructoras del país. Lasinversiones presupuestadasdurante la última legislatura operativa, que ascendían a30.000 millones, fueron recortadas a un máximo de5.000 millones, obligando a una política comercial a cara de perro entre los contratistas y su cliente estatal. A fecha de hoy, cerca de1.000 kilómetros de AVErepartidos en una decena de tramos en todo el país sufrenimportantes retrasosdebido a la negativa del Gobierno a sufragar losenormes sobrecostesde las obras.

La situación se ha invertido en un claro reflejo delclima de tensiónque caracteriza las relaciones del Ministerio de Fomento con lasempresas adjudicatarias de las líneasferroviariaspendientes. El expediente de la CNMC pone el dedo en la misma llagaydeja en evidencia la ilegitimidadde unasprácticas que estaban arraigadas en muchos de los procedimientos de contratación públicaen España, pero que ahora son perseguidas de manera implacable por el regulador. No en vano, a lo largo de 2015las autoridades de competencia han desmantelado un total de 14 cárteles,la mayor parte vinculados con la manipulación de licitaciones del Estado, que se han traducido en un récord histórico de549millones de euros en multasdurante un mismo año.

En 2016, la CNMC ha abierto unanueva vía de sanciones individualescontra los directivos responsables de las actuaciones ilícitas. Las multas personales son independientes de las que se imponen a las empresas, y acaban de inaugurarse con el denominado ‘cártel del pañal’, que incluye a siete fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos. El siguiente paso anunciado para reprimir las infracciones graves en materia de competencia será la prohibición de contratar con el Estado, una medida que puede suponerseveras consecuencias para muchas de las grandes corporaciones españolas. Aunque no es previsible que el regulador se atreva a tanto en la actual situación de indefinición política,el caso del AVEpuede hacer saltar los ‘correajes’ en la cruzada de la CNMCcontra los cárteles.