Industria le otorgó una remuneración financiera de hasta el 8% en su último pago

Florentino Pérez quiso inflar los costes del cierre del almacén gasista de Castor

ACS intentó colar como costes el asesoramiento financiero para refinanciar el almacén, derechos de emisión, catastro y cánones de puerto e hidrocarburos y operativa intragrupo

Foto: Proceso de instalación del proyecto Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón). (EFE)
Proceso de instalación del proyecto Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón). (EFE)

La constructora ACS, que preside Florentino Pérez, quiso inflar los costes del cierre del almacén gasista submarino Castor para cobrar todavía más del Estado. Así consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del pasado 12 de noviembre de 2015, en la que se otorgó a los promotores un último pago de 295 millones, tal y como desveló El Confidencial. Castor tuvo que cerrarse en 2014, cuando la inyección de gas colchón provocó una serie de terremotos en Castellón y el sur de Cataluña.

La resolución no era pública hasta ahora y ha sido entregada a El Confidencial a través de una solicitud de acceso a la información pública en el Portal de Transparencia, en la que se han censurado algunas cifras que afectan a las condiciones económicas con las que operaba Escal UGS, empresa participada por ACS en un 66,5% y por la petrolera canadiense Dundee Energy en el resto del capital, por estar al amparo del secreto industrial y comercial. Este pago en concreto debía limitarse a una retribución financiera y a los costes de operación y mantenimiento del almacén gasista, hasta que este dejó de estar operativo de manera indefinida para evitar más terremotos.

Entre los costes que reclamaba ACS y su socio, se encontraban el asesoramiento financiero para refinanciar el proyecto de Castor y cancelar la emisión de bonos en Luxemburgo, que según la orden del Ministerio “no presentan naturaleza de costes de operación y mantenimiento”, en lugar de lo que pretendían los promotores del proyecto fallido. Del mismo modo, se intentaron incluir “derechos de emisión, sanción de catastro y cánones de puerto e hidrocarburos”, pretensión que se rechaza porque “no dispone de factura o soporte ni siquiera en la última del informe de procedimientos acordados”.

Sin embargo, la parte que resulta más escandalosa es un margen de operaciones y mantenimiento del 10%. Pero como apunta el Ministerio, “no cabe reconocer costes inexistentes como son los márgenes intragrupo”.

El Ministerio solicitó más información sobre este 10%, en concreto en lo que se correspondía al año 2012. ACS y Dundee Energy explicaron que solo en los costes de operación y mantenimiento, el “beneficio industrial” obtenido por su contratista era del 10% ¿Y quién era ese contratista? Pues la UTE ACS-Cobra, propiedad de la propia ACS. De manera que ACS, a través de Escal, donde tenía el 66%, se contrataba a sí misma, a la UTE ACS-Cobra, y ganaba el 10% hiciera lo que hiciese. En la orden ministerial se advierte que “se ha detraído el citado margen de costes de operación” o, lo que es lo mismo, que se opta por dejar fuera del pago ese sobrecoste del 10%.

Gestión cuestionada

Detalle de la resolución ministerial.
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Detalle de la resolución ministerial.

En realidad, la tensión entre el Ministerio y ACS se desliza varias veces en la orden ministerial, como cuando se les solicita más información y Escal lo zanja asegurando que ya ha dado a la Administración “cumplimiento suficiente” O cuando María Teresa Baquedano, directora general de Política Energética y Minas, que es quien firma la orden, apunta la imposibilidad de aplicar los principios de “concurrencia, transparencia y mínimo coste” en los contratos de operación y mantenimiento que no hubieran sido asumidos por la propia Escal UGS.

Dicho de otra manera, se reconoce en la orden ministerial que se había otorgado una concesión pública de un proyecto multimillonario a una empresa que no estaba especialmente preocupada por los mínimos criterios de la gestión empresarial más comúnmente aceptados.

El Ministerio desliza diversas críticas a cómo se ejecutó el Castor, tales como no respetar los criterios de "concurrencia, transparencia y mínimo coste"

Escal UGS también intentó hacer colar como costes de mantenimiento al Gobierno de Mariano Rajoy “costes de inversión anteriores o costes correspondientes ya al ejercicio 2013”, según consta en el documento. Esta pretensión fue rechazada de pleno por el Ministerio, que entonces encabezaba José Manuel Soria.

Trato favorable

El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)
El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)

La dureza en rechazar la inclusión de determinados costes contrasta con la generosidad en otros puntos, como es la remuneración financiera. De los 295 millones, 77 corresponden a remuneración financiera de los años 2012 -del 6 de julio hasta final del año-, 2013 y 2014, hasta el 4 de octubre, si bien ACS también intentó cobrar el año entero, iniciativa que el Ministerio también echó para atrás.

Sin embargo, en la retribución financiera se le otorga a Escal UGS un tramo del pago con una remuneración del 8,76% -que afecta a un desembolso de 59,9 millones- y otro del 5,09%, que genera pagos para los promotores del almacén de gas fallido de 17,1 millones. Se trata de una rentabilidad muy alta para un momento -noviembre de 2015, cuando se firma la orden- en que el bono español a 10 años cotizaba a 1,69%. Y muy elevada también porque la emisión de bonos en Luxemburgo que ACS tuvo que cancelar ofrecía un rentabilidad del 5,75% a 21,5 años.

En total, todo el coste de esta infraestructura ha supuesto al bolsillo de los españoles 1.649 millones que se repercutirán durante los próximos años en la factura del gas, incluyendo los últimos 295 millones que recoge esta resolución. De manera que no todo le fue mal a Florentino Pérez en su relación con el Ministerio.

Secreto industrial y comercial

Al tratarse de una solicitud de información que afectaba a intereses de un tercero, la Dirección General de Política Energética y Minas la trasladó a Escal UGS para que realizara las alegaciones oportunas. La empresa “mostró su oposición a la difusión de la información solicitada alegando la falta de identificación del solicitante así como el perjuicio que, tanto para los intereses económicos y comerciales como para las política económica y monetaria, supondría la difusión de la resolución solicitada”.

Respecto al primer punto, el departamento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo recordó que “no es necesario motivar las solicitudes”, mientras que sobre el segundo aspecto estimó parcialmente las alegaciones de Escal UGS.

“Si bien el impacto negativo sobre esta última [la política económica y monetaria] resulta en cierta medida indirecto y difuso, sí existe un impacto sobre los intereses económicos y comerciales de Escal UGS SL, toda vez que la resolución solicitada contiene información de costes y partidas que contienen información sujeta de amparo por el secreto industrial y comercial”, expresa la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

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