Anticorrupción lanza una rogatoria a México para aclarar la trama de extorsión de OHL

El terremoto desatado bajo los pies de OHL por un presunto caso de corrupción en México podría tener serias réplicas en las próximas semanas, debido a que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria al país azteca, solicitando información para aclarar la trama de presuntos sobornos y extorsiones que tiene en su epicentro a OHL.

Fuentes conocedoras, tanto de España como de México, han confirmado a El Confidencial la petición de información por parte del Ministerio Público, pesquisas que irían dirigidas a aclarar si ha habido soborno de funcionarios por parte de la constructora, que opera en el país a través de su filial OHL México, para hacerse con contratos y mejoras posteriores de sus concesiones.

El escándalo ha llegado hasta el Congreso Federal azteca, donde algunos diputados han preguntado a la Procuradora General -órgano similar a la Fiscalía Anticorrupción- si las autoridades españolas le han solicitado algún tipo de información o ayuda en relación al presunto caso de corrupción.

Lejos de negar tales cuestiones, la procuradora azteca se limitó a responder que "estamos trabajando en estos temas que tú comentas" y que "se hará lo que se tenga que hacer". Desde la Fiscalía Anticorrupción la respuesta es que "prefieren no pronunciarse aún sobre este asunto", según ha señalado un portavoz oficial ante las retiradas consultas de este medio.

En los servicios jurídicos de OHL afirman "no tener constancia de la supuesta comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario por la fiscalía española en nuestra empresa, ni en Madrid ni en México D.F", lo que refleja la máxima discreción con que se está tratando de llevar esta investigación.

La trama en la que se encuentra envuelta OHL México se ha convertido en uno de los principales escándalos del país, ya que a las acusaciones vertidas sobre la compañía española, tanto por un presunto caso de corrupción como por una contabilización irregular de sus concesiones, se suma la sospecha de una mano negra, la compañía azteca Infraiber, contra la constructora española.

Fue el propio Gobierno del Estado de México el que canceló a Infraiber un convenio marco que le permitiría medir el paso de vehículos por las autopistas mexicanas. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sus costos era muy superiores a otros servicios similares, lo que llevó al área jurídica del Gobierno del Estado de México a defender la no aplicación del convenio con infraiber en los juzgados federales, y, en consecuencia, se declaró la invalidez y nulidad del convenio marco en 2013.

OHL México interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra Infraiber y una serie de terceras personas físicas "por la difusión de documentación ilícita con la pretensión de extorsionar; y seguirá empleando todos los recursos legales para defender a la compañía, su reputación y su patrimonio ante esta o cualquier difamación", señalan desde la empresa.

El país azteca ha sido el maná de la compañía en los últimos años, hasta el punto de que es el principal mercado del grupo sólo por detrás de España

Precisamente, el pasado jueves, OHL México envió a la CNBV -Comisión Nacional Bancaria y de Valores- la ratificación por parte de Deloitte, PwC, EY y KPMG, así como tres de las primeras firmas de abogados (Jones Day, Mijares Angoitia y Garrigues) de la forma en que el grupo contabiliza las concesiones que tiene en México y que el propio regulador puso en duda hace un mes, con la apertura de procedimiento sancionador.

La petición de una comisión rogatoria por parte de España a México va dirigida a aclarar toda esta trama, un escándalo que el holding ha tratado de acotar al otro lado del Atlántico, ya que su filial es una empresa 100% azteca y sometida a las leyes del país norteamericano. No obstante, según explican fuentes de la lucha anticorrupción, España se encuentra actualmente en el foco de los organismos internacionales por su falta de mano dura a la hora de castigar a sus compañías por presuntas compras de empleados públicos en el extranjero… y necesita urgentemente un golpe de efecto.

Primer golpe, el empresarial

A la espera de avances en todos estos procesos, la realidad es que este escándalo ha tenido ya serias consecuencias empresariales tanto para OHL como para su matriz, Grupo Villar Mir, que en los últimos meses ha tenido que realizar un ambicioso y acelerado plan de desinversiones para poder acudir a la ampliación de capital de 1.000 millones que aprobó su filial constructora hace dos meses, dirigida a intentar recuperar su salud financiera tras el escándalo mexicano.

El país azteca ha sido el maná de la compañía en los últimos años, hasta el punto de que es el principal mercado del grupo, sólo por detrás de España, al representar casi un 15% de su cifra de negocio. Actualmente, la compañía construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje y un aeropuerto.

Este elevado peso permite comprender la capacidad de dañar a la matriz que tiene la filial azteca que, a su vez, cotiza al otro lado del Atlántico desde el año 2010. Y no sólo eso. La tela de araña que ha tejido Grupo Villar Mir entre todos sus negocios ha conllevado que las réplicas de este terremoto hayan sacudido a todo el hólding, un riesgo sobre el que ya advirtió Moody’s a principios de año, mucho antes de que se filtraran las grabaciones de OHL México.

Posiblemente, el mejor ejemplo de este grado de dependencia haya sido el aluvión de ventas que ha llevado a cabo Grupo Villar Mir para poder mantenerse por encima del 50% tras la ampliación de capital de OHL: el 10% de Colonial, un 3% de Abertis, Torre Espacio, además de pequeñas ventas como un negocio de residencias de la tercera edad.

Lejos de conseguir frenar el castigo en bolsa con esta inyección de dinero, la constructora arrastra un desplome del 12% desde que empezaron a cotizar los nuevos títulos, y eso que esta operación se lanzó con un descuento del 61% respecto al precio de cotización.