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Iberdrola disiente del Supremo y afirma que no contó con trato privilegiado en Bankia
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en su demanda contra el banco nacionalizado

Iberdrola disiente del Supremo y afirma que no contó con trato privilegiado en Bankia

La eléctrica discrepa del alto tribunal al indicar que tuvo la misma información que cualquier inversor, pese a que el banco era accionista relevante y compartía un consejero

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Reuters)
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Reuters)

Iberdrola ha abierto un melón con sabor a ácido para Bankia al poner una demanda contra el banco nacionalizado por las pérdidas que sufrió en la salida a bolsa de julio de 2011, tal y como adelantó ayer El Confidencial en exclusiva. Sobre todo porque, si prospera su reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, otros accionistas institucionales que también acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) podrían exigir la devolución de los hasta 1.236 millones de euros que la institución colocó entre grandes inversores.

La eléctrica basa su demanda en dos sentencias del Tribunal Supremo, en donde se pone de manifiesto que “el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales”. Los abogados de la eléctrica han tenido en consideración asimismo el escrito 24/2016 del mismo tribunal, en el que afirma que “tras adquirir las acciones, a los pocos meses, se hizo evidente que los demandantes habían adquirido acciones de una sociedad cuya situación patrimonial y financiera era muy diferente de la que se expresaba en el folleto”.

Pero Iberdrola difiere del Supremo cuando el órgano jurídico hace una distinción entre los pequeños ahorradores y los ahorradores profesionales, al afirmar que “los inversores institucionales, grandes inversores o inversores cualificados podrían tener acceso a otro tipo de información complementaria”. El grupo energético con sede en Bilbao sostiene en su demanda que esta aseveración tiene “escaso fundamento” porque “el folleto es el mismo para todos los inversores y de acuerdo al real decreto 1.310/2005, niega que exista otra información necesaria para adoptar la decisión de inversión”.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán agrega en su escrito que “cualquier información que no se hubiese incluido en el folleto y a la que hubiesen accedido los potenciales inversores habría sido información privilegiada, por lo que su uso habría sido ilícito y sancionable”. Lo que no indica Iberdrola es que, como cualquier inversor institucional y a diferencia de los minoristas, su equipo directivo tuvo un trato preferencial.

Como en cualquier salida a bolsa, la empresa -Bankia en este caso- que va a vender sus acciones se reúne, junto con sus bancos coordinadores (Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y Merrill Lynch), con los potenciales compradores de la OPV o la oferta pública de suscripción (OPS). Lo hace un mes y medio antes de que se registre el folleto de la colocación, en lo que se conoce como 'premarketing', y cuando se ha verificado ya en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o 'road show'. La primera cita es utilizada para presentar la cuenta de resultados, dar una información preliminar del balance y sondear el precio al que estarían dispuestos a comprar los títulos. En el segundo encuentro, ya se detalla más la documentación y se establece una banda de precios a que serán ofrecidas las acciones.

En ambas reuniones, de carácter restringido, los inversores cualificados tienen la posibilidad de preguntar al equipo gestor -Rodrigo Rato y Francisco Verdú- sobre las fortalezas y debilidades del banco, sobre sus previsiones de negocio y su plan estratégico. Además, también suelen disponer de los conocidos como ‘one on one’ o encuentros privados, cara a cara, entre el inversor profesionales y el presidente o consejero delegado de la compañía que sale a bolsa.

Consejeros imputados

Además, Iberdrola tenía una información muy próxima a Bankia, ya que desde 2007 la tuvo como accionista en nombre de Bancaja. La caja valenciana llegó a tener un 6% de la eléctrica, lo que le dio un puesto de privilegio en el consejo de administración. El primero que se sentó ahí fue José Luis Olivas, que llegó a ser vicepresidente del banco posteriormente nacionalizado y miembro de la comisión ejecutiva de la empresa energética. En 2012, tras la intervención de Bankia, el valenciano tuvo que abandonar su puesto, que fue ocupado por Francisco Pons, que, como Olivas, acabó imputado. Pons fue relevado en 2014 por Manuel Lagares poco antes de que el grupo financiero vendiese el 4,9% que aún mantenía en Iberdrola con unas pérdidas de 1.000 millones.

Desde Bankia han rechazado hacer una valoración oficial sobre la demanda de la eléctrica, si bien fuentes próximas al consejo de administración mostraron su sorpresa y malestar con la decisión de Galán. No entienden el paso dado, puesto que, en caso de ganar la reclamación judicial, la sanción irá contra las arcas del Estado. Además, añaden que la cotización de Iberdrola se comportó peor que la del banco desde la salida a bolsa hasta finales de febrero, cuando Luis de Guindos aprobó el primer real decreto de provisiones contra la banca. En consecuencia, perdió menos dinero con los 70 millones que suscribió en acciones de Bankia que si los hubiera destinado a adquirir 'iberdrolas'.

Empresas como Mapfre, Mutua Madrileña y OHL están muy pendientes de la deriva de la demanda del grupo energético, puesto que las tres han amagado con usar la vía judicial para reclamar los cerca de 400 millones que invirtieron. En total, los inversores del tramo institucional compraron acciones de Bankia por 1.236 millones, una cantidad que ahora podría ser reclamada si prospera la reclamación de Iberdrola.

Iberdrola ha abierto un melón con sabor a ácido para Bankia al poner una demanda contra el banco nacionalizado por las pérdidas que sufrió en la salida a bolsa de julio de 2011, tal y como adelantó ayer El Confidencial en exclusiva. Sobre todo porque, si prospera su reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, otros accionistas institucionales que también acudieron a la oferta pública de suscripción (OPS) podrían exigir la devolución de los hasta 1.236 millones de euros que la institución colocó entre grandes inversores.

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