El órdago soberanista pone en jaque 92.000 millones en contratos público-privados

Es la nueva bestia negra de las concesionarias. El punto nueve del anexo de la declaración de independencia realizada este 9-N se ha convertido en una auténtica amenaza para todas las empresas que tienen firmados contratos concesionales con el Ejecutivo de Artur Mas, ya que, según recoge el citado artículo, "el futuro Gobierno [de una Cataluña independiente] impulsará la renegociación de todas las financiaciones estructuradas".

Bajo este casuístico término se esconde la velada intención de Junts Pel Sí de ganarse el favor de la CUP con la promesa de volver a nacionalizar servicios actualmente cedidos a manos privadas. Una amenaza que ha puesto en alerta a la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), institución de alcance nacional pero capitaneada por algunas de las mayores compañías catalañas, como son Abertis, Agbar y Saba, todas ellas satélites empresariales de La Caixa.

Cataluña es, probablemente, la región con mayor tradición de colaboración público-privada vía concesiones de toda España, hasta el punto de que, según las últimas cuentas generales de la Generalitat, correspondientes al ejercicio 2013, su montante total de gastos plurianuales asciende a 92.443 millones de euros.

Esta cifra, según explican expertos de la Administración catalana, es la más ajustada para analizar todos los servicios que pueden verse afectados por el polémico artículo nueve, ya que el alcance real de las concesiones abarca desde la recogida de basuras y la seguridad en edificios públicos hasta servicios sanitarios, culturales o educativos; todas ellas, competencias que las administraciones han ido cediendo a manos privadas a cambio de poder pagarlas a largo plazo.

Para hacerse una idea del alcance de esta amenaza, y del peligro que cualquier actuación en contra puede generar en la economía catalana la renegociación de estos contratos, basta señalar que 92.443 millones equivalen a tres veces las prestaciones por desempleo de toda España, o a una décima parte de toda la riqueza nacional (PIB).

Los servicios públicos, amenazados

Estas dimensiones son, precisamente, las que han llevado a CCIES a invitar a todos los miembros del Parlamento de Cataluña a hacer una reflexión moderada sobre las nefastas consecuencias que puede tener para la región esta idea, propuesta que, en la práctica, supondría una revisión de la deuda ligada a todo tipo de servicios públicos y, por tanto, cuya cobertura podría verse seriamente amenazada.

Según advirtió ayer la Cámara, en caso de llegar a aplicarse el punto nueve, Cataluña se enfrentaría a una judicialización de estos contratos, además de al cierre del acceso a la financiación internacional, por la inseguridad jurídica desatada, y a un gran desprestigio de "duración inimaginable", señaló CCIES en su escrito.

Aunque en el imaginario colectivo catalán tienden a identificarse los contratos de colaboración público-privada con polémicas como los peajes de las autopistas de la región o la privatización de los servicios de agua, la realidad es que estos tienen un alcance mucho mayor y afectan prácticamente a todos los ámbitos de la vida ciudadana.