ACS exige una compensación de 500 millones al Gobierno por la quiebra del AVE a Francia

Florentino Pérez le ha echado otro órdago al Gobierno de Mariano Rajoy en busca de una compensación económica similar a la que se le pagó por el gasoducto del Castor, por el que recibió 1.300 millones de euros de ayudas públicas. El presidente de ACS reclama ahora al Estado español casi 500 millones adicionales por la entrada este verano en concurso de acreedores de TP Ferro, la empresa que gestionaba la construcción y concesión del AVE entre España y Francia.

Según aseguran fuentes próximas al caso, ACS y Eifagge, el socio francés de Florentino Pérez en TP Ferro, calculan que el importe resultante estimado de la potencial indemnización por resolución anticipada del contrato de concesión asciende a 484,79 millones de euros. Una compensación que la constructora española y la francesa exigen en el caso de que la sociedad instrumental no consiga salir del concurso de acreedores y finalmente tenga que ser liquidada.

Los abogados de Florentino Pérez han hecho un análisis de cuánto debería percibir TP Ferro en el caso de que no se apruebe ninguna propuesta de convenio, lo que implicaría la resolución del contrato de concesión otorgado en 2006 por el Gobierno, en aquel entonces de José Luis Rodríguez Zapatero. Según las mismas fuentes, la anulación de la concesión implicaría que el Estado español y el francés se quedarían con la infraestructura ferroviaria, además de tener que abonar una indemnización a las constructoras por la inversión realizada.

La construcción de la línea de alta velocidad que une Barcelona y Perpignan camino de París recibió en su día una subvención de ambos estados a cargo de los fondos públicos de la Unión Europea de 636,22 millones de euros, algo más de la mitad del coste inicial del proyecto, que ascendió a 1.200 millones. El proyecto se completó con 400 millones de deuda proporcionada por BBVA, Bankia y Caixabank. En 2009, la compañía fue respaldada con 128 millones de dinero público por los retrasos en la entrada en funcionamiento del AVE, al tiempo que la concesión fue extendida por tres años más para beneficio de las constructoras.

Posteriormente, cuando ni con esas ayudas fue suficiente, ACS y Eifagge presentaron varias demandas judiciales contra España y Francia en las que les solicitaron a través de un tribunal de arbitraje una compensación de 93 millones por el menor tráfico de trenes respecto a lo previsto y por unos sobrecostes de 350 millones de euros. Un juez de Suiza sentenció que ambas empresas no tenían derecho a esas cantidades, por lo que falló a favor de los dos gobiernos.

No contento con eso, el también presidente del Real Madrid presentó una tercera demanda adicional poco después de que en abril de este año TP Ferro entrase en preconcurso de acreedores, situación que, ante la falta de acuerdo con los fondos dueños de la deuda (unos 400 millones vendidos por los bancos originales), desembocó finalmente en la suspensión de pagos posterior admitida por un juzgado de Girona en julio. Por si no fuera suficiente, TP Ferro solicitó después 100 millones de ayudas a fondo perdido para tratar de evitar la disolución de la sociedad.

No más fondos públicos

No obstante, ni los ministros de Fomento, Ana Pastor, y Hacienda, Cristóbal Montoro, han querido saber nada de las exigencias de Florentino Pérez, especialmente tras el escándalo social del gasoducto del Castor. Los 1.300 millones pagados a Florentino Pérez supondrán una subida de la factura del gas de 182 euros a cada ciudadano. Desde Fomento y Hacienda se sostiene que no habrá nuevas aportaciones públicas y que el mantenimiento del servicio del AVE no debe dañar las cuentas del Estado en términos de deuda y déficit público.

Desde el Gobierno se ignoran las exigencias de ACS, ya que en plena campaña electoral de cara al 20 de diciembre se pretende evitar cualquier decisión que represente una ayuda encubierta a una empresa del Ibex 35 presidida por un directivo al que se ha vinculado con operaciones sospechosas. Además del gasoducto del Castor, el PP fue acusado de adjudicar el hospital de Son Espasses, en Mallorca, a ACS, constructora que fue la mayor contratista durante el Gobierno del procesado Jaume Matas.

La resolución de la disputa con Pérez, al igual que el conflicto por las autopistas de peaje, se quiere demorar para la próxima legislatura para que no erosione la confianza de los ciudadanos en el PP. El problema es que el administrador concursal puede acelerar la liquidación de la sociedad si no hay dinero para que circulen los trenes en los próximos meses.