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Interior apunta a Vodafone en el amaño del contrato para el escrutinio del 20-D
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Según una investigación policial

Interior apunta a Vodafone en el amaño del contrato para el escrutinio del 20-D

La Secretaría de Estado ha elevado a Jorge Fernández Díaz un informe con correos electrónicos que salpican a la multinacional británica por tratar de aprovecharse de información confidencial

Foto: Foto: Reuters.
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Los votos de los 36,5 millones de españoles que irán este próximo domingo a las urnas serán procesados por Tecnocom y Scytl, dos empresas que, por primera vez en la historia de la democracia, se encargarán del escrutinio de las elecciones generales. Un contrato de cerca de nueve millones de euros que intentó ser amañado por varios candidatos a quedarse con el premio gordo y que supuso la destitución inmediata de tres funcionarios vinculados con el Ministerio del Interior.

Según las últimas investigaciones, entre las compañías que trataron de sacar provecho de la filtración de los pliegos del contrato está Vodafone, que propuso una alianza a Indra para ir de la mano a por el concurso público. La empresa participada por el Estado, dueño del 22% del capital, siempre había acudido a esta puja con Telefónica como socio de telecomunicaciones, una relación que desde este año está aún más consolidada que nunca, ya que la operadora presidida por César Alierta entró en su accionariado el pasado mes de enero.

Por este motivo, Indra declinó la invitación de la compañía británica que, según las pesquisas llevadas a cabo por policías nacionales y guardias civiles encuadrados en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio, tuvo conocimiento de las condiciones del concurso antes de que se hiciera público para todos los interesados. Altas fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que existen correos electrónicos enviados por directivos de Vodafone a Jesús Gil, responsable de procesos electorales de Indra, en los que se pone de manifiesto el trasiego de información confidencial.

Este medio ha mantenido tres conversaciones con fuentes oficiales de la multinacional inglesa, las cuales indicaron en un principio que no tienen conocimiento de haber cometido ninguna arbitrariedad. Posteriormente, agregaron que el código interno de Vodafone es muy severo con presuntas actuaciones impropias y que, de existir alguna irregularidad individual de algún empleado, se actuará con contundencia. Finalmente, añadieron que colaborarán con la Justicia para aclarar cualquier sospecha.

La Secretaría de Estado de Seguridad ya ha elevado el informe elaborado por los policias y guardias civiles al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que a su vez lo ha puesto en conocimiento de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del mismo Mariano Rajoy. Según las mismas fuentes, los responsables del PP han decidido no trasladar los hechos a la Fiscalía Anticorrupción hasta después de las elecciones del 20-D para evitar que el escándalo pueda ser utilizado por algún partido en clave electoral.

Tres funcionarios implicados y destituidos

El informe de la Secretaría de Estado incrimina en una primera fase a Base 100 y a la francesa Atos, que presuntamente tuvieron acceso a las condiciones del contrato antes de salir a la luz gracias a la colaboración de L.F.P.G., un funcionario que ejercía como vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio. Sobre esta persona recaía la responsabilidad de confeccionar los pliegos para la adjudicación de los procesos tecnológicos necesarios para la correcta gestión de los datos electorales.

L.F.P.G. fue destituido de forma fulminante, como P.C.S., subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales y superior directo del anterior, y como J.G.C., subdirector general de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría del Interior del ministerio. Los dos últimos, por negligencia en su desempeño laboral, al considerarse que deberían haber detectado el amaño.

Ante el escándalo, los responsables del ministerio redactaron de nuevo los pliegos y pusieron otra vez en marcha el proceso. Los finalistas del concurso fueron Scytl y Tecnocom, que unieron sus fuerzas en una 'joint venture', e Indra, que desde hacía más de 30 años siempre se ha encargado de gestionar el escrutinio de los votos. La victoria fue finalmente para Scytl y Tecnocom, pese a los intentos de Indra por impugnar la adjudicacion.

Los votos de los 36,5 millones de españoles que irán este próximo domingo a las urnas serán procesados por Tecnocom y Scytl, dos empresas que, por primera vez en la historia de la democracia, se encargarán del escrutinio de las elecciones generales. Un contrato de cerca de nueve millones de euros que intentó ser amañado por varios candidatos a quedarse con el premio gordo y que supuso la destitución inmediata de tres funcionarios vinculados con el Ministerio del Interior.

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