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Endesa sobrefacturó en 20 millones la tarifa de la luz a más de 400.000 andaluces
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LA JUNTA EJECUTA LAS DEVOLUCIONES EN SILENCIO

Endesa sobrefacturó en 20 millones la tarifa de la luz a más de 400.000 andaluces

La multinacional no informa a los usuarios y el Gobierno andaluz ha tardado seis años en ordenar la devolución de las cantidades cobradas en exceso

Endesa ha sobrefacturado como mínimo 20 millones de euros la tarifa eléctrica de al menos 404.000 andaluces, según cifras aportadas por la propia multinacional a este diario. Fue hace seis años cuando el ingeniero jubilado sevillano Antonio Moreno Alfaro detectó que Endesa había enviado una serie de contratos donde se modificaba la potencia (de 220 a 230 voltios entre fase y neutro) sin advertir al usuario. El gigante eléctrico cuantifica las cantidades excesivamente cobradas en una media de 50 euros por cliente, incluidos los intereses de demora. Endesa contabiliza 4,6 millones de consumidores en Andalucía.

La Junta de Andalucía no ha empezado a ordenar la devolución del dinero a los clientes hasta el 10 de marzo de 2015, a pesar de que el expediente informativo fue abierto el 19 de julio de 2011. La Dirección General de Industria, Energía y Minas del Ejecutivo andaluz no cuenta “ni con personal ni con medios informáticos necesarios para controlar la base de datos de Endesa, como reconoce la propia Junta en un escrito de 2013” y admitieron funcionarios de la Junta de Andalucía a Moreno Alfaro, de 72 años, y autor del blog www.estafaluz.com.

Fuentes oficiales de Endesa consultadas por El Confidencial explican que la sobrefacturación se constata por la reclamación del denunciante y “viene motivada por una discrepancia en la interpretación de la normativa para adaptar los contratos a las nuevas tensiones” establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) publicado en el Boletín Oficial del Estado del 18 de septiembre de 2002 y que entró en vigor justo un año más tarde. “Había una discrepancia y queríamos adaptar los contratos aprovechando las modificaciones por parte de los clientes. Esto conllevaba unos pequeños incrementos de la potencia contratada para adaptarlos a los nuevos escalones de tensión normalizados recogidos en contrato”, ratifican estas fuentes oficiales.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 14 de marzo de 2006 ya estableció la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión, pero no fue hasta el 20 de noviembre de 2009 cuando Moreno Alfaro presentó una denuncia ante la entonces directora general de Energía de la Junta de Andalucía, Eva María Vázquez Sánchez, en la que informaba de la “sobrefacturación de la potencias a los abonados con contratos anteriores al 18 de septiembre de 2003”. En ese momento, fijó la cantidad cobrada en exceso en 1,3 millones de euros al mes.

“Perjuicio económico para los usuarios”

El expediente informativo se abrió tras ser aprobada la reclamación de Moreno Alfaro y ya en la nota informativa publicada por la Junta de Andalucía el 14 de octubre de 2015, tras la resolución del expediente de discrepancia de 13 de marzo de 2015, se reconoce el “perjuicio económico para los usuarios” y que Endesa cobró estas facturas “de modo indebido”. Siguiendo órdenes de la Junta, Endesa comenzó a enviar en junio de 2015 correos electrónicos a las compañías comercializadoras solicitando información sobre un fichero adjunto que incluía el nombre de la comercializadora, código unificado del punto de suministro, número de contrato, potencia contratada original, tarifa actual, tarifa original y cantidad a devolver, antes de impuestos y sin intereses de demora.

En la resolución del 13 de marzo de 2015, publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del pasado 21 de octubre, la administración autonómica andaluza le detalla a Endesa los datos que tiene que tener en cuenta para calcular la cantidad a devolver a cada cliente: el intervalo de tiempo en el que la compañía ha incrementado la potencia contratada y el aumento real, además del precio de intervalo de potencia, el precio unitario vigente del término “potencia contratada” en la facturación, en cada periodo que corresponda del intervalo de tiempo arriba determinado, y los impuestos vigentes sobre la electricidad y sobre el valor añadido que correspondan a cada periodo. “Esta obligación se habrá de hacer efectiva para todos los consumidores afectados, con excepción de aquellos sobre los que Endesa ya haya procedido a la devolución de las cantidades en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución”.

Hay más. En escrito del 16 de enero de 2015, Moreno Alfaro había acusado a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, “por complicidad omisiva en la sobrefacturación por Endesa”. Asensio, imputada en el caso de la mina de Aznalcóllar, fue fulminada en su puesto. El ingeniero solicitaba en ese escrito de principios de este año al consejero José Sánchez Maldonado el cese de Asensio como directora general.

Así se explica Endesa: considera que los aumentos de potencia no suponen, a su juicio, un incremento de los ingresos directos de la multinacional ni de otra compañía eléctrica. “Son ingresos liquidables a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que aumentan la recaudación del sector eléctrico y se hace el reparto entre los distintos agentes intervinientes. Endesa no se queda con nada que no le corresponda. Las devoluciones que hemos hecho también son por cuenta del propio sector, no lo hace Endesa”.

Sostiene el gigante energético (con una cuota de mercado de más del 90% en Andalucía: el 98% en Sevilla y el 99% en Málaga) que las devoluciones se encuentran “prácticamente finiquitadas, ejecutadas al 97%”. La Dirección General de Energía apenas ha analizado el 10% de los clientes de Endesa Distribución en Andalucía, esto es, 460.000 de los 4,6 millones de puntos de suministros con potencia contratada inferior a 15 kW que la multinacional posee en la comunidad andaluza. “Hemos hecho un estudio previo del número de afectados. No puede ser que sean más”, precisan fuentes oficiales de Endesa, que insisten que “seguirán colaborando con la Junta de Andalucía”. “Cuando la consejería nos ha dicho adelante, pues adelante”.

Contra las “artimañas”

Moreno Alfaro, en una entrevista concedida a El Confidencial en su domicilio de Sevilla, denuncia que las devoluciones están siendo efectuadas “en el más completo silencio para evitar la alarma social que se produciría si la opinión pública supiera cuál es la artimaña utilizada para cobrar en exceso y por qué la Junta ha tardado casi seis años en ordenar a Endesa que devuelva las cantidades ilegalmente cobradas, incluidos intereses de demora”.

Endesa Distribución comunica a las distintas comercializadoras la cantidad a devolver a cada usuario y son estas las que informan a los clientes. ¿Y cómo informan las comercializadoras? Las dos de Endesa, con dos epígrafes denominados “Devolución adecuación tensión” e “Interés Demora DPAT”, y otra comercializadora especificando “Abonos” e “Intereses de demora”.

Ángel Serradilla recibió una factura el 28 de septiembre de 2015 en la que Endesa le devolvía 29,27 euros por adecuación de tensión y 5,67 euros por intereses de demora DPAT al aumentar en 0,2 (de 4,4 a 4,6 kW) la potencia contratada. “Me cambiaron los kW por la cara, yo no lo había autorizado”, critica Serradilla, ingeniero, de 68 años, que sigue trabajando como autónomo. “Endesa tiene que devolver lo que ha cobrado aplicando luz y taquígrafos. Se les tiene que aplicar la ley. La Junta no puede actuar de paripé, yo les he dicho que son los árbitros: se tienen que quitar la camiseta de Endesa. Son más defensores de Endesa que la propia Endesa”, argumenta. Según Moreno Alfaro, la cantidad cobrada en exceso a Serradilla por la adecuación de tensión es de 37,07 euros, no 29,27 euros.

Moreno Alfaro relata, en un escrito presentado el pasado 14 de octubre a la jefa de servicio de Energía de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, María Isabel González Cuenca, que en la factura remitida por Endesa Energía XXI a usuarios con derecho a devolución “no constan los datos necesarios” para que sepan cuánto dinero se les devuelve “y comprueben que las cantidades devueltas son las correctas”. El denunciante destaca cómo desde la compañía se ha incrementado “unilateralmente la potencia contratada”.

La Junta oculta el texto íntegro de la resolución

El ingeniero jubilado también remarca cómo la normativa legal (artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) establece que cuando una Resolución sea publicada, deberá contener el texto íntegro y ser publicada en un plazo máximo de diez días, contados a partir del día de emisión de la Resolución. Sin embargo, la Resolución en la que la Junta de Andalucía ordena a Endesa Distribución que devuelva las cantidades indebidamente cobradas, que fue emitida el 10 de marzo de 2015, fue publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del 21 de octubre de 2015, en la sección Anuncios y sólo de forma parcial. La parte publicada fue la Dispositiva.

“¿Sabe la Junta de Andalucía que Endesa podría negarse a cumplir la resolución, ya que esta carece de efectividad mientras no sea publicada con su texto completo?”, se pregunta Moreno Alfaro en declaraciones a este diario, que también se cuestiona si la resolución “contiene datos que el Gobierno andaluz no quiere que sean conocidos por la opinión pública”. A su juicio, la Junta “incumple las leyes de la administración pública” y “nunca podrá controlar a Endesa”.

Endesa ha sobrefacturado como mínimo 20 millones de euros la tarifa eléctrica de al menos 404.000 andaluces, según cifras aportadas por la propia multinacional a este diario. Fue hace seis años cuando el ingeniero jubilado sevillano Antonio Moreno Alfaro detectó que Endesa había enviado una serie de contratos donde se modificaba la potencia (de 220 a 230 voltios entre fase y neutro) sin advertir al usuario. El gigante eléctrico cuantifica las cantidades excesivamente cobradas en una media de 50 euros por cliente, incluidos los intereses de demora. Endesa contabiliza 4,6 millones de consumidores en Andalucía.

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