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La banca saca las uñas para frenar (otra vez) la circular CNMV de productos complejos
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FUERTES ALEGACIONES CONTRA EL REGULADOR

La banca saca las uñas para frenar (otra vez) la circular CNMV de productos complejos

Los grandes bancos han arremetido con especial dureza contra la CNMV y critican el afán regulatorio que caracteriza en estos momentos a la entidad presidida por Elvira Rodríguez

Foto:  La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez (i), y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (EFE)
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez (i), y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. (EFE)

El pulso soterrado que durante los dos últimos años vienen manteniendo los grandes bancos con la CNMV sobre la venta a particulares de productos financieros complejos se ha convertido en una batalla en toda regla con motivo de la nueva circular lanzada a mediados de abril por el organismo que preside Elvira Rodríguez. La Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado toda su artillería legal contra el supervisor bursátil con una batería de alegaciones a la nueva disposición que ponen en tela de juicio el afán regulatorio del vigilante bursátil, a pocos meses de que entre en vigor la normativa de la Comisión Europea sobre esta misma y controvertida materia.

Los llamados PRIIPS (productos de inversión minorista empaquetados, por sus siglas en inglés) forman parte de un reglamento que el Gobierno de Bruselas aprobó en diciembre de 2014 y que será aplicable con carácter obligatorio en todos los estados miembros de la Unión Europea a partir del próximo 31 de diciembre de este año. A pesar de ello, la CNMV ha incluido en su plan de actividades para este mismo ejercicio la puesta en marcha de una circular que trata de adaptar la legislación en España a la experiencia acumulada durante la crisis financiera, con el fin de prevenir en lo sucesivo la repetición de escándalos que puedan erosionar de nuevo la confianza de los consumidores en el sistema financiero.

La Comisión de Valores invoca las facultades que le otorga la Ley de Reestructuración y Resolución de entidades de crédito para conseguir la plena transparencia y las mayores advertencias en la comercialización de productos financieros. El organismo supervisor trata de enmendar la plana al Ministerio de Economía, que aprobó el pasado mes de noviembre una orden para clasificar los riesgos de estos activos con la supuesta sana intención de proteger a los inversores. La medida dispuesta por el departamento que dirige Luis de Guindos estaba inspirada en los planes de la CNMV, pero en la misma, curiosamente, no se incluían los nuevos y más sofisticados instrumentos financieros incorporados estos últimos años en el circuito comercial de la banca española.

Elvira Rodríguez ha reaccionado a la primera ocasión que se le ha presentado con una nueva versión de la circular que, aumentada y corregida, va mucho más allá del ámbito operativo establecido en el primer borrador elaborado hace dos años. La CNMV se cura en salud, incluyendo en la lista negra de productos complejos todos los que el Gobierno dejó fuera de la orden ministerial, como son los títulos de deuda convertible, más conocidos como los célebres Cocos, emitidos por los bancos para reforzar sus ratios de capital; aparte de los productos estructurados, sean bonos o incluso depósitos, con garantía inferior al 90%, y también los derivados no cotizados, como puedan ser las opciones o futuros. Para evitar males mayores, la circular alcanza también a las denostadas preferentes y a los fondos con rentabilidad.

La AEB considera que la nueva circular no tiene sentido, dado el reglamento equivalente de la Comisión Europea que será obligatorio a fin de año

Las restricciones impuestas por el regulador obligan a los bancos y demás intermediarios financieros a etiquetar la venta de estos instrumentos con una leyenda específica que identifique de forma concisa, en tres palabras, el peligro que supone comprar un “producto difícil de entender”. Con este rótulo por bandera, las entidades de crédito consideran que van a quedarse “para vestir santos”, por lo menos en lo que se refiere a la puesta en valor de sus redes comerciales, lo que obligará a un ajuste estructural añadido al que se ha llevado a cabo desde el principio de la crisis y que ha supuesto el cierre de más de 15.000 oficinas bancarias en España.

Las alegaciones presentadas por la AEB durante la fase de consulta pública y que han sido debatidas en el propio comité consultivo de la CNMV que preside la vicepresidenta, Lourdes Centeno, ponen de relieve la oposición de los bancos ante lo que se considera una precipitación normativa del organismo regulador. Las entidades financieras tratan de evitar riesgos reputacionales ante la opinión pública y se esmeran por proyectar una imagen en favor de la transparencia y la información al mercado, pero recuerdan que para eso ya está el reglamento comunitario, que será de obligada implantación en poco más de seis meses.

La patronal bancaria confía en llegar a un pacto con el regulador que permita rebajar el ámbito de aplicación de la norma o, cuando menos, dilatar su entrada en vigor. La CNMV ha apuntado por elevación, pero antes de apretar el gatillo quiere tentarse la ropa con el respaldo del Consejo de Estado y la preceptiva autorización de ESMA, la entidad supervisora del sistema financiero en la Unión Europea. Entre unas cosas y otras, no es previsible que la segunda circular de productos complejos sea una realidad hasta después del verano, coincidiendo con un momento clave en la renovación de altos cargos de la CNMV. Habrá que ver para entonces si Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno siguen en sus puestos y si tienen ganas de enfrentarse de nuevo al poderoso 'lobby' bancario.

El pulso soterrado que durante los dos últimos años vienen manteniendo los grandes bancos con la CNMV sobre la venta a particulares de productos financieros complejos se ha convertido en una batalla en toda regla con motivo de la nueva circular lanzada a mediados de abril por el organismo que preside Elvira Rodríguez. La Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado toda su artillería legal contra el supervisor bursátil con una batería de alegaciones a la nueva disposición que ponen en tela de juicio el afán regulatorio del vigilante bursátil, a pocos meses de que entre en vigor la normativa de la Comisión Europea sobre esta misma y controvertida materia.

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