Moltó no entrará en la cárcel: condenado a sólo dos años por falsedad contable en CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, portavoz socialista de Economía en los Gobiernos de Aznar y expresidente de Caja Castilla-La Mancha(CCM), ha sido condenado a dos años de prisión,a 29.970 euros de multa por falsedad contable y al pago de las costas, junto al exdirector general de la entidad,Ildefonso Ortega. En principio, no entrarán en la cárcel al carecer de antecedentes penales. Asimismo, el tribual absuelve a ambos del delito de administración fraudulenta por el que también habían sido juzgados.

Respecto al delito por el que son condenados, la sentencia afirma que "lo que ha resultado para este juzgador es que los acusados habían utilizado un ardid contable en el sentido más propio de engaño, disimulo o artimaña, o si se prefiere treta o tergiversación. Es decir, tapar o "maquillar" unas pérdidas que bien se podrían denominar glopantes". Vázquez atribuye estas pérdidas especialmente a la pérdida de valor de las acciones de las inmobiliarias Afirma, Colonial y Parquesol, que se llevaron contra patrimonio neto en vez de hacerlo en la cuenta de resultados, puesto que, aunque los expertos puedan detectarlas, no sucede lo mismo con el "hombre medio". Y es a los ciudadanos a los que hay que proteger, sigue el magistrado, aunque no se haya producido efectivamente un perjuicio.

Asimismo, la Audiencia tumba la pretensión de Moltó de que él era "animador sociocultural y reina de Inglaterra" en CCM, pero no banquero, declaraciones que califica de "sarcásticas" y "absolutamente inadmisibles". "Aunque el presidente según los estatutos era un cargo no ejecutivo realizaba evidentes funciones de gestión pues no sólo presidió el comité de dirección sino que se reunía constantemente con directores de área y con los del comité de riesgos y con la dirección financiera". " Ha quedado perfectamente acreditado que Hernández Moltó era quien dirigía y gestionaba personalmente todos los temas de la tan repetida fusión intentada con Ibercaja y Unicaja, mal pued einvocar un carácter puramente representativo quien realizaba actos tan determinates", añade.

Absuelto porque los peritos no tenían información

Más polémica resulta la absolución del delito de administración fraudulenta, que el magistrado basa en dos elementos. El primero es que no se puede cuantificar el perjuicio concreto, algo que deriva precisamente de que el actual Banco CCM no ha remitido información suficientemente actualizada a los peritosdel Banco de España, por lo que éstos no han podido cuantificar dicho perjuicio. El juez añade que "las operaciones en que los préstamos no están extinguidos son una realidad cambiante".

El segundo elemento es que no se puede imputar la concesión o refinanciación de los créditos que causaron estas pérdidas a Moltó y a Ortega, ya que ambos tenían debajo toda una estructura de toma de decisiones en la entidad. "No se ha acreditado en ningún caso que ni Ildefonso ortega, ni Hernández Moltó impusieran, ordenaran o ejercieran una actividad jurídicamente relevante para imponer su criterio para conceder un determinado crédito a un grupo o personas determinados". Asimismo, justifica no imponer una pena más alta porque "no se ha acreditado que los acusados se hayan apropiado para sí de cantidad alguna", pese a que la condena se refiere a la falsedad documental que no exige obtener un beneficio propio.

El primer rescate de la crisis bancaria

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que fracasara el intento de venta a Unicaja y de que el auditor, Ernst&Young, se negara a firmar las cuentas de 2008.El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad. El Estado le inyectó capital por 1.300 millones, y se vendió a Cajastur con unas garantías contrapérdidas (esquema de protección de activos) de una cartera de más de 6.000 millones,con una pérdida esperadda de 2.475 millones.

SegúnAnticorrupción,el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".