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Jaque al pelotazo de Comenge por la imputación de altos cargos de Urbanismo
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posee el edificio en discordia

Jaque al pelotazo de Comenge por la imputación de altos cargos de Urbanismo

El empresario, una de las mayores fortunas de España, es el actual propietario del edificio que ha abierto la causa contra cuatro altos cargos de Urbanismo de la época del PP

Foto: Fachada de Juan de Mena 13. (Foto: Alza)
Fachada de Juan de Mena 13. (Foto: Alza)

Nuevo palo en la rueda a la gran operación inmobiliaria que José Ignacio Comenge está ultimando en Madrid. Después de ver como, el pasado abril, el Ayuntamiento de Madrid rechazaba concederle la licencia de primera ocupación y le emplazaba a realizar un rosario de modificaciones y subsanaciones, el empresario se ha visto salpicado por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de imputar a cuatro altos cargos de Urbanismo cuando el PP estaba al frente del Consistorio.

La querella que ha dado lugar a esta investigación judicial fue presentada por el antiguo propietario de este inmueble, Invergrand 2000, que controlaba el edificio ubicado en el número 13 de la elitista calle Juan de Mena a través de la promotora Parques y Edificaciones Artal. Esta sociedad terminó yendo a la quiebra por la paralización que impuso Gerencia a su obra de rehabilitación del inmueble, la banca embargó el edificio y, poco después, se lo vendió a la sociedad Blig 13-13.

Como adelantó este medio, dicha empresa fue constituida pocas semanas antes de hacerse con Juan de Mena 3 por unos tres millones de euros, cuando el edificio estaba valorado por su anterior propietario en 25 millones, y en apenas nueve meses logró legalizar unas obras que llevaban cinco años paradas, con el agravante, según se recoge en la querella, de que lo logró continuando la licencia que ya tenía Artal y que nunca le permitieron reactivar.

Blig 13-13 es una compañía propiedad de Mendibea 2002, uno de los brazos inversores de Comenge, a la sazón una de las mayores fortunas de España, con presencia en grupos de la dimensión de Coca-Cola, Ence, Ebro Foods o las bodegas CVNE.

Uno de los principales argumentos que esgrime la querella para acusar a los ex altos cargos de Urbanismo de prevaricación es, precisamente, el trato posterior que tuvo Gerencia con la sociedad de Comenge, a la que se concedieron las mismas peticiones que le fueron denegadas a Artal en un tiempo récord.

En concreto, el escrito, que ha sido respaldado por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 5, señala que en la licencia concedida a Blig 13-13, desaparece el requisito de "la siempre invocada reestructuración general" y pasa a considerarse "obra de restauración y de reconstrucción del edificio", modificación que la querella considera "la infracción esencial en la licencia".

Fiscalía pide el expediente

En su escrito, la querellante presenta una nueva pericial con la que argumenta que las obras realizadas por la empresa de Comenge se han hecho "manteniendo en su totalidad la estructura vertical y horizontal ejecutada por Parques y Edificaciones Artal, hecho esencial en la paralización de la obra a Parques y Edificaciones Artal, además de que los principales puntos relativos a protección o restauración se han visto totalmente incumplidos (...) sin que esa forma de actuar haya causado la intervención del Ayuntamiento".

El auto dictado por la magistrada Carmen Valcarce, al que ha tenido acceso este medio, ordena al Consistorio madrileño, ahora gobernado por Manuela Carmena, que remita los expedientes tanto de Artal como de Blig 13-13, porque así lo ha pedido el propio Ministerio Fiscal para poder analizarlos, lo que termina de poner en jaque la gran operación inmobiliaria de Comenge en el corazón de Madrid.

Nuevo palo en la rueda a la gran operación inmobiliaria que José Ignacio Comenge está ultimando en Madrid. Después de ver como, el pasado abril, el Ayuntamiento de Madrid rechazaba concederle la licencia de primera ocupación y le emplazaba a realizar un rosario de modificaciones y subsanaciones, el empresario se ha visto salpicado por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de imputar a cuatro altos cargos de Urbanismo cuando el PP estaba al frente del Consistorio.

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