El 60% de las empresas del Ibex son opacas en materia fiscal

¿Qué importancia le dan los gigantes del Ibex 35 a la transparencia? ¿Qué sabemos sobre sus obligaciones fiscales? Apenas cuatro compañías se toman en serio este aspecto: Iberdrola, BBVA, Endesa y Telefónica son las únicas que aprueban el examen de la Fundación Compromiso y Transparencia, pues cumplen más de ocho indicadores en áreas como información sobre su actividad en paraísos fiscales, control interno, código ético o independencia de las auditorías.

Así lo desvela 'Contribución y transparencia 2015', un informe que pone la lupa en las páginas web de las empresas del Ibex para determinar si publican información "completa, exhaustiva, actualizada y accesible" sobre todo lo relativo al pago de impuestos. Aunque la fundación detecta una "mejora significativa" en 2015 respecto a 2014, lo cierto es que el 60% de las empresas del Ibex ni siquiera llegan al cinco (de 12 puntos). Las que obtienen peor puntuación son Técnicas Reunidas (0), AENA (0), Merlin Properties (1), Grifols (1), FCC (1), Banco Popular (1), Amadeus (1), Banco Sabadell (1) y Abertis (1).

Más cerca del aprobado están Banco Santander (8), Repsol (8), Ferrovial (7) y Acciona (6), pero todavía fallan en aspectos como información sobre litigios fiscales o principios, un apartado en el que se analiza si la responsabilidad fiscal está plasmada en sus declaraciones corporativas. Solo dos compañías (Iberdrola y Bankia) cumplen este último criterio, con referencias a la "estrategia de cumplimiento de las normas tributarias" o la "aportación positiva a las finanzas públicas", respectivamente. El 60% de las empresas todavía no ha suscrito el código de buenas prácticas en esta materia y el 74% no cumple con lo establecido en las directrices de la OCDE.

De los paraísos fiscales no se habla

La mayoría de las firmas suele informar de manera "sesgada o indirecta" sobre su presencia en destinos tan exóticos como las Islas Caimán, las Bahamas o Panamá, con la honrosa excepción de Acerinox, que dice no emplear "sistema alguno de ingeniería fiscal", Endesa, que renuncia a invertir "en territorios calificados como paraísos fiscales con la única finalidad de minorar la carga tributaria", o BBVA, que atribuye sus operaciones en estos destinos a la "generación de valor" y no al "menoscabo de la transparencia". Otras como Bankia, DIA, Ferrovial, Gamesa y Red Eléctrica de España (REE) guardan silencio absoluto al respecto.

¿Qué hay de la lucha contra el blanqueo de capitales? El 43% sí informa sobre sus políticas y procedimientos para combatirlo. El 60% además cuenta con canales de denuncia abiertos a empleados, proveedores, clientes y accionistas para dar a conocer irregularidades, fraudes o comportamientos poco éticos, algo que aún no han introducido empresas como Abertis, AENA, Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural, FCC o Mediaset.

La independencia del auditor externo es un criterio que cumple el 40% de las empresas frente al 34% del año anterior, si bien otras como Bankia, Bankinter, DIA y Endesa no posicionan esta información en un lugar visible para el usuario. La novedad introducida por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RD 634/2015) obliga a las compañías con importes netos de cifra de negocios superiores a 750 millones a que especifiquen los impuestos que pagan en cada uno de los países donde operan a partir de 2016. Esto ha impulsado a 11 empresas a presentar informes país por país en 2015, algo que antes solo hacían cuatro.

Casi todas (86%) suspenden al (no) informar sobre los litigios fiscales que mantienen con las distintas administraciones tributarias, excepto Gas Natural, Mediaset, REE, Telefónica y Endesa. "La mayoría facilita esta información de manera poco detallada, enterrada en las cuentas anuales y acompañada de frases exculpatorias muy genéricas", sostiene el informe.

Los autores creen que las nuevas exigencias introducidas en el marco normativo y la presión de iniciativas ciudadanas explican por qué las compañías son cada vez más conscientes de la importancia de la transparencia. Y más en un momento en el que la opinión pública demanda una mayor equidad en el reparto de cargas fiscales, en línea con la necesidad de que todos contribuyan a mantener las prestaciones sociales.