Procesados dos expresidentes de la patronal de las pymes por cobrar sueldos opacos

Más de una década de gestión en Cepyme, la patronal de las pymes, enfila el banquillo. Un juez ha procesado a Jesús Bárcenas y Jesús Terciado-presidentes entre 2002 y 2014 y vicepresidentes de CEOE en ese periodo- por cobrar de la patronal de forma opaca, sin comunicarlo a los socios y sin que estuviera previsto en los estatutos. El juez considera que Terciadopercibióun sueldo a través de "facturas plenamente falsas" y que ante el riesgo de ser descubierto pasó a un "aberrante" contrato de alta dirección. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez pidea la Fiscalía y a los denunciantes que acusen, paso previo a sentar a los exdirigente de Cepymeen el banquillo por "apropiación indebida, estafa, falsedad y delito societario".

En 2014, miembros dela patronal de Salamanca, Confaes, denunciaron en el juzgado que Terciado cobraba de Cepyme a través de sus empresas aunque oficialmente el cargo no tenía sueldo. La rivalidad de Confaes con Terciado venía de antiguo. Este,natural de Ávila, fuepresidente de la patronal de Castilla y León, dondeya chocó con Confaes. Durante meses, la CEOE, que es quien en la práctica tutela Cepyme (siglas de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), defendió el sistema de pagos. Consideraban que era una rencilla local que coleaba y que no tendría recorrido judicial. El presidente de Cepyme es interlocutor ante el Gobierno en el diálogo social junto a los sindicatos.No imaginaban que iba a llegar tan lejos, según fuentes próximas a alguno de losacusados.

Terciado cobraba primero mediante una "irregular, ilícita y mendaz" documentación y después pasó a tener un "aberrante y oneroso" contrato de dirección

La denuncia de Confaes cayóen el juzgado de instrucción 33 de Madrid, por el que durante dos años ha desfilado buena parte de la antigua cúpula de Cepyme. Y aunque iba contra Terciado, ha tenido víctimas colateralesimportantes. La principal es el anterior presidente, Jesús Bárcenas, un empresario de Ciudad Real que lleva años alejado de los focos.El juez Tomás Martín Gil dictó el pasado 30 de mayo el auto de transformación en procedimiento abreviado. Eso supone que da por terminada la instrucción y pide a la Fiscalía que acuse. Aún cabe recurso, pero es el paso previo a sentarlos en el banquillo.

El juez síenumera "sucintamente" lo que ha encontrado en la causa. Según este, Bárcenas y Terciado "libre y voluntariamente accedieron por elección a la presidencia de Cepyme" y"conocían o debían conocer sin duda que el cargo al que accedían no estaba retribuido con honorarios profesionales por sus servicios, manteniéndose con los ingresos de la actividad empresarial que les promovía, no incompatible en el cargo". Sin embargo, y pese a que no estaba previsto en los estatutos ni fue comunicado a los socios,"establecieron ambos y en su exclusivo beneficio una retribución personal" alegando su "gran dedicación" a Cepyme.

Bárcenas -presidente entre 2002 y 2010- recibía "una retribución directa en honorarios" y "un pago en especie por el alquiler de un vehículo de alta gama a su propia compañía". Su empresa, Jesús Bárcenas SL,recibía 64.000euros al año en concepto de alquiler del coche, un Mercedes.Además, cobraba unos 65.000 euros al año fijos en gastos de representación y pasaba gastos, según la documentación que hay en el procedimiento. Ninguno de esos pagos fue "correctamente establecido, autorizado y percibido con conocimiento y consentimiento de los máximos órganos de dirección competentes o asociados", siempre según el juez. Bárcenas afirmó en su día que no había facturado a Cepyme a través de empresasy que tenía todo declarado al fisco.

Bárcenas recibía "un pago en especie por el alquiler de un vehículo de alta gama a su propia compañía"

En 2010 le sustituyó Jesús Terciado, que entonces tenía una gasolinera en Ávila y empresas de asesoramiento agrícola, ya que él es ingeniero técnico agrícola de formación. Terciado siguiócobrando de Cepyme, y lo hizo, según el magistrado, "mediante el libramiento de facturas plenamente falsas" de empresas de su propiedad. Como concepto, aparecían"trabajos de consultoría nunca efectuados". El auto califica esos justificantes como una documentación "irregular, ilícita y mendaz".

En su primer año, Terciado facturó a Cepyme103.000 euros; en2011, la cifra ascendió a177.000 euros, y hasta septiembre de 2012 percibió136.000 euros. En total,Terciado facturó a Cepyme en 2011 y 2012 un total de 416.000eurosa través de dos empresas.Tambiénpasabagastos por viajes y comidas (entre 6.000 y 18.000 euros, según el año). Era un hombre de Gerardo Díaz Ferrán y, según fuentes conocedoras de Cepyme, fue este quien autorizó los pagos, que se mantuvieron con Juan Rosell.

En septiembre de 2012, Terciado pasó a tener un contrato de alta dirección con Cepyme de 140.000 euros al año. El juez carga duramente contra los cobros de Terciado:sostiene que "ante la posibilidad de ser descubierta[la facturación falsa] fue sustituida con la elección de una onerosa y aberrante fórmula jurídica que consistía técnicamente en la celebración de un contrato de alta dirección". Según el juez, era algo "tan extraño e indebido como suponer que a un presidente electo de una entidad un alto ejecutivo de la misma le contrate como presidente y le pague por ello". En noviembre de 2014, Terciado fue obligado a dimitir por CEOE.Cuando empezó el caso, Terciadoseñaló en un comunicadoque su retribución era correcta y que solohabía seguido "la pauta de comportamiento que mantuvo la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa durante los mandatos anteriores".

Sin embargo, el juez de instrucciónconsidera que es una"apropiación indebida" y que no se podría haber producido sin la colaboración de los últimos tres secretarios de Cepyme, a los que también plantea juzgar, ya que "realizaron todo lo necesario para su perfección y ocultamiento a los asociados". Y lo hicieron además cuando Cepyme atravesaba "una grave situación de pérdida económica".

El juez termina con un tirón de orejas a la cúpula actual de Cepyme, presidida por Antonio Garamendi, que ha decidido perdonar los 1,3 millones que sus dos antecesores cobraron con este método. El magistrado afirma que es "difícil de comprender" que no reclame ese dinero.