Los grandes feudos de Podemos retrasan el pago de facturas tras seis meses en el poder

El prometido cambio sigue sin llegar del todo a los bolsillos de los proveedores de la Administración pública, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas que llevan toda la crisis denunciando la morosidad de ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central. En el caso de los primeros, lejos de haber mejorado su situación tras los comicios de mayo, ha empeorado gravemente, al haberse disparado un 40% el periodo medio de pago, según ha denunciado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Esta asociación ha analizado las cuentas de todas las grandes capitales de provincias españolas durante el pasado ejercicio, con el triste resultado de que únicamente siete saldan sus facturas dentro del plazo legal de 30 días: Málaga (22,4 días), Segovia (22,4), Alicante (23,59), Barcelona (24,76), Salamanca (28,93), Pontevedra (29,83) y Valladolid (29,84). Sin embargo, de estas, las cuatro primeras han empeorado el plazo medio de pago durante 2015 en un 126%, 70%, 47% y 18%, respectivamente, números de los que emana que los resultados de mayo de poco hanservido para mejorar la situación de los proveedores.

Si se centra el foco en los consistorios donde se ha dado un vuelco y tanto Podemos como sus distintas marcas blancas han logrado hacerse con la alcaldía, el resultado es un empeoramiento casi generalizado en los denominados 'ayuntamientos del cambio', ya que al citado empeoramiento de Barcelona, se suma el de Zaragoza, la segunda capital de provincia de toda España donde peor ha evolucionado el periodo medio de pago, al haberse incrementado un 56% el número de días que tardan en saldarse las facturas, hasta llegar a 69,04, más del doble del plazo legal.

En A Coruña, el incremento ha sido del 34%, hasta situarse en 78,69 días, mientras que en Madrid se ha elevado un 9%, lo que ha hecho que la capital de España salga del reducido grupo de ciudades que pagaban dentro del plazo legal, al situarse en 30,96 días, frente a los 28,37 días que, según la PMcM, registró de media un año antes.

Cádiz es la única capital de provincia gestionada por Podemos que ha mejorado sus números, un escueto 1%, mejora que no impide a la ciudad ser una de las peores de la lista, ya que su plazo medio de pago es de 154,44 días, cifra solo superada por Jaén, municipio gobernado por el Partido Popular desde 2011 que, dejos de rebajar su morosidad, la ha disparado otro 114% durante 2015, hasta alcanzar la escandalosa cifra de 330,3 días de plazo medio.

La otra cara de la moneda es Valencia, feudo histórico del PP con cuya alcaldía se ha hecho Compromís, gracias al apoyo del PSOE. Con una 'herencia' de 83,35 días medios de pago, los nuevos regidores han conseguido rebajar en un 9% este plazo, hasta 75,93 días, esfuerzo que les ha convertido en la sexta capital que más ha mejorado sus cifras, por detrás de Ciudad Real, Huelva, Lleida, Murcia y Salamanca.

Como denuncia Antonio Cañete, presidente de la PMcM, "no nos podemos permitir estos periodos medios de pago a proveedores, un tercio de las empresas que han cerrado durante la crisis lo ha hecho, directa o indirectamente, por culpa de la morosidad, porque ataca directamente a la financiación de las compañías". Esta asociación desveló, la semana pasada, que había recibido un escrito donde se le notificaba que Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción contra España por incumplir los plazos de pago legales, noticia que rebate la reciente afirmación del Ministerio de Hacienda de que se había suspendido.

Otro punto de fricción entre los proveedores y el actual Gobierno en funciones son los periodos de verificación, es decir, el tiempo que pasa entre que una empresa termina la obra o servicio por la que ha sido contratada y emite una factura, y el que tardan las diferentes administraciones en autorizarla. "Pedimos que los procesos de verificación estén acotados en el tiempo. Que en la Diputación de Girona se tarde seis meses en verificar la factura de servicio de una empresa de transporte escolar, no es justificable".

El 'truco' de retrasar la verificación

Son muchos los entes públicos que aprovechan la laguna existente para retrasar la verificación, y así conseguir dilatar el momento en que se pone a cero el contador y, por tanto, a partir del cual se inician los 30 días que Europa ha marcado como límite, salvo excepciones muy concretas. Un ejemplo, que el propio Cañete destaca, de consistorio que verificaba de manera inmediata era Barcelona, ya que la ciudad condal adoptó hace dos años las líneas marcadas por Europa, esfuerzo que, no obstante, en 2015 se ha visto seriamente empeorado.

Y eso que, gracias a los planes de pago a proveedores creados por el Gobierno en la última legislatura, las cifras globales de todas las administraciones públicas han mejorado, en términos medios, un 48%, según los cálculos de la PMcM, ya que entre 2013 y 2014 pasaron de 163 a 83 días. La duda está en cuando terminen de detallarse todos los cálculos de todas las facturas en manos públicas de 2015, ya que desde la Plataforma se teme que, durante el último trimestre del pasado ejercicio, la situación haya empeorado, entre otros motivos por todos lel retrasos en el pago del último FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y por las campañas electorales, que han desviado gasto hacia publicidad con fines políticos en vez de a saldar facturas pendientes.