El BCE pone la cruz a las filiales que BBVA y Santander tienen fuera de la eurozona

Las ínfulas regulatorias del Banco Central Europeo (BCE) han vuelto a señalar con el dedo a la gran banca española. Esta vez no se trata de ningún problema de solvencia o requerimiento de gobierno corporativo que no esté en vías de solución, sino más bien de una cuestión estructural que afecta al desarrollo corporativo de las principales entidades y sus filiales en países extranjeros. Las autoridades de Fráncfort apuntan a los grupos del Banco Santander y BBVA, cuyas estructuras societarias complican la vida del supervisor único en su afán por dominar todo el perímetro de negocio de los bancos naturales de la zona euro.

La institución que preside Mario Draghi no entiende ni poco, ni mucho ni nada la configuración que los grandes bancos sistémicos utilizan desde España para respaldar jurídicamente sus planes globales de expansión. La llamada de atención se localiza de manera preferente en las filiales que los dos grupos presididos por Ana Botín y Francisco González tienen al otro lado del Atlántico: en Brasil, México y Estados Unidos. Los prejuicios se extienden también hacia el Reino Unido, pero los supervisores continentales han reprimido su celo en este caso para no generar un conflicto de mayor envergadura con los euroescépticos británicos.

La operativa en moneda local de entidades como Santander Brasil o las grandes marcas de BBVA en América, entre las que destacan Bancomer en México y Compass en el SunBelt estadounidense, representa un doble quebradero de cabeza para el BCE y su estrategia por marcar el territorio con los grandes grupos bancarios supervisados. De un lado, la capacidad de los propios equipos de inspección para llegar hasta aquellos confines financieros es muy limitada, lo que supone, en segundo lugar, una debilidad política para hacer valer el peso de la autoridad que trata de imponer en los últimos tiempos el regulador único europeo.

Los grandes bancos españoles han tenido que hacer esfuerzos extra para convencer a los reguladores acerca de los sistemas de control que utilizan sus filiales en el exterior, y en algunos casos han tenido que llevar prácticamente de la mano a los inspectores del BCE al otro lado del Atlántico para que comprueben 'in situ' la homologación al más estricto nivel europeo de los procedimientos internos de gestión que se llevan a cabo. La vinculación del Banco Santander y del BBVA con los principales mercados anglosajones del Reino Unido y EEUU representa en este sentido un arma de doble filo que sitúa a las dos principales entidades españolas en el centro de las discusiones entre los diversos reguladores financieros.

De la misma manera que el BCE reclama las competencias supervisoras sobre las filiales en el exterior, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra tratan también de hacer sus pinitos en Europa, exigiendo contrapartidas que garanticen la adaptación de sus propios requerimientos en el seno de las matrices españolas. En definitiva, lo que está en juego es una batalla de influencias entre organismos de supervisión que no se resisten a ceder parcelas de poder y cuyo exceso de celo ha encontrado un exquisito caldo de cultivo en nuestro país, como consecuencia del estigma que pesa sobre la banca española a raíz de la gran crisis financiera.

La batalla de influencias que mantiene el BCE con la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra afecta de manera directa a las filiales del Santander y BBVA

Después de 250.000 millones destinados a saneamientos más los otros 41.000 procedentes del rescate bancario, el sistema financiero español se ha convertido en el chivo expiatorio de las protestas sociales y en el yunque favorito donde se fragua el martillo pilón del flamante supervisor único en el Viejo Continente. La férrea política de control ejercida desde instancias comunitarias ha llegado a generar momentos de especial tensión cuando las entidades españolas se han negado a que los inspectores delegados del BCE se colaran como testigos de cargo, pero sin mayor responsabilidad societaria, en los consejos de administración de los bancos regulados.

Las grandes corporaciones financieras del país y la propia Asociación Española de Banca (AEB) guardan de momento un discreto silencio y tratan de morderse la lengua, por lo menos en público, para no abrir un conflicto dialéctico que pudiera encrespar los ánimos en Fráncfort. Las obligaciones diplomáticas con el regulador tienen estas servidumbres, pero los bancos españoles son cada vez más conscientes del trato injusto, o, cuando menos, asimétrico, que vienen padeciendo en comparación con el que se concede a sus homólogos y rivales europeos.

Los bancos españoles consideran que las autoridades de Fráncfort se exceden en nuestro país con una doble vara de medir más favorable a sus rivales europeos

La dispensa de la banca regional alemana en los célebres test de estrés ha demostrado desde hace varios años la distinta vara de medir que tiene la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), pero el remate de la ‘segregación’ que padece el sector financiero español se evidencia con más claridad a partir del reciente acuerdo de rescate de la banca italiana. El Gobierno de Matteo Renzi ha conseguido que Bruselas se ponga de perfil ante la singularidad de un mecanismo de asistencia que ni tendrá consideración de ayuda de Estado ni castigará con ningún quebranto a los bonistas y accionistas de las entidades financieras.

A diferencia de lo ocurrido en España en el año 2012, la troika se quedará esta vez con las ganas de entrar en el país transalpino, y todo ello con los inversores internacionales realmente espantados. No hace falta más que observar el duro correctivo que los valores del sector vienen sufriendo en las plazas bursátiles, y que lógicamente propaga su onda expansiva también a nuestro país. Lástima que los grandes gestores de carteras no tengan la misma capacidad de discriminación con que actúan las autoridades regulatorias, porque a este paso todo hace indicar que, además del BCE, a la banca española la ha mirado un tuerto.