La policía investiga una filial de Indra en Brasil por pago de sobornos a políticos

La operación Lava Jato, que ha provocado la caída de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, empieza a salpicar a empresas españolas presentes en el país latinoamericano. La Policía Federal entró la semana pasada en la filial de Indra en Sao Paulo en busca de documentación confidencial por los presuntos pagos realizados a concejales y miembros de la Administración del Estado para conseguir posteriormente contratos por cerca de 600 millones de reales (300 millones de euros antes de la devaluación de la moneda local). Esta operación se enmarca dentro de una oleada de registros en 45 empresas proveedoras de los servicios públicos del Estado de Brasil.

Desde Indra se asegura que la compañía está colaborando estrechamente con la justicia brasileña, que ha pedido todos los archivos relacionados con lo que se conoce como 'Custo Brasil'. Se trata de una de las derivadas del caso de corrupción Lava Jato, el escándalo de corrupción que supuso la caída de toda la cúpula de Petrobras y de Odebrecht -la petrolera nacional y la mayor constructora del continente- y el encarcelamiento de varios políticos brasileños por el desvío de cerca de 2.400 millones de euros en comisiones.

El registro de las oficinas centrales de Indra en Sao Paulo -otras fuentes apuntan también a la presencia de los agentes en las instalaciones de Brasilia- se produjo el pasado 23 de junio, día en que la irrupción de la Policía Federal supuso todo un 'shock' para la plantilla y los directivos. Indra explica que las transacciones que están investigando las autoridades judiciales se refieren a los posibles sobornos abonados por Politec, la compañía local comprada por la multinacional española en la época de Javier Monzón a finales de 2011, por unos 100 millones de euros.

La sociedad presidida ahora por Fernando Abril-Martorell acota la petición de información de la Policía Federal a los años 2009, 2010 y 2011, ejercicios en los que Indra no fue responsable de la gestión de Politec. En aquellos años, el máximo ejecutivo de esta ahora filial era Helio dos Santos Oliveira, que ha acabado en prisión por presuntamente pagar sobornos a políticos como Paulo Bernardo, José Dirceu y el concejal Alexandro Romano, así como a otros miembros de las administraciones brasileñas.

Politec les abonaba una cantidades millonarias a cambio de unos servicios que aparentemente no llevaban a cabo, operaciones fraudulentas que Indra no fue capaz de detectar cuando hizo la 'due dilligence' o análisis de las cuentas internas de la empresa brasileña antes de su compra. Otras fuentes añaden que la Policía Federal también ha puesto la lupa sobre contratos conseguidos después de 2011, en concreto, acuerdos con Caixa Económica Federal, una de las mayores entidades financieras del país, firmados ya bajo la batuta de Monzón.

Fuentes de Indra indican no obstante que dentro del grupo de empresas sobre las que la Policía Federal ha pedido documentación no está Caixa Económica Federal.

Desde el grupo español, que tiene como accionista mayoritario al Estado, con el 22% del capital, se argumenta que el registro de sus oficinas forma parte de una actuación de más dimensión de la justicia brasileña, que está investigando a cerca de 40 empresas del sector de las telecomunicaciones y la informática. Reiteran que se han puesto al servicio de las autoridades locales para aclarar cualquier posible irregularidad cometida por los anteriores gestores, dada la importancia que tiene Brasil para el grupo español.

Limpieza de Abril-Martorell

Indra tiene cerca de 7.000 empleados en el país latinoamericano, el segundo mercado más importante después de España. Allí está presente desde 1996, con una amplia cobertura geográfica a través de una red de oficinas distribuidas en los principales estados. Aunque hasta el pasado año era el mercado en el que el grupo tenía puestas más esperanzas, Abril-Martorell levantó las alfombras nada más aterrizar en el grupo, al sospechar que las cifras de negocios se habían inflado. De hecho, el nuevo presidente realizó unas provisiones de 371 millones contra la filial brasileña por proyectos fallidos en que había serías dudas del cobro de las cantidades anunciadas previamente. Unas dotaciones que llevaron a la multinacional a registrar unas pérdidas históricas.

La compañía argumenta que su negocio en Brasil se estaba desarrollando en un contexto de notable empeoramiento macro del país, deterioro de los plazos de pago de la Administración pública, restricción presupuestaria de los clientes públicos y endurecimiento de las exigentes condiciones locales de aceptación de los hitos de los proyectos. Una combinación que provocó el despido de unos 1.000 empleados.

La intervención de la Policía Federal dificulta aún la recuperación del negocio en Brasil, donde se han dado por perdidas ciertas inversiones y el fondo de comercio. Para hacer frente a esta coyuntura, Indra ha aprobado una nueva estrategia con el objetivo de ser más selectiva en los proyectos a ejecutar, enfocándose en los de mayor valor añadido. Un cambio de modelo que ha supuesto una revisión a la baja del crecimiento de ventas y del beneficio operativo.